Por. J. Jesús Lemus
El conflicto diplomático en torno a la detención e Ismael El Mayo Zambada García y Joaquín Guzmán López ha escalado a un nuevo nivel de confrontación verbal e institucional entre el Gobierno de México y el exembajador de los Estados Unidos, Ken Salazar.
La controversia cobró fuerza tras los señalamientos de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien cuestionó públicamente la veracidad de los informes entregados por el exdiplomático, sugiriendo de manera directa que Salazar mintió al gobierno mexicano respecto a la no intervención de agencias estadounidenses en el traslado y captura de los capos ocurrida el 25 de julio de 2024.
La acusación de la mandataria mexicana se fundamenta en recientes revelaciones periodísticas y reportes que apuntan a que la aeronave utilizada en el traslado quedó bajo control del Buró Federal de Investigaciones, el FBI, e incluso se proyectó su exhibición en un museo de Texas.
Ante esto, Sheinbaum cuestionó quién mintió al Estado mexicano y advirtió que, de confirmarse una operación unilateral o pactos con la delincuencia organizada al margen de la ley, se estarían vulnerando tratados internacionales y la propia Constitución mexicana.
A este reclamo se sumó la Fiscalía General de la República, a través de su titular Ernestina Godoy Ramos, quien reprochó al exembajador conducirse con falsedad, señalando el hecho como una transgresión al principio de buena fe en la diplomacia.
Frente a este escenario de alta presión política, Ken Salazar fijó una postura firme y de rechazo absoluto a los señalamientos de haber falsificado información.
A través de una respuesta pública directa dirigida a la interrogante de la presidenta Sheinbaum sobre quién dice la verdad, el exfuncionario estadounidense utilizó sus canales oficiales para ratificar la postura que la administración norteamericana sostuvo desde las primeras horas del incidente.
Salazar afirmó de manera tajante que la verdad es la verdad, una frase que empleó tanto en español como en inglés para enfatizar la consistencia de su testimonio.
En su argumentación oficial, el exembajador aclaró que tanto él como el entonces fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, mantuvieron una comunicación clara, directa y transparente con las autoridades mexicanas durante los días 25 y 26 de julio de 2024, inmediatamente después de que se suscitaran las detenciones en territorio estadounidense.
La defensa de Salazar se concentra en desvincular por completo al gobierno de su país de la logística inicial del vuelo que transportó a los líderes del Cártel de Sinaloa hacia un aeródromo en Nuevo México.
El exembajador reiteró que la postura oficial transmitida a México desde el primer momento especifica de forma nítida tres condiciones:
A) que no se trataba de un avión propiedad del gobierno de los Estados Unidos.
B) que el piloto a cargo de la aeronave no era un agente estadounidense.
C) que la ejecución del traslado no formaba parte de una operación diseñada u orquestada por las agencias de su país.
Asimismo, el exdiplomático ha recurrido al contenido de sus memorias oficiales, tituladas “Borderlands: My Fight for an Inclusive America”, para respaldar su narrativa histórica de los hechos.
Específicamente en el capítulo denominado La Puerta se Cierra, Salazar sostiene que las autoridades norteamericanas fueron tomadas por sorpresa por el arribo de la aeronave y que ningún funcionario de su nación poseía conocimiento previo sobre el plan de traslado o el presunto secuestro de Ismael Zambada a manos de Joaquín Guzmán López.
Con esta relatoría, el exembajador busca contrarrestar las sospechas de una intervención unilateral del FBI o de cualquier otra agencia de seguridad en suelo mexicano, manteniendo la línea de que la captura en territorio estadounidense fue el desenlace imprevisto de una disputa interna entre facciones delictivas y no el resultado de una infiltración u operación encubierta planeada por Washington que violara la soberanía de México.
