Por. J. Jesús Lemus
La mañana de este jueves, en el municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, la realidad más cruda de nuestro país volvió a cobrar el costo más alto. Josué Martínez Contreras, un hombre de 39 años que repartía sus días entre el aula escolar como maestro, el litigio como abogado recién graduado y la dirección del portal digital Noticias San Martín Texmelucan, fue asesinado a balazos a unos metros de su propio hogar.
La tragedia no solo radica en la pérdida de una vida dedicada al servicio de su comunidad, sino en la brutalidad del escenario. El ataque ocurrió minutos después de las ocho de la mañana en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. Josué caminaba por la calle Leona Vicario cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron y abrieron fuego en su contra en al menos seis ocasiones.
El ensañamiento fue atestiguado por su hijo de apenas 13 años, quien en un acto de desesperación total llamó al número de emergencias para intentar salvar a su padre, reportando que el comunicador yacía herido en el asfalto. Cuando la ayuda médica y los elementos de seguridad llegaron al lugar, Josué ya no tenía signos vitales; su cuerpo presentaba múltiples impactos en el tórax y el abdomen.
El perfil de un líder comunitario
Conocido afectuosamente en su región como El Jaguar o Josué Mac, Martínez Contreras no encajaba en el molde del periodista de escritorio. Su labor informativa en redes sociales, donde contaba con un sólido número de seguidores, se nutría de su contacto directo con la gente. El pasado 30 de mayo compartía con orgullo en su perfil personal la culminación de sus estudios en Derecho, un escalón más en su búsqueda por defender las causas justas en su localidad.
Además, Josué fue el fundador de CRE-Arte, una asociación civil enfocada en llevar apoyos sociales, despensas y actividades culturales a las zonas más vulnerables de Texmelucan. Su voz también se hacía escuchar en la arena política local, donde apoyaba proyectos independientes y señalaba con insistencia las fallas en el tejido social.
Hoy, ese micrófono comunitario ha quedado mudo. La Fiscalía General del Estado de Puebla ha iniciado las investigaciones pertinentes, enfrentando la enorme presión social de esclarecer si este atentado directo se vincula estrechamente con su labor periodística de denuncia de la violencia local o con su activismo.
San Martín Texmelucan: El epicentro de la zozobra
Para entender el asesinato de Josué Martínez, es obligatorio mirar el entorno geográfico y social en el que se movía. San Martín Texmelucan es un municipio estratégico, colindante con el estado de Tlaxcala y cercano a la Ciudad de México, atravesado por rutas comerciales cruciales. Sin embargo, esta ubicación privilegiada lo ha convertido en un territorio sumamente disputado por células delictivas dedicadas al robo de combustible, el asalto a transporte de carga con violencia y la extorsión comercial.
Ejercer el periodismo local en estas zonas de fricción constante es caminar sobre una cuerda floja. Los reporteros de medios regionales, a menudo autogestivos y con nulos recursos para costear esquemas de seguridad privada, se convierten en los narradores de una guerra silenciosa. Informar sobre un enfrentamiento, reportar un robo o simplemente evidenciar la inacción de las autoridades locales coloca a estos comunicadores en la mira directa de quienes controlan el territorio con impunidad de facto.
La insostenible cifra de la violencia contra la prensa en México
México sigue ostentando el deshonroso título de ser uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo sin estar formalmente en un estado de guerra. El asesinato de Josué Martínez no es un hecho aislado, sino el eslabón más reciente de una cadena de agresiones letales que se ha extendido a lo largo de este año.
En lo que va de este año, la violencia contra la prensa ha cobrado ya varias vidas de forma directa en el territorio nacional. El mapa del riesgo es amplio y doloroso:
El año comenzó con el asesinato de Carlos Leonardo Ramírez Castro el 8 de enero en Poza Rica, Veracruz. Dedicado a la cobertura de seguridad bajo su propio medio Código Norte, Carlos ya había denunciado intimidaciones policiacas el año anterior y contaba con medidas de protección temporales que lamentablemente vencieron o dejaron de aplicarse antes de que dos sujetos en motocicleta lo acribillaran en un negocio local.
Meses después, el 11 de junio, la tragedia volvió a ensañarse con el estado de Veracruz cuando Luis Ángel López Valdés, reportero del portal Vanguardia de Veracruz, fue asesinado a tiros en la misma ciudad de Poza Rica. Luis Ángel, quien además de comunicador se desempeñaba como subdelegado de la organización de auxilio médico Cruz Ámbar, fue atacado de madrugada poco después de haber transmitido en vivo la cobertura de una desaparición forzada en su localidad.
Apenas unas semanas atrás, el 22 de junio, el periodista independiente Manuel Alejandro Moreno Serna, conocido en Guerrero como Alex Serna, fue privado de la libertad y su cuerpo sin vida localizado días después en el municipio de Petatlán. Alex Serna utilizaba sus plataformas digitales para dar seguimiento a temas de enorme sensibilidad social como la degradación ambiental, presuntos actos de corrupción de autoridades locales y proyectos de desarrollo ilegal en la costa de Guerrero, coberturas por las cuales había recibido reiteradas amenazas de muerte.
El grito que exige justicia
Las cifras oficiales y el monitoreo de organizaciones civiles defensoras de la libertad de expresión nos recuerdan que, detrás de cada estadística, hay familias rotas, redacciones censuradas por el miedo y comunidades enteras que se quedan a oscuras, sin nadie que cuente sus historias ni denuncie sus dolores.
La muerte de Josué Martínez Contreras frente a los ojos de su hijo es un recordatorio urgente de que los mecanismos de protección actuales siguen siendo insuficientes ante la velocidad y el descaro con el que opera el crimen organizado. Mientras las investigaciones en Puebla apenas comienzan, la exigencia del gremio periodístico nacional se mantiene firme: no permitir que el expediente de El Jaguar pase a formar parte del inmenso archivo de impunidad que impera en los crímenes contra la prensa en México.
