Por. J. Jesús Lemus
El caso de Rubén Rocha Moya representa uno de los episodios políticos y judiciales más complejos en la historia reciente del estado de Sinaloa. La secuela de acontecimientos se remonta a los señalamientos iniciales por sus presuntos vínculos con la facción de “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa y culmina con un efímero retorno a la gubernatura que duró apenas un día.
El origen del conflicto comenzó a gestarse tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024, evento en el cual fue asesinado el político Héctor Melesio Cuén Ojeda. Carta pública de por medio, el propio Zambada sostuvo que la cita en la que fue emboscado había sido pactada con la mediación de Rocha Moya.
Aunque en un inicio el gobernador negó categóricamente las acusaciones argumentando encontrarse fuera del país en ese momento, la presión legal aumentó cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó señalamientos formales en su contra por presunto narcotráfico y conspiración vinculada a “Los Chapitos”.
Ante el embate internacional y la solicitud de captura emitida por autoridades estadounidenses, Rocha Moya presentó a inicios de mayo de 2026 su primera solicitud de licencia temporal al cargo ante el Congreso de Sinaloa.
Su separación del puesto tuvo como fin ponerse a disposición de las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) mexicana, buscando con ello contener la crisis política.
Durante las primeras etapas del escándalo, la postura institucional de la autodenominada Cuarta Transformación fue de respaldo absoluto. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantuvo una férrea defensa pública apelando a la presunción de inocencia y calificando los señalamientos procedentes de Estados Unidos como embates políticos contra su proyecto de gobierno.
Paralelamente, las y los gobernadores emanados del partido Morena emitieron posicionamientos en los que cerraron filas en torno al mandatario sinaloense, denunciando una supuesta injerencia externa e intencionalidad electoral por parte de sectores de la derecha.
Tras permanecer 112 días separado de sus funciones, la mañana del 21 de agosto de 2026 Rocha Moya anunció sorpresivamente su reincorporación como Gobernador Constitucional de Sinaloa. Argumentó que la FGR no había encontrado elementos suficientes para proceder penalmente en su contra dentro de la jurisdicción mexicana. Sin embargo, esta decisión no contó con el aval político ni institucional del Gobierno Federal.
Apenas unas horas después de su anuncio, la Secretaría de Gobernación y la dirigencia nacional de Morena se deslindaron categóricamente de su regreso. La presidenta Sheinbaum envió un contundente mensaje señalando que ningún interés personal o proyecto individual puede colocarse por encima de la Nación y de la transformación del país.
El aislamiento se consumó cuando el bloque de gobernadores de Morena retiró su apoyo inicial y emitió una postura conjunta llamando al distanciamiento institucional bajo la máxima de que “el movimiento es primero”.
Ante la pérdida de la cobija política de la 4T y la postura firme del Ejecutivo Federal, el efímero retorno de Rocha Moya duró poco más de 24 horas.
El 22 de agosto de 2026, el mandatario dio marcha atrás y remitió una nueva carta al Congreso del Estado solicitando licencia temporal con carácter indefinido por más de treinta días. En sus canales oficiales, el propio Rocha admitió que se retiraba entendiendo que el proyecto político y la estabilidad del estado debían estar por encima de sus aspiraciones de mantenerse en el poder.
Con la separación definitiva del cargo y la consecuente pérdida progresiva del respaldo de las instituciones mexicanas, la situación jurídica de Rocha Moya queda expuesta a la vía internacional.
Dado que las acusaciones en el Departamento de Justicia de Estados Unidos continúan vigentes por delitos de narcotráfico y tráfico de armas, y ante la eventual solicitud de extradición formal o reactivación de una orden de detención por parte del gobierno estadounidense, el exgobernador enfrentará el proceso judicial sin la protección política que en su momento le brindó el oficialismo.
