Por. J. Jesús Lemus
El ejercicio del poder y la administración de los fondos públicos en el Poder Legislativo mexicano atraviesan por un periodo de profunda secrecía institucional. Pese al discurso recurrente que enarbola la austeridad y la transparencia como pilares de la gestión pública, la actuación contable y administrativa en ambas cámaras del Congreso de la Unión contradice estas banderas políticas.
Las bancadas mayoritarias y sus figuras más visibles han bloqueado sistemáticamente los mecanismos que permiten a la ciudadanía auditar el destino del dinero ejercido en sus actividades diarias, representando un retroceso sustancial respecto a los estándares de rendición de cuentas construidos en los últimos doce años.
En el Senado de la República se ha consolidado una parálisis informativa sin precedentes en la publicación de los costos correspondientes a viajes, viáticos, comisiones e infraestructura operativa.
La opacidad alcanzó un punto de inflexión con la determinación explícita del propio órgano legislativo de clasificar y reservar por un periodo de cinco años toda la información financiera, contable y contractual generada durante el ejercicio de Gerardo Fernández Noroña al frente de la Presidencia de la Mesa Directiva del Senado.
Esta medida impidió el acceso público a los expedientes relacionados con sus giras, traslados, eventos institucionales y contrataciones, bajo el argumento recurrente de no interferir en procedimientos de fiscalización en curso.
A la par, el manejo administrativo bajo la coordinación de Adán Augusto López Hernández ha derivado en la interrupción en el flujo de actualización de las obligaciones de transparencia.
Diversas investigaciones periodísticas sobre el portal del Senado revelan que desde mediados de dos mil veinticinco se detuvo la publicación trimestral de los desgloses de boletos de avión, asignaciones a comisiones y representación legislativa, borrando de la vista pública el monto final desembolsado en viajes nacionales e internacionales por parte de los senadores de la bancada oficialista.
Una dinámica de discrecionalidad contable similar prevalece en la Cámara de Diputados respecto a los recursos financieros administrados por Ricardo Monreal Ávila como coordinador del grupo parlamentario de Morena.
En San Lázaro, el manejo del presupuesto se apoya en vacíos normativos históricos que regulan las denominadas subvenciones parlamentarias ordinarias y extraordinarias. Estos fondos, que ascienden a bolsas de cientos de millones de pesos entregadas directamente a la bancada mayoritaria, son ejercidos en la práctica de forma totalmente opaca, pues la legislación interna no exige la entrega pública de comprobantes fiscales ni la publicación detallada de facturas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Las erogaciones destinadas a tareas como asesoría técnica, apoyo a la gestión social, logística territorial e informes de labores de los diputados oficialistas permanecen blindadas sin que la sociedad o los órganos civiles de control fiscalización puedan conocer en qué ni cómo se gasta.
La disparidad entre la retórica de erradicación de privilegios y la opacidad sistemática exhibe un modelo de opacidad en el núcleo duro de los liderazgos parlamentarios del movimiento gobernante.
Mientras en las tribunas legislativas se promulga el principio de total apertura informativa hacia la población, en los hechos los mecanismos institucionales han servido para consolidar una protección contable que imposibilita el rastreo del gasto.
La reserva prolongada de expedientes, el desacato en la entrega periódica de informes de viaje y la discrecionalidad en las asignaciones presupuestales de las bancadas limitan el periodismo de investigación, debilitan el contrapeso ciudadano sobre el gasto del Congreso y perpetúan vicios de opacidad presupuestal en las finanzas de las instituciones parlamentarias mexicanas.
