Por. J. Jesús Lemus
El proyecto del sistema de transporte masivo en la capital michoacana, denominado Morebús, ha generado una profunda fractura social e institucional. Lo que fue anunciado como una modernización del transporte público para dar servicio al poniente de la ciudad, terminó por detonar una ola de indignación ciudadana, recursos legales y un fuerte cuestionamiento sobre las verdaderas motivaciones económicas tras su ejecución.
El interés económico del Ejecutivo estatal gravita en torno a la captura y administración de un presupuesto millonario de infraestructura, así como en la reestructuración financiera de las concesiones del transporte.
La primera etapa contempla una inversión de 2 mil 900 millones de pesos, financiada con una mezcla de recursos federales del Fonadin-Banobras y fondos estatales. El trasfondo financiero radica en centralizar el recaudo del pasaje.
Históricamente, el cobro diario ha sido controlado por concesionarios locales de combis y camiones urbanos. Con el nuevo esquema, el recaudo pasa a fideicomisos bancarios administrados por el Estado y empresas concesionarias privadas que operarán las rutas del camión articulado.
Esto permite la venta de concesiones a gran escala, la licitación de sistemas de cobro electrónico, la venta de publicidad institucional y la adjudicación de obra civil de gran volumen.
En torno a los intereses empresariales y de adjudicación, la estructuración del Morebús ha generado serios señalamientos por opacidad. El modelo contempla la entrega de contratos a constructoras y desarrolladoras de infraestructura urbana que administran el carril confinado, la repavimentación y la edificación de terminales y paraderos.
Paralelamente, se beneficia a los consorcios de fabricantes de autobuses urbanos y a las empresas de tecnología que proveen validadores y tarjetas de peaje.
En la infraestructura pública de Michoacán, las empresas adjudicatarias suelen concentrar diversos frentes de obra estatal, participando activamente en proyectos viales de la capital como los pasos a desnivel, distribuidores viales del periférico y modernización de accesos carreteros en el interior del estado.
Estos grupos empresariales aseguran contratos millonarios de obra pública mediante licitaciones públicas estructuradas con requisitos que limitan la participación de pequeñas empresas locales.
Una crisis ambiental en puerta
El conflicto escaló a una crisis ambiental y social debido al derribo y deforestación masiva de la traza urbana. Para habilitar el carril exclusivo, las autoridades determinaron la tala de aproximadamente 613 árboles maduros en zonas emblemáticas como la vialidad de Tres Puentes y la avenida Lázaro Cárdenas.
Colectivos ecologistas, ambientalistas y vecinos de la zona denunciaron la falta de una Manifestación de Impacto Ambiental transparente y la pérdida irrecuperable de la cobertura vegetal, la cual albergaba especies locales y funcionaba como barrera contra el aumento de temperatura urbana.
El anuncio gubernamental de sustituir estos árboles por miles de especies en la periferia de la ciudad fue catalogado como una compensación insuficiente, pues un árbol joven plantado fuera del área urbana no suple el servicio ambiental inmediato de un árbol adulto derribado en las avenidas habitadas.
Esta intervención derivó en un movimiento de molestia social caracterizado por protestas directas, marchas, bloqueos viales, peticiones en plataformas digitales y la colocación de un plantón permanente por parte de los ciudadanos para impedir el paso de la maquinaria.
La indignación creció tras reportarse operativos nocturnos para el derribo de vegetación y el despliegue de elementos de seguridad en torno a las obras.
Como medida de contención legal, los inconformes interpusieron juicios de amparo ante el Poder Judicial de la Federación para exigir la suspensión inmediata de las obras y demandar una consulta ciudadana amplia.
Mientras el gobierno defiende que la obra cuenta con blindaje legal y la normatividad al día, la percepción pública prevaleciente es que se ha privilegiado un negocio de infraestructura por encima del patrimonio natural y del consenso con los habitantes de Morelia.
