Por. J. Jesús Lemus
El señalamiento sobre la colusión entre el poder político mexicano y el crimen organizado representa uno de los temas más delicados en la agenda de seguridad bilateral con Estados Unidos.
Las posturas de funcionarios del Departamento de Justicia y la Administración de Control de Drogas, conocida como la DEA por sus siglas en inglés, han sostenido una narrativa crítica sobre el alcance del narcotráfico dentro de las instituciones gubernamentales de México.
La perspectiva planteada por Terrance Cole, director de la DEA, se alinea con una postura histórica de la agencia antidrogas que sostiene la existencia de una relación simbiótica entre grupos delictivos y actores del ámbito político.
Cole ha afirmado que las estructuras del narcotráfico en México operan con un grado de protección institucional que facilita la producción, tráfico y distribución de drogas hacia el mercado estadounidense. Bajo su perspectiva, las organizaciones criminales no funcionan como entes al margen del Estado de manera aislada, sino que aprovechan redes de corrupción entrenched en distintos niveles de gobierno para garantizar la impunidad de sus operaciones, el control territorial y el lavado de dinero.
Esta visión fundamenta la exigencia de Washington para que las autoridades mexicanas actúen de manera más contundente contra los liderazgos políticos y policiales que presuntamente protegen a los cárteles.
La narrativa impulsada desde la DEA insiste en que el problema del tráfico de drogas sintéticas, en particular los opioides como el fentanilo, no puede resolverse únicamente combatiendo la logística del crimen, sino desmontando la red de contubernio con funcionarios corruptos.
Para comprender el trasfondo de estas declaraciones, resulta necesario analizar la evolución del concepto de narcoestado utilizado por diversos sectores del gobierno norteamericano para calificar la situación mexicana.
Desde finales del siglo pasado, agencias de inteligencia y miembros del Congreso en Washington han utilizado la categoría de estado capturado o narcoestado para describir escenarios donde las instituciones públicas quedan subordinadas a los intereses de las organizaciones criminales.
A lo largo de las últimas décadas, el señalamiento estadounidense se ha alimentado de procesos judiciales de alto perfil tramitados en cortes de Estados Unidos. Un hito decisivo en esta percepción fue el juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, procesado por conspiración de narcotráfico al haber recibido millonarios sobornos para brindar protección al Cártel de Sinaloa.
Casos como este, sumados a las acusaciones contra exgobernadores y comandantes policiales, sirvieron como evidencia en el discurso político y legal norteamericano para argumentar que la penetración del narcotráfico alcanzó las esferas más altas de la seguridad nacional.
Sin embargo, el uso del término narcoestado por parte de Estados Unidos ha sido complejo y cambiante. Mientras que agencias como la DEA o sectores del Congreso norteamericano suelen inclinarse por señalar la complicidad institucional masiva, el Departamento de Estado y la Casa Blanca han adoptado en diversos periodos un tono más diplomático.
Esta diferencia responde a la necesidad de mantener la cooperación operativa en materia de fronteras, comercio y migración. Cuando las tensiones se incrementan debido a crisis de salud pública por sobredosis en territorio estadounidense, la presión diplomática aumenta y los informes norteamericanos enfatizan la inacción o el presunto contubernio de las autoridades mexicanas.
El gobierno de México ha rechazado categóricamente la caracterización del país como un narcoestado o las acusaciones de colusión sistemática, calificándolas de injerencistas y contrarias al respeto a la soberanía nacional.
Desde la perspectiva oficial mexicana, las declaraciones de funcionarios estadounidenses suelen responder a dinámicas políticas internas de Washington o a intentos de imponer la agenda de seguridad de la DEA sin considerar las causas sociales del consumo ni la responsabilidad de Estados Unidos en el tráfico ilegal de armas hacia territorio mexicano.
A pesar de estas fricciones, ambos países mantienen esquemas de trabajo conjunto donde convergen el intercambio de inteligencia militar y la coordinación policial, operando en una constante tensión entre la acusación de corrupción y la necesidad de cooperación bilateral.
