Por. J. Jesús Lemus
Las investigaciones judiciales y los informes del Departamento de Justicia de Estados Unidos han comenzado a perfilar un entramado complejo de narcopolítica en México, donde el financiamiento de campañas electorales mediante recursos ilícitos se ha convertido en una pieza clave para entender el control territorial de los cárteles.
Durante mucho tiempo se consideró que los pactos entre la política y el crimen organizado se daban únicamente en el ámbito de las administraciones locales o municipales.
Sin embargo, el avance de expedientes y acusaciones formales en cortes norteamericanas sugiere una estructura mucho más amplia y articulada, en la que el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, representa únicamente la punta del témpano de una dinámica de corrupción sistémica que involucra a múltiples mandos estatales en el país.
El modelo de financiamiento ilícito ha evolucionado significativamente en los últimos años. Ya no se trata únicamente de los maletines de efectivo provenientes del tráfico de drogas tradicional hacia el norte, sino de un esquema diversificado que incluye de manera primordial el contrabando y robo de hidrocarburos, conocido popularmente como huachicol, así como las aportaciones directas del Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa.
El huachicol en particular se convirtió en la caja chica ideal para operaciones electorales debido al inmenso flujo de dinero en efectivo que genera a diario y a la dificultad de rastrear sus utilidades cuando ingresan al sistema financiero informal.
De acuerdo con las carpetas de investigación que se integran en agencias de inteligencia de Estados Unidos, estas estructuras inyectaron recursos masivos a varias campañas a la gubernatura con el propósito explícito de comprar impunidad previa, garantizar la designación de mandos policiales afines y asegurar la libre circulación de sus cargamentos y combustibles robados por las carreteras nacionales.
Rubén Rocha Moya, solo un niño de pecho
En ese contexto, la situación de Rubén Rocha Moya sirvió para romper el cerrojo institucional. Las acusaciones formales presentadas en cortes federales estadounidenses contra el mandatario sinaloense por presunta colusión con facciones del crimen organizado encendieron las alarmas sobre el alcance real de estos señalamientos.
El expediente de Rocha Moya demostró que los fiscales estadounidenses cuentan con testimonios de cooperantes, soplones de alto nivel y escuchas telefónicas que detallan cómo los acuerdos de financiamiento no fueron hechos aislados, sino verdaderas alianzas estratégicas para tomar el control de gobiernos estatales. El impacto del caso sinaloense ha llevado a las agencias estadounidenses a desempolvar y acelerar otras investigaciones en curso que involucran a mandatarios en funciones de diversos puntos geográficos del país.
Alfredo Ramírez y el CJNG
Entre los nombres que han trascendido en los informes de inteligencia y señalamientos de fiscales norteamericanos se encuentra Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán. La entidad que gobierna representa un punto neurálgico para el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control del puerto de Lázaro Cárdenas y las rutas del Pacífico.
Las indagatorias apuntan a que durante la contienda de 2021 operó una red de financiamiento y presión electoral orquestada por células delictivas locales vinculadas a la estructura mayor del Cártel Jalisco Nueva Generación. En las carpetas norteamericanas se indaga la inyección de recursos no fiscalizados para la logística de campaña, transporte y movilización de votantes a cambio de permitir la desarticulación de la presencia de las fuerzas federales en zonas de conflicto estratégico como Tierra Caliente.
Indira Vizcaíno, la entrega del puerto
De forma similar aparece el expediente referente a Colima y la gobernadora Indira Vizcaíno. Esta entidad alberga el puerto de Manzanillo, la aduana de mayor volumen de carga en el país y el principal punto de entrada para los precursores químicos del fentanilo, así como para el desembarco de combustibles ilícitos.
Las investigaciones en Estados Unidos analizan la infiltración del financiamiento del huachicol marítimo y terrestre en el aparato político estatal. Se documenta la presunta complicidad de mandos operativos para permitir la descarga y distribución de gasolina robada sin pagar impuestos a la Hacienda pública, desviando una fracción sustancial de esas ganancias directamente a la cobertura de gastos proselitistas que superaron por mucho los topes legales de campaña.
Lorena Cuellar, quietecita y operando
Por otro lado, los registros de inteligencia han puesto la mira en la zona centro del país a través del expediente de Lorena Cuéllar en Tlaxcala. A pesar de ser una entidad geográficamente pequeña, Tlaxcala es un corredor crítico para el trasiego de mercancías, huachicol y trata de personas en la ruta hacia el Golfo y el centro del territorio nacional.
En las investigaciones federales de Estados Unidos se desglosan redes de complicidad donde grupos dedicados a la ordeña de ductos de Petróleos Mexicanos habrían triangulado fondos mediante supuestas donaciones de empresarios fachada para patrocinar la infraestructura electoral local, a cambio de garantizar zonas libres de patrullaje y la protección de bodegas de almacenamiento ilegal de combustible.
Libia Denisse y el Huachicol
La atención norteamericana también alcanza a administraciones de oposición, como se observa en los rastreos vinculados a la campaña de Libia Denisse García en Guanajuato. La entidad guanajuatense ha sido durante casi una década el epicentro de la sangrienta disputa por el control del huachicol y el narcomenudeo entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y grupos locales.
Las carpetas de investigación estadounidenses examinan cómo la permeabilidad del dinero sucio en la política regional no responde a un solo partido político, sino a la pragmática necesidad de las organizaciones criminales de comprar protección en todos los frentes posibles.
Se indaga el flujo de recursos provenientes de distribuidores ilegales de combustible para financiar estructuras locales y garantizar la permanencia de un modelo de seguridad omiso ante el tráfico ilegal de hidrocarburos a gran escala en los corredores industriales del estado.
El panorama revelado por estos expedientes muestra que la inyección de capital delictivo en los procesos electorales de México no fue una anomalía, sino una metodología consolidada de expansión territorial del crimen organizado. El uso cruzado de las ganancias del huachicol y la capacidad operativa del Cártel Jalisco Nueva Generación permitió a estos grupos criminales pasar de la extorsión simple a la coparticipación indirecta en el poder político estatal.
Las investigaciones internacionales señalan que el colapso institucional visto en Sinaloa con el expediente de Rocha Moya es apenas el primer capítulo de una serie de imputaciones que buscan desarticular no solo a los capos de la droga, sino al brazo político que les ha garantizado impunidad y permanencia desde las gubernaturas estatales
