Por. J. Jesús Lemus
Fuentes del Departamento del Tesoro del gobierno de Estados Unidos han filtrado que la administración del presidente Trump tomó la decisión de congelar una serie de cuentas bancarias y activos que son propiedad de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle.
La decisión del congelamiento del dinero propiedad de la gobernadora y de su círculo familiar primario tendría relación con el programa oficial de control de bienes para el lavado de dinero, según se dio a conocer por fuentes extraoficiales del gobierno norteamericano.
Norma Rocío Nahle García, la gobernadora de Veracruz, ha calificado estas versiones como especulaciones y ha afirmado categóricamente que no posee ni ha poseído productos financieros ni cuentas bancarias en el extranjero o en territorio estadounidense.
Sin embargo, la realidad es otra. Existe evidencia que demuestra en el papel que la señora gobernadora de Veracruz tiene una serie de cuentas bancarias con fondos millonarios, que se no se pueden explicar con base en los ingresos económicos que ha tenido Rocío Nahle como secretaria de Energía y como misma gobernadora.
¿Quién es Rocío Nahle?
Rocío Nahle García es ingeniera química de profesión, egresada de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con especialización en procesos petroquímicos. Desarrolló su carrera profesional en Petróleos Mexicanos (PEMEX) en complejos como Olmeca, Morelos y Pajaritos.
Posteriormente se integró activamente a la vida política como diputada federal, coordinadora del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados y senadora por el estado de Veracruz, para luego desempeñarse como titular de la Secretaría de Energía (SENER) durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, cargo que ocupó hasta finales de 2023 cuando solicitó su separación para contender por la gubernatura de Veracruz.
El escrutinio sobre el patrimonio de Nahle y su entorno familiar cobró fuerza principalmente durante su gestión al frente de la SENER. Como encargada directa del proyecto emblemático de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, enfrentó constantes señalamientos por los sobrecostos de la obra.
El presupuesto inicial estimado rondaba los 8,000 millones de dólares, pero la inversión total terminó superando los 20,000 millones de dólares. Alrededor del desarrollo del complejo se generaron diversos cuestionamientos e investigaciones periodísticas en torno a los contratos adjudicados a empresas contratistas.
Durante el proceso electoral de 2024, la oposición política y diversos medios de comunicación presentaron denuncias públicas y ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Los señalamientos se enfocaron en un conjunto de bienes inmuebles de alto valor ubicados en fraccionamientos exclusivos de Veracruz y Tabasco, así como propiedades atribuidas a su cónyuge, José Luis Peña, y a otros familiares cercanos.
A pesar de las denuncias presentadas ante las instancias correspondientes en México y las versiones sobre supuestos paraísos fiscales o indagatorias en Estados Unidos, la gobernadora sostiene que sus declaraciones patrimoniales ante la Secretaría de la Función Pública están completas, transparentadas conforme a la ley y que los bienes declarados corresponden con sus ingresos percibidos en la función pública y la trayectoria laboral de su familia.
Hasta el momento, las autoridades hacendarias y judiciales mexicanas y extranjeras no han hecho pública ninguna investigación con la que hayan asegurado valores o propiedades en el extranjero pertenecientes a la funcionaria.
