Por. J. Jesús Lemus
El debate sobre el alcance y la influencia de las organizaciones del narcotráfico en las estructuras gubernamentales de México ha dejado de ser una discusión puramente académica para convertirse en uno de los ejes centrales de la política exterior de la administración del presidente Donald Trump. La narrativa de que en México opera lo que en términos de ciencia política y criminología estratégica se califica como un “narcoestado” o una “gobernanza criminal entrelazada” responde a un diagnóstico fundamentado en investigaciones judiciales, reportes de inteligencia militar y testimonios recabados por organismos de seguridad en ambos lados de la frontera.
Aquí, a detalle, diez razones que explican por qué la perspectiva de Washington sostiene que el crimen organizado coordina, influye y condiciona de manera determinante la toma de decisiones institucionales en el territorio mexicano.
Sinaloa: Los casos de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza
Para la narrativa de la Casa Blanca y las agencias federales estadounidenses como la DEA y el Departamento de Justicia, el estado de Sinaloa representa el ejemplo paradigmático del colapso de la frontera entre la autoridad civil y el crimen organizado. El hito que consolidó esta postura ante la diplomacia internacional ocurrió a mediados de 2024, tras la detención en territorio estadounidense de Ismael “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López. La divulgación de una carta firmada por Zambada reveló que la reunión en la que fue privado de la libertad había sido convocada bajo el pretexto de arbitrar una disputa política local entre el gobernador en funciones, Rubén Rocha Moya, y el exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Héctor Melesio Cuén.
La mención directa del titular del Ejecutivo estatal en un documento emitido por la figura histórica más prominente del Cartel de Sinaloa reforzó las tesis sobre un pacto de gobernabilidad en la entidad. Investigaciones e informes de inteligencia estadounidenses sostienen que este acuerdo trascendió la mera convivencia omisa, articulando respaldo logístico y territorial a favor de facciones delictivas durante los procesos electorales.
El escenario se profundizó con el señalamiento judicial hacia el senador Enrique Inzunza Cázares, cercano colaborador del grupo político sinaloense y exsecretario general de Gobierno. Inzunza ha sido objeto de señalamientos y solicitudes de investigación en expedientes internacionales por la presunta filtración de información sensible de seguridad institucional y el uso del aparato judicial del estado para blindar a liderazgos del grupo criminal. Para el equipo del presidente Trump, la permanencia de actores políticos con tales imputaciones dentro del Senado de la República evidencia la incapacidad o la falta de voluntad del sistema político mexicano para purgar a los mandos comprometidos con el narcotráfico.
El entramado del “huachicol fiscal” y las redes de Adán Augusto
La segunda razón que sostiene la postura de Washington radica en la evolución del narcotráfico tradicional hacia esquemas de defraudación fiscal a gran escala, conocidos como el “huachicol fiscal”, donde el crimen organizado asume el control del comercio ilegal de hidrocarburos e invade las estructuras aduanales y de seguridad pública. El foco de la atención estadounidense en este ámbito recae sobre el entramado político desplegado durante la gestión del exgobernador de Tabasco y exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández.
Expedientes judiciales derivados de testimonios protegidos e investigaciones de la Fiscalía General de la República han documentado cómo estructuras de seguridad nombradas durante la administración de López Hernández en Tabasco entablaron vínculos operativos con células locales de la delincuencia organizada. El caso más emblemático es el de Hernán Bermúdez Requena, alias “Comandante H”, quien ocupó la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad a pesar de los reportes de inteligencia militar que lo vinculaban con la protección al tráfico ilegal de combustible y extorsión criminal.
A la par, las investigaciones sobre las concesiones de terminales marítimas y recintos fiscales en el Golfo de México, como el caso del recinto fiscal en el puerto de Tampico, han señalado la infiltración de empresarios ligados al financiamiento político en el desembarco masivo de buques con hidrocarburos no declarados. Desde la visión de la administración de Donald Trump, la presunta complicidad de altos funcionarios de la política nacional en el desvío multimillonario de recursos aduanales y el solapamiento del contrabando de combustible demuestra que el crimen organizado controla eslabones críticos de la economía formal y estratégica del país.
El financiamiento sistémico de campañas en las gubernaturas
El tercer elemento analizado por Washington es la injerencia del narcotráfico en la mecánica democrática regional. Diferentes informes elaborados por departamentos de inteligencia estadounidenses sugieren que los carteles han dejado de ser meros agentes bribones para convertirse en importantes financiadores de campañas locales y estatales. El objetivo de estas inversiones delictivas no es únicamente obtener impunidad operativa para el tráfico de sustancias ilícitas, sino asegurar el nombramiento de mandos policiales municipales, la asignación de obra pública a empresas fachada para el lavado de dinero y la garantía de non-intervención por parte de las fuerzas del orden local.
Este modelo de financiamiento electoral cruzado ha transformado a las gubernaturas en piezas clave para el control de fronteras, puertos, corredores logísticos y zonas productivas. La insistencia estadounidense radica en que, cuando el triunfo de un candidato estatal depende de los recursos, la movilidad logística o la coerción armada impartida por un cartel en zonas rurales o apartadas, el gobierno entrante queda de facto subordinado a los intereses del crimen organizado desde el primer día de gestión.
El control territorial en amplias regiones del país
El cuarto argumento de la administración estadounidense es de carácter puramente geográfico y operativo: la pérdida del monopolio de la fuerza por parte del Estado en vastas zonas del territorio mexicano. Informes presentados ante el Congreso estadounidense por mandos del Comando Norte han estimado reiteradamente que las organizaciones criminales ejercen un control de facto sobre un porcentaje sustancial de la geografía nacional.
En estas demarcaciones, el crimen organizado impone impuestos paralelos a través del cobro de piso a productores, comerciantes y ciudadanos de a pie; administra sistemas de justicia sumaria; dicta horarios de circulación y coordina el libre tránsito de convoyes blindados a plena luz del día. Para el presidente Trump y sus asesores de seguridad nacional, un gobierno que carece del dominio efectivo sobre su propia geografía y que delega la autoridad del día a día en organizaciones criminales califica bajo los estándares internacionales como un sistema político con soberanía fragmentada y captura territorial.
La epidemia del fentanilo y de precursores químicos
El quinto pilar de la narrativa estadounidense surge de la grave crisis de salud pública que afecta a la población de los Estados Unidos debido al consumo de opioides sintéticos, principalmente el fentanilo. Desde la óptica del gobierno de Washington, el incremento exponencial en las muertes por sobredosis dentro de sus ciudades es la consecuencia directa de una cadena industrial de producción de drogas asentada en territorio mexicano.
Las agencias de inteligencia sostienen que los carteles importan toneladas de precursores químicos provenientes del sudeste asiático a través de los puertos marítimos del Pacífico mexicano sin ser interceptados eficazmente. La posterior transformación de estos insumos en laboratorios clandestinos y la distribución masiva hacia el norte revelan, según la administración de Trump, un nivel de logística industrial que no podría operar sin la complicidad voluntaria u obligada de autoridades portuarias, aduanales e inspectores sanitarios. Por ello, la Casa Blanca insiste en que la persistencia de esta infraestructura industrial ilegal solo es posible en un ecosistema gubernamental permeado por la corrupción.
La estrategia de abdicación en el uso legítimo de la fuerza estatal
La sexta razón que fundamenta la postura del mandatario estadounidense concierne a la orientación ideológica y operativa asumida en la política de seguridad nacional mexicana durante los últimos años. La doctrina resumida en la premisa de primar la atención a las causas sociales por encima de la neutralización frontal de las estructuras armadas es interpretada por Washington como una política deliberada de pacificación a través de la abdicación estatal.
Desde el análisis de la Casa Blanca, renunciar al uso legítimo, proporcional e intensivo de la fuerza pública contra los grupos criminales les ha otorgado a estos un margen de maniobra sin precedentes históricos. El replegamiento de las fuerzas armadas en episodios de alta tensión territorial ha sido catalogado por los analistas de inteligencia del gobierno de Trump como una señal inequívoca de sumisión del Estado ante la capacidad de fuego y movilización de las milicias del narcotráfico.
La crisis de impunidad sistemática y la cooptación del poder judicial
El séptimo factor señalado por las autoridades estadounidenses es la virtual parálisis del sistema de justicia penal en el enjuiciamiento de los grandes capos y de sus redes de protección política dentro de México. Las estadísticas oficiales que muestran que más del noventa y cinco por ciento de los delitos graves quedan sin esclarecer o sancionar son vistas por Washington como la prueba estructural del colapso del estado de derecho.
La administración de Donald Trump sostiene que el aparato judicial en los niveles municipal, estatal y federal ha sido neutralizado a través de la combinación sistemática de la corrupción financiera y la amenaza de violencia física. Cuando las investigaciones criminales dirigidas hacia altos mandos de las organizaciones delictivas o sus aliados dentro de la función pública son archivadas, dilatadas o desestimadas sistemáticamente por los tribunales locales, la interpretación de la diplomacia estadounidense es que los tribunales operan bajo el dictamen e interés de las mismas redes criminales que deberían juzgar.
El fenómeno de la extorsión institucionalizada
Como octava razón, la perspectiva estadounidense enfatiza la mutación de los carteles de droga hacia conglomerados mafiosos que controlan las actividades económicas legales y cotidianas de la sociedad civil. En múltiples entidades del país, el crimen organizado fija arbitrariamente los precios de alimentos básicos, controla la distribución del aguacate, el limón, la carne y los materiales de construcción, e impone cuotas obligatorias a pequeños negocios y grandes empresas trasnacionales por igual.
Para los analistas de la Casa Blanca, esta capacidad de cobrar tributos de manera regular y regularizar la economía formal sin la intervención correctiva o protectora de las fuerzas del orden demuestra que los carteles han asumido las funciones más elementales de un Estado. La sustitución de la autoridad fiscal del gobierno por un sistema de extorsión criminal institucionalizado es considerada por Washington como una prueba irrefutable del desplazamiento del poder público a manos de la delincuencia.
La asfixia a la libertad de prensa
El noveno motivo por el cual la administración estadounidense diagnostica la prevalencia de la gobernanza criminal en México se basa en la constante violencia ejercida contra el ejercicio periodístico y los medios de comunicación, especialmente en el ámbito regional. México se ha mantenido durante años como una de las demarcaciones más peligrosas del mundo para el ejercicio del periodismo fuera de las zonas de conflicto bélico formal.
El asesinato, la desaparición y la intimidación sistemática de reporteros que investigan la colusión entre autoridades políticas locales y estructuras del narcotráfico han generado extensas zonas de silencio informativo. Desde la perspectiva de las agencias internacionales, cuando el crimen organizado tiene el poder de censurar a la prensa local, imponer la agenda editorial de los medios de comunicación regionales y dictar qué hechos pueden ser del conocimiento público, ha logrado tomar el control de la esfera pública y del flujo de información, una atribución propia de regímenes autoritarios o de territorios bajo dominio criminal.
La penetración en las instituciones de seguridad local
Finalmente, la décima razón expresada en la narrativa de Washington se concentra en la infiltración probada de los cuerpos policiales municipales y estatales por parte de las estructuras del narcotráfico, sumada a la capacidad de estos grupos para equiparse con armamento de calibre militar. Múltiples operativos e investigaciones de campo demuestran que, en diversas zonas del país, las policías locales operan de forma explícita como el brazo ejecutor o halcón del cartel dominante en la región.
A esta cooptación institucional se suma la posesión de arsenales que incluyen fusiles de francotirador de alto calibre, lanzagranadas, drones armados con explosivos y vehículos con blindaje artesanal e industrial. La existencia de ejércitos privados que superan en capacidad de fuego a las autoridades civiles locales, operando con la anuencia o la complicidad de las corporaciones de seguridad del Estado, lleva a la administración de Donald Trump a concluir que en México no existen corporaciones policiacas confiables en el ámbito regional y que la soberanía de la seguridad ha sido entregada de manera irreversible a los carteles de la droga.
