Por. Belasko Journaliste
Chiapas, septiembre de 2026. El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar subió al balcón central del Palacio de Gobierno con un atuendo que, según la narrativa oficial, rendía homenaje a la dignidad de los pueblos originarios. Portaba el bastón de mando que le fue entregado por representantes de las comunidades de San Pedro, San Juan y San Sebastián Chamula. Desde ahí, lanzó la arenga y gritó “¡Viva la paz de Chiapas!”. Horas antes, en una mesa de seguridad, había pedido que las familias disfrutaran “en paz y armonía” las fiestas patrias.
Sin embargo, el mismo día en que el gobernador se vistió de chamula, la realidad del estado contaba una historia distinta. La pirotecnia se salió de control en Palenque y cuatro personas terminaron lesionadas, con familias enteras corriendo para protegerse de los cohetes. En Cintalapa, la decoración patriótica de la presidencia municipal se incendió. El “Viva la paz” resonaba mientras el estado ardía en varios frentes.
Jacinto Pérez Pajarito: el general que cavó su propia tumba
Para entender la magnitud de la contradicción, es necesario retroceder más de un siglo.
Jacinto Pérez López nació el 17 de agosto de 1881 en San Juan Chamula. Por su forma ágil de caminar, le apodaron “Pajarito” en tzotzil. Sirvió en el Ejército Mexicano, donde alcanzó el grado de Sargento Primero y se convirtió en un experto en armas y tácticas de guerra.
En 1911, fue reclutado por los “coletos” —las élites de San Cristóbal de Las Casas— con una mentira: le dijeron que los tuxtlecos venían a “quemar las iglesias y acabar con la Santa Madre Religión Católica”. Jacinto reclutó a más de 8,000 indígenas kelenes para una guerra que no era suya. La verdad era otra. Se trataba de una guerra fratricida entre San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez por la sede de la capital del estado. El Batallón “Hijos de Tuxtla” derrotó a los chamulas en todos los frentes. El saldo lo pagaron los indígenas: “De Chamula solo tuvo los muertos”.
La represión fue atroz. Se documentan fusilamientos públicos y desorejamientos: les cortaban las orejas a los rebeldes indígenas como escarmiento . En octubre de 1914, Jacinto Pérez fue capturado ignorando un decreto de amnistía de 1911, torturado y condenado a muerte.
El 22 de octubre, bajo una lluvia fina, fue obligado a recorrer las calles de San Cristóbal. En el cementerio, despojado de su chamarro —el atuendo tradicional que hoy el gobernador se pone—, con ropa blanca ensangrentada, cavó su propia tumba. Rezó mirando a un sol oculto tras nubes oscuras. La primera descarga de cinco rifles lo dejó malherido; el tiro de gracia no bastó. Fue necesario un segundo disparo para terminar con su vida.
Ese es el hombre cuya rebelión el gobernador “conmemora” hoy con un traje que Pajarito no pudo conservar ni en la muerte.
La crisis que el gobernador niega
Mientras el gobernador paseaba por el balcón con su atuendo chamula, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) documentaba 24,510 víctimas de desplazamiento forzado interno en Chiapas.
La cifra contrasta brutalmente con la declaración del gobernador del 11 de septiembre de 2026: “Yo creo que el 95% regresó a sus actividades”. Dijo que ya no hay territorios ocupados por grupos criminales. Frayba responde con nombres y apellidos de comunidades enteras que no han podido volver:
· Nueva Independencia, Ángel Albino Corzo: familias desplazadas entre 2024 y 2025 tras un repunte de violencia postelectoral.
Testimonios señalan que el alcalde Manuel de Jesús Moreno Fernández presuntamente protege al grupo “Los Robleros”.
· Nueva Palestina, Ocosingo: desplazados desde diciembre de 2021. Casi cinco años sin atención humanitaria adecuada ni acceso a la justicia.
· Lacanjá Chansayab, Ocosingo: pueblo maya lacandón expulsado el 13 de septiembre de 2023. Tres años después, siguen despojados de sus viviendas, territorio y patrimonio.
· Tzanembolom, Chenalhó: familias tsotsiles que huyeron en 2024 por negarse a colaborar con “Los Herreras”.
· Jotolá, Chilón: integrantes del Congreso Nacional Indígena (CNI) desplazados en febrero de 2026.
Frayba señala algo crucial: el gobierno estatal reclasifica a los desplazados como “población vulnerable” para evitar reconocerlos como víctimas. La Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Interno existe desde 2012, pero su reglamento nunca fue promulgado. Es una ley fantasma: existe en el papel, no protege a nadie en la realidad.
La desaparición como política de tierra arrasada
El desplazamiento tiene una cara gemela: la desaparición forzada.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2026 hay 133,680 personas desaparecidas en México. Chiapas pasó de 1,526 casos en 2025 a más de 2,000 casos activos a mediados de 2026 —un aumento del 20% en un solo año.
El 50.2% de los menores desaparecidos son niñas. Organizaciones como el Centro Prodh denuncian que esta crisis se explica por “la disputa y el control territorial ejercido por grupos delictivos con la tolerancia y falta de respuesta de las autoridades”, sumado a “una falsa narrativa de seguridad, planeada y orquestada desde el propio gobierno de Chiapas”.
El caso de Isidro Vázquez López es uno entre miles. Tenía 63 años. Desapareció el 6 de julio de 2026 en su rancho en Acala, a seis kilómetros de la cabecera municipal, donde vivía solo. Su hija, Yesenia, relata: “Pensamos que lo llegaron a sacar de su propiedad, no sabemos quiénes, no sabemos nada porque todo fue de un momento a otro”. Un mes después, la investigación no tenía avances.
La “chiapanequidad”: resiliencia para los pobres, negocios para los de arriba
El atuendo chamula del gobernador no es un gesto aislado. Forma parte de una construcción ideológica más amplia: la “chiapanequidad”, promovida como eje rector de política pública desde 2024.
El concepto no es nuevo. El historiador belga Jan de Vos habló de un “sentimiento chiapaneco” en 1998. En 2004, el guatemalteco Sergio Nicolás Gutiérrez Cruz acuñó “chiapanequidad”. El antropólogo Andrés Fábregas Puig lo desarrolló como área de investigación.
Pero en 2024, Eduardo Ramírez lo convirtió en política de gobierno. Y ahí está el problema. Un análisis crítico publicado en el propio Diario de Chiapas lo describe sin rodeos: la chiapanequidad “más que ser decisiva para abrir la mente, se yergue como una resiliencia a modo, donde los sujetos resilientes deben aceptar su realidad y su destino tal como son”.
Traducción: no es el sistema el que debe cambiar; es la ciudadanía la que debe “poner buena cara” a la violencia, la pobreza y el desplazamiento. El análisis concluye que es un enfoque “antirrevolucionario, predeterminista” que “promueve aceptar lo inadmisible”.
Y si las palabras crean realidades, entonces la chiapanequidad “está reproduciendo el orden hegemónico”, el lenguaje de los que mandan, la dominación simbólica del poder sobre los cuerpos y territorios.
Conclusión: el traje vacío
El gobernador Eduardo Ramírez se puso un traje chamula el 15 de septiembre de 2026. El mismo día, Frayba documentaba 24,510 desplazados que su gobierno se niega a reconocer. El mismo día, la pirotecnia hería a personas en Palenque. El mismo día, la decoración de una presidencia municipal ardía.
Jacinto Pérez Pajarito fue despojado de su chamarro antes de cavar su propia tumba . La prenda que le quitaron en la muerte es la prenda que el gobernador se pone en la vida. Pero hay una diferencia fundamental: Pajarito murió por una guerra que no era suya, engañado por quienes decían defender la religión. El gobernador gobierna en un estado donde esa misma lógica de engaño y sacrificio indígena continúa: comunidades usadas como escudos, territorios arrebatados, víctimas que no son nombradas.
El traje chamula del gobernador está vacío. No representa a Pajarito. No representa a los 24,510 desplazados. No representa a las más de 2,000 familias que buscan a sus desaparecidos. Representa, en todo caso, la continuidad de una historia donde los cuerpos indígenas son el precio de las guerras de otros.
Y esa historia, como la tumba que Pajarito cavó bajo la lluvia, sigue abierta.
