Por. J. Jesús Lemus
La reciente presentación de la iniciativa para la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, anunciada con bombo y platillo por la presidente Claudia Sheinbaum en su conferencia matutina, abre una vez más el debate sobre el uso político y propagandístico de las causas sociales en el México de la llamada “Cuarta Transformación”.
Detrás de la narrativa oficial de “justicia histórica”, un análisis riguroso de la propuesta revela contradicciones legales, inconsistencias en su proceso de validación y un marcado afán de división ideológica.
Desde una perspectiva estrictamente constitucional, la nueva legislación se perfila como un ejercicio ocioso. El Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos es categórico: todos los individuos gozan de los mismos derechos humanos y garantías para su protección, sin distinción de origen étnico, género o condición social.
Adicionalmente, el Artículo 2º ya consagra de manera explícita la composición pluricultural de la nación y reconoce la autonomía de los pueblos originarios. Volver a legislar sobre lo que ya está plenamente garantizado en la Carta Magna no expande los derechos reales de los ciudadanos en la práctica; únicamente genera burocracia legislativa para justificar agendas políticas.
En el México moderno, la igualdad ante la ley es el principio rector. Crear leyes paralelas bajo argumentos étnicos no hace más libre a un ciudadano; lo segmenta. Fomenta el clasismo y empodera a unas castas por encimas de las otras, como sucede con el feminismo extremo.
La narrativa gubernamental insiste en colocar al indigenismo como el eje identitario absoluto del país, ignorando la realidad demográfica e histórica de la población: de acuerdo con cifras oficiales, aproximadamente uno de cada seis mexicanos se autoadscribe como indígena. Esto significa que México no es una nación exclusivamente indígena; es, por definición, una nación pluricultural y policultural.
El México contemporáneo es el resultado directo de la fusión entre los pueblos originarios y los españoles. Aunque a ciertos sectores de la retórica oficialista les disguste reconocerlo, la cultura española aportó los cimientos de nuestra civilización actual: desde el idioma que nos unifica hasta las instituciones jurídicas, la arquitectura y la conexión con el pensamiento occidental. Negar esta mitad de nuestra historia es mutilar la identidad nacional.
Uno de los puntos más contradictorios del anuncio presidencial radica en el propio mecanismo de validación de la ley. La presidente Sheinbaum afirmó con orgullo que el bosquejo de la iniciativa fue elaborado directamente desde la perspectiva y las propuestas de los propios pueblos indígenas.
Sin embargo, en un giro paradójico, se anunció que el proyecto se someterá a una extensa “consulta nacional” dividida en cinco etapas que concluirá hasta octubre. El cuestionamiento periodístico es obligado: si la ley ya fue redactada y planteada por los pueblos indígenas, ¿para qué llevar a cabo una consulta masiva para que ellos mismos avalen lo que supuestamente ya propusieron? Esta evidente contradicción delata que el texto fue estructurado desde el aparato burocrático del gobierno federal y ahora requiere una validación artificial con fines de legitimidad.
Es innegable el desmedido propósito propagandístico que la 4T extrae de las comunidades indígenas, utilizándolas recurrentemente como símbolos de resistencia para alimentar una retórica de polarización.
Bajo esta lógica de “deuda histórica”, se ha transitado hacia un terreno peligroso: la creación de derechos diferenciados basados en el origen étnico.
Hoy en día, bajo el amparo de normativas secundarias, transferencias directas exclusivas y sistemas normativos internos, se genera la percepción de que en México los pueblos indígenas gozan de más prerrogativas procesales y consideraciones jurídicas específicas que el resto de los ciudadanos no indígenas, rompiendo con el principio democrático universal de que la ley debe medir a todos los individuos con la misma vara.
La iniciativa firmada en Palacio Nacional parece buscar más el aplauso político y la consolidación de un bastión ideológico que la resolución de las carencias estructurales de infraestructura, salud y educación que afectan, por igual, a los mexicanos marginados, sin importar su origen de nacimiento.
