Por. J. Jesús Lemus
Zacatecas atravesó un fin de semana marcado por el terror y la zozobra, en lo que representa solo un episodio más del violento colapso institucional que sofoca al estado.
La reciente ola de asesinatos que sacudió a municipios estratégicos como Pánuco, Morelos y Saín Alto no es una casualidad ni un evento aislado; es la consecuencia directa de una entidad donde el poder público ha sido desplazado por el crimen organizado, sumiendo a las comunidades en un estado permanente de vulnerabilidad.
En esta ocasión, la violencia no se limitó a las bajas que suelen registrarse en los enfrentamientos armados entre bandas rivales. El hallazgo de diez personas ejecutadas encendió las alarmas por la identidad de varias de las víctimas, un detalle que evidencia cómo la delincuencia ha penetrado las estructuras políticas y la economía local.
Entre los caídos se identificó al expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio Castrejón, quien además era un reconocido empresario y constructor de la región. Junto a él, perdieron la vida Fidel Alvarado, secretario de Desarrollo Social del Ayuntamiento de Fresnillo, otro funcionario municipal, tres empresarios del sector de la construcción y personas dedicadas al comercio.
La ejecución directa de figuras públicas, políticos locales y actores del sector productivo envía un mensaje demoledor sobre quién ejerce el mando real en los municipios zacatecanos.
El trasfondo de esta matanza remite a la feroz disputa por el control territorial que sostienen los grupos delictivos en el centro y norte del país. De acuerdo con informes de inteligencia y con la dinámica observada sobre el terreno, las ejecuciones y los despliegues armados se atribuyen principalmente al Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que ha desatado una ofensiva para erradicar a bandas rivales y consolidar un monopolio delictivo en la entidad.
Sin embargo, el factor decisivo para que este grupo criminal lograra posicionarse con tanta fuerza no puede entenderse sin abordar la crisis política local. El avance del Cártel Jalisco Nueva Generación y su asentamiento violento ganaron un impulso sin precedentes a partir de la llegada del gobernador David Monreal Ávila al poder.
Desde el inicio de su administración, el discurso oficial se ha centrado en planes de pacificación y en la llegada periódica de refuerzos federales; no obstante, la realidad operativa demuestra que el gobierno estatal parece operar como un mero espectador.
El vacío de autoridad y la falta de una estratega de seguridad efectiva abrieron la puerta para que las células armadas tomaran el control de carreteras, alcaldías e incluso economías completas.
Esta condición de desgobierno se vuelve aún más contradictoria al analizar la riqueza económica del territorio. Zacatecas es una de las regiones mineras más importantes del continente, con una producción millonaria de plata, oro, plomo y zinc que atrae a gigantescas empresas trasnacionales, principalmente de capital canadiense y estadounidense.
A pesar de esta aparente bonanza industrial, el estado funciona en la práctica como una zona de dominio criminal financiada y fortalecida por esquemas de extorsión y acuerdos de protección.
Las grandes compañías mineras operan en zonas rurales y serranas donde la presencia del Estado es prácticamente nula. Para garantizar la extracción del mineral, el transporte seguro de sus insumos y el tránsito de sus contratistas, la cadena productiva que rodea a estas empresas termina cediendo ante los cobros de cuotas y las “licencias de paso” impuestas por el crimen organizado.
De este modo, la riqueza que se extrae del suelo zacatecano genera un doble impacto: mientras las ganancias millonarias fluyen hacia el extranjero, los recursos pagados por concepto de protección terminan oxigenando las arcas y el poder de fuego de los cárteles.
La jornada trágica vivida este fin de semana es solo el síntoma de una enfermedad de fondo. Mientras las cúpulas políticas evaden su responsabilidad y los grandes capitales mineros aseguran su continuidad operativa en medio del caos, la población de Zacatecas permanece atrapada en un territorio donde el Estado ha cedido la plaza y donde la vida cotidiana se rige bajo la ley que imponen las armas.
