Por. J. Jesús Lemus
La trayectoria política de Rubén Rocha Moya ha alcanzado su punto más crítico. En apenas un año, el exgobernador transitó desde el respaldo absoluto de la cúpula de Morena y los lemas de unidad partidista, de “No estás Solo”, hasta un total aislamiento que culminó con su salida definitiva del Ejecutivo estatal de Sinaloa.
El deterioro de su administración se aceleró de manera sustancial tras las acciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la Corte del Distrito Sur de Nueva York. La fiscalía estadounidense acusó formalmente a Rocha Moya y a nueve integrantes de su círculo de colaboradores por presunta conspiración para el tráfico de narcóticos y posesión de armamento de uso exclusivo.
A esto se sumaron las declaraciones vertidas en expedientes internacionales sobre la reunión del veinticinco de julio de dos mil veinticuatro, en la cual se concretó la privación de la libertad de Ismael El Mayo Zambada y la ejecución del exrector Héctor Melesio Cuén Ojeda.
La detención en días recientes de Fausto Corrales Rodríguez, considerado el testigo operativo clave de aquellos acontecimientos, terminó por dinamitar la viabilidad de la gestión. La captura de este perfil redujo el margen de maniobra de la administración local ante el inminente avance de nuevas diligencias e imputaciones judiciales.
Ante la presión acumulada por el expediente penal federal e internacional, Rocha Moya solicitó en mayo una primera licencia temporal por ciento doce días para separarse de la gubernatura, dejando en el cargo a la interina Yeraldine Bonilla Valverde.
El pasado viernes 21 de agosto de 2026, al vencer dicho plazo, el exmandatario intentó retomar formalmente la titularidad del Ejecutivo aduciendo la necesidad de defender su gestión y ampararse en la protección del fuero constitucional.
No obstante, el intento de reincorporación desencadenó una reacción institucional de rechazo inmediato dentro del propio movimiento oficialista. La Secretaría de Gobernación y la dirigencia nacional de Morena se desmarcaron de manera pública de la decisión, catalogándola como un acto individual.
Por su parte, los gobernadores afines al proyecto de transformación hicieron circular un desplegado en el que le exigieron apego a la ley, ética institucional y responsabilidad pública para no comprometer la estabilidad social de la entidad.
El desenlace ocurrió cuando la presidenta Claudia Sheinbaum declaró ante los medios que ninguna pretensión individual podía ponerse por encima del interés de la nación y de Sinaloa. Tras quedar privado del respaldo del Gobierno Federal, de la bancada mayoritaria del Congreso local y del grupo de mandatarios de su propio partido, Rocha Moya presentó una nueva solicitud de licencia de carácter indefinido apenas treinta y cuatro horas después de su regreso.
La Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa aprobó la separación por unanimidad, dando paso al proceso legislativo para el nombramiento de una nueva figura interina que asuma el mando del Ejecutivo.
La separación del cargo reactivó con mayor fuerza los reclamos de colectivos ciudadanos, cámaras empresariales y fuerzas de oposición para emprender una revisión integral de la gestión saliente. Diversos sectores han demandado la ejecución de auditorías financieras a las arcas estatales, así como el inicio de indagatorias penales sobre el patrimonio personal y los posibles nexos de funcionarios estatales con la delincuencia organizada.
En el centro de la controversia pública se ubica la actuación de la Fiscalía General de la República, encabezada por Ernestina Godoy. Dirigentes legislativos e investigadores independientes han cuestionado la falta de determinación de la dependencia para judicializar expedientes en territorio nacional contra el exgobernador.
Los señalamientos contra la titular de la FGR enfatizan que el organismo ha evitado ampliar las líneas de investigación hacia las finanzas personales de Rocha Moya o solicitar su desafuero.
Ante estas acusaciones de omisión o trato preferencial, la fiscal Ernestina Godoy ha sostenido que las diligencias del Ministerio Público Federal continúan abiertas, pero que hasta el momento los datos aportados en los expedientes no reúnen los elementos probatorios suficientes para ejercitar acción penal por delitos adicionales bajo la legislación mexicana. Pese a esta postura oficial, el relevo en el gobierno de Sinaloa mantiene el expediente abierto tanto en el ámbito parlamentario local como en la agenda de seguridad de América del Norte.
