La relación bilateral entre México y Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. La administración de Donald Trump se prepara para lanzar una campaña anticorrupción de gran alcance. Esta ofensiva no se limitará a la cancelación de visas, sino que contempla llevar a políticos mexicanos ante tribunales federales de EUA por presuntos vínculos con el crimen organizado.
De acuerdo con Los Angeles Times, la administración de Trump alistaría una amplia campaña anticorrupción dirigida contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el narcotráfico.
La nueva advertencia del gobierno de Estados Unidos se da en medio de las negociaciones con México y Canadá sobre el tratado de libre comercio de América del Norte, y de acuerdo con el medio, factor económico sería la palanca que EUA pretende usar para forzar resultados.
Fue durante un evento en Sinaloa -cuna del Chapo Guzmán- que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson mandó un mensaje de combate a la corrupción.
De acuerdo con el medio, las declaraciones del diplomático estadounidense marcan el inicio de una campaña anticorrupción del gobierno de Estados Unidos que irá más allá de la cancelación de visas para quienes se sospecha que están vinculados con cárteles.
El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, no cuenta actualmente con una visa para viajar a Estados Unidos porque le fue revocada en 2025, afirma Los Angeles Times. La publicación de corresponsal Steve Fisher indica que el morenista se une a la lista en la que se incluyen legisladores de su partido y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quienes tampoco cuentan con este permiso de viaje.
La advertencia de Johnson sugiere un cambio de estrategia: pues se podría incluir una acusación formal de políticos mexicanos ante tribunales federales estadounidenses, entre ellos miembros del gobernante partido Morena, según fuentes que hablaron bajo condición de anonimato para tratar asuntos internos.
Para esos fines, el medio cita que fiscales estadounidenses podrían recurrir a informantes de alto perfil, como los hijos del ‘Chapo’ Guzmán y otros exlíderes criminales bajo custodia en Estados Unidos.
De esta manera, la administración Trump parece decidida a utilizar el sistema judicial estadounidense como una herramienta de política exterior. Si las “medidas significativas” que anunció Johnson se materializan, podríamos ver una cascada de acusaciones formales que redefinirían la relación bilateral.
