Por. J. Jesús Lemus
La tormenta política sobre la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum y el legado de Andrés Manuel López Obrador ha alcanzado su punto más crítico. Fuentes judiciales en Estados Unidos confirman un golpe demoledor para el oficialismo mexicano: tres exfuncionarios de primer nivel del Estado de Sinaloa, estrechamente ligados al gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, se han entregado voluntariamente a la justicia estadounidense.
Los exfuncionarios que decidieron cruzar la frontera y ponerse a disposición de las autoridades de la Corte del Distrito Sur de Nueva York y Brooklyn son: Gerardo Mérida Sánchez, Exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa; Enrique Díaz Vega, Exsecretario de Finanzas del Estado de Sinaloa y Marco Antonio Almanza: Exjefe de la Policía de Investigación (PDI) de Sinaloa.
Todos ellos forman parte de una lista de diez servidores públicos de la entidad —encabezada por el propio gobernador Rubén Rocha Moya— acusados formalmente por Washington de haber construido una alianza estructural con la facción de Los Chapitos, del Cártel de Sinaloa, para traficar fentanilo, cocaína y armas, además de brindarles protección policial y filtrarles información confidencial.
Para la presidenta Claudia Sheinbaum, este escenario va mucho más allá de un problema de seguridad en una entidad federativa. Se ha convertido en una crisis de gobernabilidad y una amenaza a la legitimidad de la “Cuarta Transformación”.
La entrega voluntaria de los responsables de las finanzas (Díaz Vega) y la seguridad (Mérida Sánchez y Almanza) abre la puerta al peor escenario para el Gobierno Federal: el inicio de procesos de colaboración masiva con la DEA y el Departamento de Justicia de EUA.
Al entregarse por cuenta propia, estos tres exfuncionarios buscan negociar reducciones de condena. A cambio, la justicia estadounidense les exige información de alto nivel. La principal línea de investigación de las agencias de EUA apunta a revelar cómo la estructura financiera y operativa de Los Chapitos presuntamente inyectó millones de dólares para financiar las campañas electorales de Morena, incluyendo las de López Obrador y la campaña presidencial de la hoy mandataria Claudia Sheinbaum.
La presencia de Enrique Díaz Vega, el hombre que manejaba los recursos bajo el mandato de Rocha Moya, resulta clave. Como titular de Finanzas, posee el conocimiento de los flujos de dinero en el estado y es el puente que las fiscalías estadounidenses buscan explotar para documentar el presunto ingreso de dinero ilícito a la arena política nacional.
La mandataria ha afirmado textualmente que “fue decisión propia entregarse y no hay ningún riesgo” para su gobierno o para el partido Morena. También, ha descalificado las acusaciones catalogándolas como una narrativa de la oposición y ha reiterado que su administración “no tiene absolutamente nada que esconder”.
En ese sentido, el gobierno mexicano mantiene la línea de que el Departamento de Justicia de EUA no ha compartido con la Fiscalía General de la República (FGR) las evidencias sólidas que sustentan estos señalamientos.
A pesar de la narrativa de tranquilidad que se intenta proyectar desde el Palacio Nacional, la realidad tras bambalinas es de alerta máxima. El cerco judicial estadounidense se está cerrando directamente sobre el entorno de Rubén Rocha Moya. Con la caída del exsecretario de Finanzas y los mandos policiales, la cúpula del gobierno de Sinaloa está desmantelada y bajo custodia extranjera.
Si estos tres excolaboradores deciden firmar acuerdos de culpabilidad y entregar testimonios, grabaciones o rutas de dinero que involucren el financiamiento de campañas de la coalición gobernante, la presidenta Sheinbaum enfrentará una presión diplomática sin precedentes por parte de Washington, en un momento donde la relación bilateral ya se encuentra bajo máxima tensión debido a la presencia de funcionarios estadounidenses operando en el país.
