Por. Gildo Garza Herrera
El Día de la Libertad de Expresión en México debería ser una fecha luminosa. Una jornada cívica para recordar que ningún poder público puede aspirar a llamarse democrático si no tolera la crítica, la investigación, la incomodidad de la pregunta y la terquedad del dato. Pero en este país la efeméride llega siempre con olor a pólvora vieja, a expediente archivado, a redacción vacía, a viuda que sigue esperando justicia y a colega que ya no contesta el teléfono.
Aquí la libertad de expresión no se celebra: se sobrevive.
Desde el año 2000 he visto la muerte caminar dentro del periodismo. No la he visto como concepto académico ni como frase de relatoría internacional. La he visto en cuerpos, en amenazas, en funerales, en desplazamientos, en llamadas de madrugada, en compañeros que un día estaban cubriendo una nota y al siguiente se volvieron número, estadística, ausencia. He visto morir a más de una docena de colegas. He visto desaparecer a otros. He visto cómo el miedo se instala en las redacciones como un editor invisible que decide qué se publica, qué se suaviza, qué se guarda y qué se entierra.
El primer fracaso del Estado mexicano: permitir que el miedo edite la realidad.
Durante décadas se nos dijo que las leyes estaban ahí para protegernos. La Constitución, los tratados internacionales, las fiscalías especializadas, los mecanismos, los protocolos, las comisiones, las medidas cautelares. Todo parecía existir en el papel. Pero cuando la amenaza llega, cuando el número desconocido entra al celular, cuando el convoy se estaciona afuera de la casa, cuando el funcionario te señala desde el micrófono o cuando la jauría digital repite la palabra “chayotero” como si fuera sentencia, uno entiende que entre la ley escrita y la vida real hay un territorio enorme de abandono.
Las leyes no han bastado. Los mecanismos no han bastado. Las fiscalías no han bastado. Las conferencias de prensa, los boletines de condolencia y las promesas de “no habrá impunidad” tampoco han bastado.
México se acostumbró a ver morir periodistas.
Y lo más grave: una parte del país fue educada para despreciarlos antes de que los maten.
Esa es una de las heridas más profundas de los últimos años. El crimen organizado ya era una amenaza brutal para la prensa. Los cacicazgos locales ya perseguían reporteros. Los alcaldes, gobernadores, empresarios y operadores políticos ya intentaban comprar, callar o castigar voces incómodas. Pero el obradorismo llevó esa hostilidad a una escala nacional, cotidiana y pedagógica. Desde el poder se normalizó la idea de que el periodista crítico era adversario, vendido, conservador, corrupto, enemigo del pueblo. La palabra presidencial dejó de ser garantía institucional y se volvió garrote simbólico.
No hacía falta que desde Palacio Nacional se ordenara una agresión para que el mensaje fuera entendido abajo. Bastaba con deshumanizar al periodista todos los días. Bastaba con exhibirlo, caricaturizarlo, ridiculizarlo, ponerlo en la mira de millones de seguidores entrenados para no distinguir entre crítica y traición. El poder no necesitó disparar: le bastó con señalar.
A eso le llamo el pañuelo blanco de la impunidad.
No como una orden escrita para matar periodistas, sino como una señal política que abarató el costo de agredirnos. Un permiso moral para que el ignorante nos llamara chayoteros, para que el funcionario nos tratara como delincuentes, para que el fanático creyera que hostigar a un reportero era defender la patria. En un país donde ya nos mataban, el discurso oficial terminó por despojarnos de presunción de honestidad. Nos quitó humanidad antes de que nos quitaran seguridad.
Andrés Manuel López Obrador no inventó la violencia contra la prensa. Sería falso decirlo. Pero sí profundizó una cultura de desprecio desde el poder. Sí convirtió la estigmatización en rutina. Sí hizo de la mañanera un tribunal político contra medios, columnistas, reporteros y críticos. Sí confundió deliberadamente el derecho de réplica con la exhibición pública. Sí colocó a la prensa en el centro de una guerra cultural donde preguntar se volvió sospechoso y disentir se volvió pecado.
Y Claudia Sheinbaum no rompió con esa lógica. La heredó, la administró y, en demasiados momentos, la continuó con otros tonos y la misma raíz. El problema no es únicamente quién pronuncia la frase. El problema es el ecosistema político que deja intacto: gobernadores que demandan periodistas, legisladores que criminalizan, fiscalías que minimizan, tribunales que aceptan procedimientos absurdos, operadores digitales que destruyen reputaciones y una militancia que aprendió a odiar al mensajero antes de leer el mensaje.
Nada cambió. En varios sentidos, empeoró.
Hoy la censura ya no siempre llega con hombres armados a una redacción. A veces llega con una denuncia electoral. Con una demanda de daño moral. Con una acusación de violencia política usada como mordaza. Con una campaña coordinada de desprestigio. Con amenazas veladas desde cuentas anónimas. Con servidores públicos que, incapaces de responder datos, prefieren fabricar enemigos.
La nueva censura usa toga, curul, algoritmo y micrófono.
Pero la vieja censura sigue viva. La de las balas. La del levantón. La del cuerpo abandonado. La de la zona de silencio. La del reportero hiperlocal que cubre accidentes, desapariciones, ejecuciones, baches, fugas de agua y fiestas patronales, hasta que un día toca un nervio criminal y desaparece. La de Veracruz, Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Guanajuato, Michoacán. La de los estados donde el periodismo local es la primera línea de defensa de la sociedad y también la primera línea de sacrificio.
En México, el periodista local no cubre la guerra: vive dentro de ella.
Yo lo sé porque vengo de Tamaulipas. Vengo de un estado donde la prensa aprendió a escribir con miedo, a borrar nombres, a publicar sin firma, a mirar por el retrovisor. Vengo de redacciones donde el silencio no era cobardía, sino método de supervivencia. Vengo de noches en las que los reporteros no discutían la mejor entrada de una nota, sino si volverían vivos a su casa. Vengo de un territorio donde la frontera entre crimen y política se volvió borrosa hasta formar una sola sombra.
Ahí entendí que matar periodistas no siempre empieza con el asesinato. Primero se les aísla. Luego se les desacredita. Después se les amenaza. Más tarde se les deja solos. Y al final, cuando ocurre lo peor, el Estado pregunta quiénes eran, en qué andaban, si realmente eran periodistas, si tenían problemas personales, si no estarían metidos en algo.
Ese es el manual.
Primero se mata la reputación. Luego se mata el cuerpo. Después se mata la investigación. Finalmente se mata la memoria.
Por eso escribo.
No escribo para que me reconozcan. No escribo para pedir una medalla ni una disculpa tardía. No escribo para hacer inventario de heridas. Escribo porque hay verdades que, si no se narran desde la carne, terminan secuestradas por los burócratas del olvido.
He ayudado a salvar más de 14 vidas de compañeras y compañeros periodistas. Lo digo sin épica y sin vanidad. En este oficio salvar una vida rara vez se parece al heroísmo. Casi siempre se parece a una llamada urgente, a una ruta improvisada, a una familia sacada de madrugada, a una gestión ante autoridades que no responden, a un mensaje enviado antes de que sea demasiado tarde, a una presión pública, a un expediente armado con las manos temblando.
Lo hice incluso junto a personas que después me traicionaron. Y aun así no me arrepiento. Porque cuando la vida de un periodista está en riesgo, la dignidad exige actuar antes de calcular gratitudes. La defensa de la libertad de expresión no puede depender de lealtades personales. Se defiende porque es lo correcto. Se defiende porque un periodista vivo todavía puede contar lo que otros quieren ocultar.
La libertad de expresión no es un lujo de periodistas. Es un derecho de la sociedad.
Cuando matan a un reportero no sólo silencian una voz: dejan ciega a una comunidad. Cuando desplazan a una periodista no sólo expulsan a una persona: arrancan una memoria del territorio. Cuando un gobierno criminaliza a un comunicador no sólo agrede a un individuo: envía un mensaje disciplinario al resto del gremio. Cuando la sociedad acepta que nos llamen chayoteros por sistema, abre la puerta para que cualquier agresión parezca merecida.
Esa es la tragedia mexicana: el poder logró que una parte del pueblo aplaudiera el linchamiento de quienes investigan al poder.
El Día de la Libertad de Expresión debería obligarnos a revisar esa derrota moral. No basta con repetir que en México cualquiera puede decir lo que quiera. Esa frase es una burla cuando hay periodistas asesinados, desaparecidos, desplazados, demandados, amenazados o estigmatizados. La libertad de expresión no se mide por la existencia formal de un derecho, sino por las condiciones reales para ejercerlo sin perder la vida, la casa, la familia, el trabajo o la reputación.
Un país donde informar puede costar la vida no es plenamente libre.
Un país donde el presidente o la presidenta pueden desacreditar periodistas desde el poder mientras las fiscalías no resuelven crímenes contra la prensa no puede presumir democracia madura.
Un país donde el reportero local tiene más miedo del alcalde, del jefe de plaza o del operador digital que de equivocarse en una nota, vive bajo censura.
Por eso este día no merece discursos huecos. Merece memoria. Merece nombres. Merece rabia. Merece autocrítica. Merece una exigencia concreta: que el Estado mexicano deje de administrar condolencias y empiece a garantizar vida.
La libertad de expresión no necesita ceremonias. Necesita protección real. Necesita investigaciones que no nazcan muertas. Necesita fiscalías que entiendan el contexto periodístico. Necesita jueces que no se presten a la censura disfrazada de litigio. Necesita mecanismos con presupuesto, sensibilidad y reacción inmediata. Necesita reconocer el desplazamiento forzado de periodistas como una consecuencia directa de la violencia. Necesita reparación integral. Necesita que se deje de usar el poder público para desacreditar a quienes incomodan.
Y necesita algo más elemental: que desde el poder se deje de odiar a la prensa.
No pedimos impunidad para periodistas. Pedimos garantías para trabajar. No pedimos privilegios. Pedimos que no nos maten. No pedimos aplausos. Pedimos que no nos conviertan en blanco. No pedimos estar por encima de la crítica. Pedimos que la crítica desde el poder no se convierta en permiso social para destruirnos.
He vivido demasiado para creer en los discursos oficiales. He enterrado demasiados nombres en la memoria como para confiar en frases de ocasión. He visto demasiados expedientes pudrirse como para aceptar que el problema es de percepción. La violencia contra la prensa en México no es una exageración de organizaciones internacionales ni una bandera opositora. Es una realidad que se cuenta en muertos, desaparecidos, exiliados, familias rotas y territorios silenciados.
Por eso este 7 de junio no celebro.
Recuerdo.
Recuerdo a los que ya no están. Recuerdo a los que se fueron sin despedirse. Recuerdo a los que siguen vivos pero callados. Recuerdo a quienes aprendieron a escribir con miedo. Recuerdo a quienes fueron llamados vendidos antes de ser asesinados. Recuerdo a quienes siguen cubriendo la calle con una libreta, un celular y la certeza de que nadie vendrá a rescatarlos si algo sale mal.
Y también me recuerdo a mí mismo, frente a la amenaza, frente al exilio, frente al abandono, frente a la traición, frente a la tentación de callar.
No me callaron.
No nos han callado.
La libertad de expresión en México está herida, pero no vencida. Respira en cada periodista que todavía pregunta. En cada medio pequeño que publica aunque no tenga escoltas. En cada familia que exige justicia. En cada reportero desplazado que sigue escribiendo desde lejos. En cada voz que se niega a aceptar que el silencio sea destino.
Porque al final, aunque el poder insulte, aunque el crimen amenace, aunque la sociedad a veces mire hacia otro lado, todavía queda una verdad de pie: un país sin periodistas libres no es una democracia.
Es apenas un territorio administrado por el miedo.
@GildoGarzaMx
