Por. J. Jesús Lemus
La tensión en la relación bilateral entre México y Estados Unidos ha alcanzado un punto crítico tras la contundente advertencia vertida desde Washington.
La administración estadounidense lanzó un ultimátum directo: si el gobierno mexicano no coopera de manera total, decidida y sin reservas en el combate al crimen organizado, la continuidad del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá estará seriamente comprometida.
Esta postura coloca sobre la mesa el verdadero costo de la seguridad fronteriza y confronta de manera frontal la estrategia de diplomacia y soberanía aplicada desde la Ciudad de México.
Frente a este reclamo internacional, la respuesta del gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum ha sido calificada por diversos analistas como una abierta cerrazón política.
Amparada en la bandera de la soberanía nacional, la mandataria ha mantenido una constante negativa a abrir investigaciones formales o dar seguimiento a las alertas e expedientes de inteligencia remitidos desde Estados Unidos sobre figuras clave del aparato público.
Le lejos de actuar contra los cárteles y sus ramificaciones en las estructuras del Estado, la postura oficial ha sido desestimar los señalamientos externos y blindar a las cúpulas del oficialismo.
Esta cerrazón se manifiesta de forma alarmante en la protección institucional otorgada a mandatarios estatales que enfrentan severos cuestionamientos por sus presuntos nexos con grupos delictivos.
Casos como el de Rubén Rocha en Sinaloa, Alfonso Durazo en Sonora y Alfredo Ramírez Bedolla en Michoacán reflejan la decisión del Ejecutivo federal de priorizar la cohesión partidista por encima del esclarecimiento de responsabilidades penales.
A pesar de los informes de agencias norteamericanas y de la imparable espiral de violencia en esas regiones, el respaldo político hacia estos gobernadores se mantiene firme, obstruyendo cualquier indagatoria profunda sobre la infiltración criminal en sus administraciones.
El costo social de esta impunidad institucionalizada resulta desgarrador para la población. La protección o tolerancia hacia la narco-política se traduce directamente en territorios dominados por el miedo, el cobro de piso, el desplazamiento forzado de familias y la desaparición de miles de personas.
Las comunidades se ven obligadas a convivir con el dominio territorial de los cárteles mientras las autoridades locales operan bajo complicidad u omisión, destruyendo la confianza en las instituciones y dejando desprotegidas a las víctimas.
A esta crisis de seguridad y justicia se le suma una amenaza económica de proporciones históricas. Una eventual fractura o cancelación del T-MEC colocaría a México en una situación financiera de extrema gravedad. El acuerdo comercial es la piedra angular que sostiene las exportaciones, la inversión extranjera directa y la generación de millones de empleos formales en la industria manufacturera y agropecuaria.
Perder el acceso preferencial al mercado más grande del mundo provocaría el cierre de empresas, una devaluación drástica de la moneda y un desplome en los ingresos de las familias, haciendo que el costo de vida sea aún más difícil de sobrellevar.
En conclusión, la encrucijada actual deja al descubierto los enormes riesgos de mantener la intransigencia gubernamental ante los reclamos de la agenda internacional de seguridad.
Defender a gobernantes cuestionados mientras se arriesga el pilar del desarrollo económico nacional coloca a la ciudadanía en un estado de vulnerabilidad total. De concretarse el aislamiento comercial y la pérdida del T-MEC, la factura final no la pagará la clase política, sino la sociedad mexicana que ya padece los estragos de la violencia cotidiana.
