Por. J. Jesús Lemus
Las cifras de asesinatos de este fin de semana confirman que, aunque las autoridades federales insisten en una tendencia a la baja en el promedio diario de homicidios a nivel nacional durante este año, los fines de semana siguen registrando repuntes críticos de violencia letal.
Con un acumulado proyectado que supera las 150 víctimas mortales entre el viernes y el domingo recién pasados, el mapa de la violencia se concentra con ferocidad en regiones clave, donde los grupos del narcotráfico siguen manteniendo el control de los gobiernos estatales.
Los tres estados que encabezaron los índices de homicidios dolosos, son Guanajuato, Baja California y Sinaloa, donde las organizaciones que controlan sus territorios y la profunda crisis institucional provocada por la corrupción y la nula coordinación gubernamental, se evidencian en las estadísticas.
Guanajuato: La eterna zona de guerra
Guanajuato se mantiene inamovible en el primer lugar nacional en homicidios dolosos, aportando casi el 9% del total de asesinatos en todo el país. El fin de semana que recién concluyó volvió a teñirse de sangre en la zona del Bajío.
La región vive una guerra de desgaste interminable entre el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y los remanentes del Cártel de Santa Rosa de Lima, disputándose el control de la extorsión, el narcomenudeo y el robo de combustible, en este último renglón con participación de funcionarios del gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo.
Informes de inteligencia señalan la infiltración histórica de las policías municipales por parte de las mafias locales, además de que la permanencia de figuras clave en las instituciones de justicia locales por más de una década ha blindado redes de complicidad interna.
El gobierno estatal mantiene una relación de constante fricción con la administración federal. Mientras la federación acusa al gobierno local de “lavarse las manos” y dejarle toda la carga del combate al narco a la Guardia Nacional, las autoridades estatales recriminan la falta de apoyo presupuestal y de una estrategia federal que detenga los delitos de competencia federal. Esta desconexión deja a la ciudadanía en total desamparo.
Baja California: Frontera de sangre
Este estado fronterizo sigue en el segundo puesto de letalidad nacional, impulsado por las ejecuciones en urbes clave como Tijuana y Mexicali. Una violenta disputa a tres bandas entre las facciones del Cártel de Sinaloa (en pleno proceso de fragmentación interna), el CJNG y el Cártel de los Arellano Félix, peleando por las rutas de tráfico de fentanilo y migrantes hacia Estados Unidos, es la causa principal de la violencia en esta parte del norte del país.
Las acusaciones de corrupción apuntan directamente a mandos medios y altos de la Fiscalía estatal y las corporaciones policiacas locales, señalados de recibir sobornos para otorgar protección a ciertas células delictivas y permitir la operación de laboratorios clandestinos de drogas sintéticas.
La retórica de alineación política entre el estado y la federación choca de frente con la realidad operativa. En el terreno de juego, las corporaciones locales operan de forma aislada, quejándose de que el despliegue militar centralizado no responde a dinámicas e inteligencias locales, rompiendo la cadena de mando operativa y permitiendo que los criminales aprovechen esos “vacíos de comunicación”.
Sinaloa: El violento repunte de la fractura interna
Sinaloa ha trepado de manera acelerada a los primeros puestos del índice de violencia en el país, debido a la reactivación de combates internos de gran escala, donde las dos facciones más importantes del Cártel de Sinaloa, la de Los Chapos y Los Mayos, mantienen activa una sangrienta confrontación.
El conflicto armado más encarnizado de la región lo libran las facciones del Cártel de Sinaloa, los leales a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, conocidos como Los Chapitos, contra las redes afines a la facción histórica de Ismael “El Mayo” Zambada, conocidos como Los Mayos.
El nivel de penetración de las redes del narcotráfico en el organigrama del gobierno estatal es estructural. Se denuncia constantemente la inacción deliberada de las fuerzas policiacas estatales y el retraso en los tiempos de respuesta de los ministerios públicos locales, lo que evidencia complicidades burocráticas al más alto nivel.
El recelo mutuo frena cualquier avance institucional. El gobierno federal envía batallones militares con misiones de contención e inteligencia centralizada, desconfiando de compartir información sensible con las corporaciones del estado por temor a “filtraciones”. Por su parte, las autoridades estatales evaden su responsabilidad alegando que el combate al crimen organizado es de competencia exclusivamente federal, paralizando las mesas de paz y seguridad en la entidad.
Así las cosas, lo que se puede concluir es que mientras los gobiernos estatales y el federal sigan utilizando la seguridad pública como una arena de disputa política o reparto de culpas, los grupos criminales continuarán operando con total ventaja en los límites territoriales de estos tres estados más violentos.
Las cifras de muertos del fin de semana no son solo números, representan el colapso de un sistema coordinado que sigue priorizando el cálculo partidista sobre las vidas de los ciudadanos.
