Por. J. Jesús Lemus
Las recientes revelaciones del exembajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, contenidas en su libro de memorias próximo a publicarse, arrojan luz sobre el impacto político tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024.
Los señalamientos exponen las tensiones subyacentes entre el gobierno mexicano y las agencias de inteligencia estadounidenses respecto a la información que posee el cofundador del Cártel de Sinaloa.
De acuerdo con los fragmentos difundidos, Ken Salazar afirma que tras la detención de Zambada, un prominente empresario mexicano cercano y confidente de Andrés Manuel López Obrador —a quien el diplomático se refiere en sus memorias como “El Susurrador”— le transmitió la profunda preocupación que existía en el círculo presidencial.
“AMLO es un hombre diferente. No puede soltar el poder. Está muy preocupado por la información que EUA pueda obtener de El Mayo”, detalla Salazar que le advirtió dicho enlace a finales de agosto de 2024.
El exembajador interpreta esta zozobra como el temor directo a que Zambada “suelte la sopa” y exponga el nivel de penetración del narcotráfico en la estructura gubernamental, vinculando este hermetismo con el cese de la comunicación directa que López Obrador mantuvo con Ken Salazar tras cuestionar abiertamente la reforma al Poder Judicial. Salazar sostiene que la elección popular de jueces podría facilitar la influencia de los cárteles en las instituciones.
Los temores reportados por Salazar conectan con una línea de investigación periodística de alcance internacional. Diversos reportes de medios como ProPublica, Deutsche Welle e InSight Crime han documentado declaraciones de testigos protegidos y agentes de la DEA que apuntan a que operadores del Cártel de Sinaloa habrían destinado millones de dólares para financiar las campañas presidenciales de la izquierda mexicana en ciclos pasados, especialmente en el 2006.
Aunque tanto López Obrador como la presidenta Claudia Sheinbaum han rechazado categóricamente estas acusaciones, catalogándolas como campañas de desprestigio y montajes sin bases jurídicas sólidas, la narrativa sobre el financiamiento ilegal sigue siendo el eje de mayor vulnerabilidad política para el movimiento oficialista ante las cortes estadounidenses.
La posibilidad de que “El Mayo” valide judicialmente estas versiones representa un riesgo estratégico para la continuidad y legitimidad de la llamada Cuarta Transformación.
Lejos de mantener una postura pasiva en la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, Ismael Zambada ha desplegado una estrategia de presión directa contra la actual administración de Claudia Sheinbaum. A través de una carta formal enviada al Consulado de México y procesada por la Cancillería, el capo exigió formalmente su repatriación inmediata.
Su defensa sostiene que su traslado a EE.UU. fue un secuestro ilegal y una violación a la soberanía mexicana. Al apelar al marco legal, presiona al gobierno de Sheinbaum para que intervenga en su rescate legal bajo la premisa de defender el derecho internacional, colocándolos en una disyuntiva política.
En el texto de la misiva, “El Mayo” Zambada eleva la apuesta al lanzar una clara advertencia política. Asegura que, si el gobierno de México no actúa para exigir su entrega, esto constituirá un punto de quiebre absoluto.
De forma directa, el capo advirtió que, si decide hablar, las relaciones en materia de cooperación de impartición de justicia y seguridad entre México y los Estados Unidos se van a fracturar y colapsar.
Este mensaje no como una súplica, sino como un chantaje de alto nivel: una oferta de silencio a cambio de que el aparato diplomático mexicano busque regresarlo a su territorio, donde las condiciones de reclusión y la posibilidad de evitar una condena a muerte —fuera del marco del acuerdo de extradición original— le serían considerablemente más favorables.
