Por. J. Jesús Lemus
El discurso político en México ha mantenido una postura oficial de rechazo a la fracturación hidráulica (fracking) como técnica para la extracción de gas natural, pero la realidad operativa en el subsuelo cuenta una historia diametralmente opuesta.
Mientras la presidenta Claudia Sheinbaum instaló en abril de este año un Comité de Especialistas de Alto Nivel para dictaminar si el fracking es viable en territorio nacional, Petróleos Mexicanos (Pemex) y diversas corporaciones privadas continúan ejecutando esta técnica de manera sistemática.
La justificación del actual gobierno para delegar la decisión a un panel de científicos se centra en evaluar alternativas tecnológicas que mitiguen el impacto ambiental y reduzcan la dependencia del gas natural importado desde Texas, el cual representa tres cuartas partes del consumo nacional.
Sin embargo, este llamado a la evaluación científica se produce en un escenario donde la técnica no es un proyecto a futuro, sino una práctica consolidada.
Pemex comenzó la perforación masiva de pozos mediante fractura hidráulica durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y la actividad continuó con recursos públicos asignados de manera ininterrumpida a lo largo de la administración de Andrés Manuel López Obrador, periodo en el que la prometida prohibición legal nunca se materializó.
La realidad no miente
Los datos operativos confirman la profundidad de esta brecha entre la narrativa y los hechos. Registros de acceso a la información pública revelan que entre 2012 y 2026 se han perforado más de mil pozos mediante fracturación hidráulica convencional en territorio mexicano, concentrándose la actividad en regiones clave como la Cuenca de Burgos, la zona de Tampico-Misantla y el norte de Puebla.
En estas áreas geográficas, proyectos activos como Tamaulipas Constitución, el Área Contractual 2 Tampico-Misantla y el Aceite Terciario del Golfo en Chicontepec operan bajo este método de estimulación de pozos.
La persistencia de estas operaciones evidencia que el fracking ha sido tolerado e internalizado en los planes de producción energética del Estado, operando de manera ajena a las moratorias discursivas.
Las consecuencias de esta actividad en los ecosistemas locales son severas y acumulativas.
El proceso de fracturación hidráulica requiere la inyección a presiones extremas de un fluido compuesto por millones de litros de agua dulce combinada con arena y un cóctel de aditivos químicos altamente tóxicos.
El consumo excesivo de agua potable para estas operaciones compite de forma directa con el abastecimiento de las comunidades locales y la agricultura en regiones que ya enfrentan un severo estrés hídrico.
Una vez realizada la inyección, un porcentaje significativo de este fluido regresa a la superficie cargado no solo con los químicos introducidos, sino con metales pesados y elementos radiactivos presentes en el subsuelo, generando un volumen masivo de aguas residuales de muy difícil tratamiento.
Los daños a la tierra en el norte de Puebla y en las llanuras de Veracruz y Tamaulipas son visibles en la fragmentación de los hábitats y la devastación de terrenos agrícolas. La infraestructura del fracking exige una perforación continua y una densa red de plataformas, caminos de acceso y ductos que erosionan el suelo y eliminan la vegetación nativa.
Agricultores de las zonas afectadas reportan la pérdida total de productividad en tierras de cultivo debido a derrames de hidrocarburos y fluidos de perforación que impregnan los suelos, volviéndolos infértiles y destruyendo cosechas de subsistencia. La falta de remediación ambiental por parte de Pemex y las empresas particulares asociadas mantiene pasivos ambientales crónicos a escasos metros de zonas habitadas.
A la degradación del suelo se suma la contaminación del agua y del aire.
Pobladores cercanos a las plataformas de perforación documentan de manera constante la presencia de sustancias aceitosas y rastros de chapopote en pozos someros de agua que tradicionalmente se utilizaban para el consumo humano y ganadero.
Aunque las autoridades suelen exigir pruebas técnicas de laboratorio a las comunidades afectadas antes de intervenir, el vínculo entre la cercanía de los pozos de fracking y el deterioro de los acuíferos locales es un patrón recurrente.
Asimismo, las emisiones fugitivas de gas metano y la liberación de compuestos orgánicos volátiles como el benceno, tolueno y xileno en las inmediaciones de los pozos generan un impacto directo en la calidad del aire y en la salud pública de las poblaciones rurales.
El veredicto que el comité científico entregará a la presidencia se enfrenta a un territorio ya transformado por décadas de explotación no convencional. La viabilidad del fracking en México no se discute sobre una hoja en blanco, sino sobre una infraestructura existente que sigue operando en los campos petroleros del norte y oriente del país, donde el costo ambiental y social ya ha sido facturado a las comunidades locales.
