Por. J. Jesús Lemus
La tinta en México sigue mezclándose con la sangre. Bajo el amparo de un discurso oficial que diariamente se proclama como el más garantista y protector de la libertad de expresión, la realidad de quienes ejercen el periodismo a ras de suelo en el país dicta una sentencia radicalmente distinta.
En lo que va del año 2026, la violencia sistemática y letal contra los comunicadores no solo ha mantenido su marcha trágica, sino que ha alcanzado niveles de letalidad que colocan a este arranque de administración en un terreno históricamente alarmante.
A pesar de las promesas de cambio, de las constantes declaraciones sobre la defensa de los derechos humanos y de la supuesta transformación en los mecanismos de protección, la prensa mexicana sigue atrapada en un fuego cruzado donde el crimen organizado y la colusión política dictan quién puede hablar y quién debe callar para siempre.
La bitácora del silencio: las víctimas de este año
Ejercer el periodismo de proximidad en las regiones de México continúa siendo una de las actividades más peligrosas del mundo. Los rostros de la tragedia en lo que va de este año configuran un mapa del dolor y de la impunidad que se extiende a lo largo de diversos estados de la República Mexicana:
El año comenzó con un golpe devastador en Veracruz, una de las entidades tradicionalmente más letales para la prensa.
En la ciudad de Poza Rica, el reportero Carlos Castro, quien colaboraba activamente para el portal digital Código Norte, fue cobardemente asesinado en los primeros días de enero.
El ataque ocurrió de manera descarada en el interior de un restaurante bar donde el comunicador se encontraba acompañado de su propia familia, demostrando el nulo temor que los perpetradores le tienen a la acción de la justicia.
Castro ya había manifestado temor por su seguridad debido a la naturaleza de sus coberturas de seguridad en una zona sumamente disputada por células criminales.
Meses más tarde, en el mismo estado de Veracruz, la violencia alcanzó a Roxana Guzmán, también conocida en su comunidad como Roxana Rivera.
La reportera local fue privada de la libertad de manera violenta por un grupo de hombres armados que la sacó a la fuerza de su domicilio particular en el municipio de Nanchital.
Tras semanas de angustia y de búsquedas estériles por parte de sus familiares y colegas, las autoridades finalmente confirmaron en julio el hallazgo de su cuerpo sin vida, sumando otra voz apagada en el sur de la entidad.
La herida en Poza Rica volvió a abrirse en junio de este mismo año cuando se registró el asesinato de Luis Ángel López. López se desempeñaba como un incisivo reportero de nota roja para el periódico Vanguardia, una labor de altísimo riesgo en una región asolada por la delincuencia organizada.
Lo más indignante de su caso es que, al momento de ser ejecutado, el comunicador supuestamente contaba con medidas de protección otorgadas por la comisión estatal encargada de salvaguardar a los periodistas. Su asesinato desnudó de manera definitiva la ineficacia de los protocolos gubernamentales de prevención y seguridad.
La huella de la muerte se trasladó también hacia el sur del país. En el estado de Guerrero, la fiscalía estatal confirmó el hallazgo del cuerpo de Manuel Alejandro Moreno Serna, ampliamente conocido en su gremio como Alex Serna.
Serna combinaba su labor informativa con el activismo ambiental y la defensa del territorio en Zihuatanejo, una doble condición de riesgo que en México suele ser una sentencia de muerte. Su cuerpo fue localizado con visibles huellas de tortura tras haber permanecido desaparecido durante casi dos semanas, un crimen que generó la condena inmediata de organismos internacionales.
La lista de este año también sumó al estado de Puebla, donde se reportó el asesinato de Josué Martínez Contreras. Martínez Contreras era el director y principal motor del portal digital Noticias San Martín Texmelucan.
El periodista fue interceptado y asesinado a balazos en la junta auxiliar de San Lucas Atoyatenco. Su portal era una de las pocas ventanas informativas que denunciaba de manera constante la delincuencia local y los abusos de autoridad en una región fuertemente afectada por el robo de combustible y la extorsión.
La paradoja del discurso y el recuento de los sexenios
El dolor que embarga a las redacciones locales contrasta de forma violenta con la retórica gubernamental. Desde el púlpito del poder federal se insiste en que las cosas han cambiado, que no existe complicidad estatal con el crimen y que el periodismo se respeta como nunca.
No obstante, las cifras y la falta de sentencias firmes contra los autores materiales e intelectuales de estos crímenes demuestran que el Estado mexicano sigue fallando en su obligación primaria de garantizar la vida de sus ciudadanos y, específicamente, de quienes ejercen la libertad de prensa.
Para entender la magnitud de esta tragedia humanitaria y profesional, es indispensable mirar el retrovisor de la historia reciente de México y analizar cómo se ha comportado esta sangría en las últimas administraciones federales. De acuerdo con los registros históricos de organizaciones defensoras de los derechos humanos y la libertad de prensa, el saldo de la muerte se ha repartido de la siguiente manera:
Durante la administración de Vicente Fox Quesada, que abarcó del año 2000 al 2006, se documentó el asesinato de 22 periodistas en el país, un periodo en el que la violencia ligada al narcotráfico comenzaba a focalizarse en los estados fronterizos y del golfo.
La situación se recrudeció de manera alarmante bajo el mandato de Felipe Calderón Hinojosa, entre 2006 a 2012, coincidiendo con la llamada guerra contra el narcotráfico; en ese sexenio se registraron 48 periodistas asesinados.
Posteriormente, en el gobierno de Enrique Peña Nieto, del 2021 al 2018, la cifra se mantuvo prácticamente idéntica con 47 comunicadores asesinados en el territorio nacional.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, con la promesa de pacificar al país y acabar con la impunidad de raíz, no logró revertir la tendencia trágica; al cierre de su mandato en 2024, la organización Artículo 19 contabilizó exactamente 47 periodistas asesinados bajo su administración, equiparando la dolorosa marca del sexenio anterior.
El triste récord del segundo año de gobierno
El análisis de estos datos históricos revela una constante sombría, pero también pone de manifiesto una realidad ineludible y sumamente preocupante respecto al momento político actual: el inicio y el desarrollo de este segundo año de gobierno se han convertido en el periodo más violento para la prensa si se le compara con los arranques de las administraciones federales de los últimos sexenios.
En los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador, las curvas de violencia contra la prensa solían mostrar un incremento paulatino conforme se desgastaban las administraciones y se consolidaban los feudos del crimen organizado en el interior del país.
En contraste, el gobierno actual ha heredado y profundizado una inercia de violencia que ha estallado de forma inmediata.
Al sumar los homicidios de comunicadores registrados desde la toma de posesión a finales de 2024, el transcurso de 2026 y la preocupante cifra que se acumula en lo que va de este año 2026, el promedio de asesinatos para un arranque y segundo año de gestión supera con creces los registros de cualquier administración previa en este mismo punto de su mandato.
Este indicador no es una simple estadística; representa el colapso absoluto del sistema de justicia y de los mecanismos de protección estatal que, lejos de ser reformados de manera integral, operan bajo el desabasto de recursos, la burocracia inoperante y la falta de voluntad política real.
Los periodistas locales, quienes a diario salen a las calles de Veracruz, Guerrero, Puebla, Michoacán o Sinaloa para registrar la realidad de sus comunidades, saben perfectamente que las promesas de palacio nacional no detienen las balas.
En el México actual, informar sigue siendo una ruleta rusa donde el costo por revelar la verdad se paga con la vida, y donde el segundo año de esta administración ya ha dejado una marca histórica de dolor y de silencio imposible de borrar.
