Por. J. Jesús Lemus
El compromiso se proclamó desde las tribunas oficiales como un triunfo absoluto: erradicar el robo de hidrocarburos a través del despliegue masivo de las Fuerzas Armadas, el cierre de ductos clave y un control supuestamente estricto sobre la distribución de combustibles.
Sin embargo, a ocho años del arranque de esa cruzada gubernamental, las propias cifras internas de Petróleos Mexicanos y las investigaciones de campo revelan una realidad diametralmente opuesta.
Las perforaciones ilegales en la red nacional de ductos no solo continúan siendo una sangría multimillonaria para el erario, sino que experimentan un preocupante repunte que deja al descubierto la ineficacia de un plan diseñado para contener un delito que mutó en una verdadera industria del crimen organizado.
Durante el primer cuatrimestre de este año, los registros oficiales de la Subdirección de Salvaguardia Estratégica de la petrolera estatal contabilizaron 3 mil 836 tomas clandestinas en todo el país, frente a las 3 mil 699 detectadas en el mismo lapso del año anterior.
Este incremento, equivalente a un alza cercana al cuatro por ciento a nivel nacional, confirma que los grupos dedicados al huachicol mantienen una capacidad operativa intacta para ordeñar la infraestructura energética sin importar los patrullajes ni los discursos triunfalistas.
El mapa del despojo muestra que el mapa delictivo ha encontrado vías de expansión alarmantes.
Hidalgo se mantiene invariable a la cabeza como el epicentro nacional del ordeñadero, rozando las mil pinchaduras en tan solo cuatro meses. No obstante, el fenómeno ha cobrado una fuerza inusual en otros puntos del territorio nacional.
En Michoacán, las extracciones ilegales se dispararon más de un ciento cincuenta por ciento en comparación con el periodo previo. En el Estado de México las perforaciones treparon casi un sesenta y ocho por ciento, al tiempo que Puebla, Jalisco y Veracruz registran incrementos significativos que superan por mucho las estimaciones del gobierno.
Especialistas en seguridad e investigadores en materia energética señalan que el fracaso de la estrategia radicaría en un diagnóstico profundamente equivocado. El problema del huachicol nunca fue únicamente una cuestión de logística o de presencia militar en los caminos.
Se trata de un ecosistema criminal respaldado por redes de complicidad que operan dentro y fuera de la propia estructura institucional de la petrolera. Los carteles y grupos locales diversificaron sus métodos de extracción, migrando del rudimentario pinchazo con mangueras a complejas obras de ingeniería que incluyen túneles con ventilación, válvulas de alta presión e incluso conexiones directas a naves industriales y estaciones de servicio aparentes.
El impacto del mercado negro de refinados trasciende por completo el balance financiero de la empresa productiva del Estado. Mientras Pemex acumula pérdidas multimillonarias por el volumen saqueado y por las reparaciones urgentes a la infraestructura dañada, las comunidades por donde cruzan los tubos habitan sobre una bomba de tiempo.
La proliferación de tomas clandestinas ha desencadenado incidentes ambientales de gran escala, contaminación de mantos freáticos, incendios destructivos y explosiones con víctimas mortales, perpetuando un entorno de violencia e impunidad impuestas por bandas criminales que someten a poblados enteros.
Diversos análisis independientes coinciden en que la estrategia gubernamental se ha quedado atrapada en el discurso, careciendo de mecanismos reales de trazabilidad técnica, investigación financiera para asfixiar las ganancias de los grupos que compran el combustible a gran escala y un verdadero fortalecimiento de los órganos de procuración de justicia.
Al enfocarse la respuesta pública en operativos vistosos que clausuran tomas que vuelven a ser perforadas a los pocos días en el mismo tramo, el negocio ilícito sigue ofreciendo un margen de ganancia astronómico para el crimen organizado con un riesgo operativo mínimo.
El repunte de este delito expone una fractura evidente entre las métricas vertidas en las conferencias de prensa y lo que acontece diariamente en la red de distribución. México sigue perdiendo miles de barriles diarios por las arterias de su sistema petrolero, demostrando que la vigilancia militarizada por sí sola no ha bastado para apagar un fuego que se alimenta de la corrupción, la demanda ilícita impune y la falta de controles de inteligencia eficaces.
