Por. J. Jesús Lemus
En Guanajuato, la convergencia entre el narcotráfico, la extracción ilegal de hidrocarburos conocida como huachicol y las sucesivas administraciones estatales ha mantenido a la entidad bajo constante observación institucional y de opinión pública. Hoy la gobernadora Libia Denisse García tiene la pesada carga de desestimar o enfrentar los señalamientos de colusión con el narcotráfico.
Estos señalamientos, vertidos desde una celda de una cárcel federal en donde radica José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, son parte de una investigación criminal que se sigue desde Estados, misma investigación que apunta a que la administración actual de Guanajuato habría fundado su control político en la entidad, con base en la ayuda del Cártel de Santa Rosa de Lima.
Desde su detención en agosto de 2020 y su posterior internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano en Almoloya de Juárez, las declaraciones de José Antonio Yépez Ortiz han sido referidas en diversos momentos como parte de la narrativa pública sobre la penetración criminal en el gobierno estatal.
El Cártel de Santa Rosa de Lima, organización que Yépez Ortiz erigió en el triángulo del huachicol en la región Laja-Bajío, basó su hegemonía en el control del robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos, la extorsión a negocios locales y la complicidad de estructuras policiales municipales.
Las afirmaciones que sostienen que este grupo criminal habría financiado o infiltrado campañas políticas en la entidad, incluidas las imputaciones mediáticas dirigidas hacia la actual gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo o hacia liderazgos del Partido Acción Nacional, forman parte de una investigación de EUA, que la Secretaría de Seguridad Publica del gobierno federal estaría apoyando.
Desde la perspectiva estricta del Derecho Procesal Penal en México, una declaración testimonial rendida por un procesado o sentenciado por delincuencia organizada adquiere valor de prueba cuando está respaldada por una cadena de evidencias documentales, peritajes contables y rastreos de la Unidad de Inteligencia Financiera que acrediten el flujo efectivo de recursos hacia las campañas señaladas.
Bajo esa dinámica, la Unidad de Inteligencia Financiera, a petición del gobierno de Estados Unidos estaría revisando movimientos financieros de al menos una docena de funcionarios que actualmente forman parte de la élite de gobierno en Guanajuato, entre los que se encuentra el ex gobernador de Guanajuato Juan Manuel Oliva Ramírez.
El involucramiento de agencias de investigación del gobierno de Estados Unidos, como el Departamento de Justicia o la Administración de Control de Drogas, en el seguimiento de dinámicas de corrupción e infiltración criminal en México se rige por protocolos de cooperación trasnacional.
Si bien estas dependencias realizan labores permanentes de inteligencia para mapear el lavado de dinero proveniente del huachicol y el narcotráfico, las evidencias surgidas de testimonios vertidos por “El Marro” han dado paso a la apertura de una investigación que en cualquier momento se podría formalizar ante cortes de algún distrito norteamericanas.
A nivel federal en México, la Fiscalía General de la República ha abierto diversas carpetas de investigación a lo largo de los últimos años sobre alcaldes, diputados y funcionarios de la región del Bajío, por posibles nexos con el crimen organizado, los que también está conectados de alguna forma con el la gobernador Libia Denisse García.
No obstante, las autoridades judiciales de ambos países han mantenido el criterio institucional de que cualquier dicho atribuido a líderes criminales recluidos debe pasar por filtros de corroboración, evitando que el uso de testimonios de oportunidad sea empleado como herramienta de presión política o desestabilización gubernamental.
Aun así, las declaraciones de José Antonio Yépez Ortiz, las que fueron solicitadas en busca de una línea de investigación sobre la responsabilidad de funcionarios de Morena que estuvieran coludidos con el cártel de Santa Rosa, terminaron resaltando la operación criminal de una elite de gobierno en Guanajuato, encabezada por la gobernadora panista Libia Denisse García, además de su antecesor Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.
Seguridad al servicio del Cártel
Para comprender el contexto general del escrutinio sobre las autoridades estatales en Guanajuato, es indispensable revisar la transformación de la seguridad en la región durante la última década.
En primer lugar, la evolución del modelo criminal del Cártel de Santa Rosa de Lima implicó una diversificación de sus ingresos desde la extracción ilegal de combustible hacia el narcomenudeo y la extorsión sistemática, derivando en un choque violento contra el Cártel Jalisco Nueva Generación por el control de la plaza.
En segundo lugar, los señalamientos a las corporaciones de seguridad han sido constantes, pues históricamente las fiscalías federales y estatales han investigado la penetración de las bandas huachicoleras en las corporaciones de policía municipal de la zona Laja-Bajío, abarcando municipios como Celaya, Villagrán, Juventino Rosas y Apaseo el Grande, donde se registraron detenciones de mandos locales por colaboración directa con el grupo delictivo.
Por último, respecto a la postura del Ejecutivo Estatal, ante los cuestionamientos sobre el avance de la delincuencia organizada, la administración de Libia Dennise García Muñoz Ledo siguiendo el modelo de justicia del ex fiscal Carlos Zamarripa,ha puesto trabas a la colaboración con el Gobierno Federal para no permitir que las fiscalías locales intervengan directamente en la integración de carpetas vinculadas a delitos de alto impacto y narcotráfico.
Hasta la fecha, los órganos oficiales de procuración de justicia de México y Estados Unidos mantienen las investigaciones del entorno de seguridad en Guanajuato centradas en el desmantelamiento de las redes financieras de los carteles, las tomas clandestinas y la depuración policial, sin que se hayan presentado resoluciones judiciales definitivas que vinculen de manera formal la financiación del Ejecutivo estatal con las arcas del crimen organizado.
