Por. J. Jesús Lemus
El estrangulamiento de los flujos de capital ilícito y la desactivación de sus mecanismos de bancarización se han consolidado como la prioridad estratégica del gobierno de Estados Unidos en su ofensiva contra el crimen organizado transnacional.
Desde la sede del Departamento del Tesoro en Washington, la Oficina de Control de Activos Extranjeros ha desplegado una batería de sanciones financieras sin precedentes destinadas a desmantelar la arquitectura empresarial que sostiene a las organizaciones criminales mexicanas. Este replanteamiento de la seguridad nacional estadounidense no solo persigue el decomiso de narcóticos en sus fronteras, sino la paralización total del engranaje económico que permite a los cárteles operar con un nivel de influencia logística y operativa global.
A la par de estos bloqueos económicos, desde los círculos de inteligencia y la comunidad de agencias de seguridad estadounidenses se ha elevado una presión política considerable contra el gobierno de México. Diversas voces del gabinete de seguridad y exdirectivos del Departamento de Justicia de EUA sostienen que ahogar las finanzas del narcotráfico resulta insuficiente si el Estado mexicano no desarticula las redes de complicidad política y de protección institucional que otorgan impunidad a estas organizaciones.
La tesis formulada desde Washington plantea que la infraestructura del crimen organizado no podría subsistir ni controlar regiones enteras sin el blindaje brindado por actores del ámbito político y gubernamental en los tres niveles de gobierno.
El cerco económico articulado por el Departamento del Tesoro parte del principio de que el narcotráfico moderno opera como una corporación multinacional diversificada. Para ahogarla, las investigaciones federales estadounidenses han dejado de centrarse de manera exclusiva en las incautaciones de droga en aduanas o pasos fronterizos.
La estrategia actual persigue rastrear el dinero desde su origen en el menudeo en ciudades estadounidenses hasta su reintegración en el sistema financiero formal a través de esquemas sofisticados de lavado de dinero, operaciones con criptomonedas, importación ilegítima de precursores químicos y el uso de empresas fachada en sectores como la inmobiliaria, la seguridad privada y el comercio exterior.
La respuesta institucional en Washington ha implicado catalogar a las principales organizaciones delictivas mexicanas bajo la orden ejecutiva sobre sanciones por narcotráfico y la designación de organizaciones terroristas extranjeras. Esto faculta a las autoridades judiciales a congelar de forma inmediata cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense, prohibir a empresas y ciudadanos de ese país realizar transacciones con los señalados y coordinar alertas de operaciones sospechosas con el sistema bancario internacional.
Dentro de esta ofensiva global, las agencias de inteligencia han delimitado con precisión cuáles son los carteles prioritarios, sus liderazgos actuales, los motivos específicos por los que representan una amenaza de seguridad nacional para la sociedad estadounidense y las zonas geográficas en México donde concentran su mayor poder de fuego y control territorial.
El Cártel de Sinaloa, aun es una preocupación
El Cártel de Sinaloa continúa en el primer plano de las investigaciones del gobierno estadounidense. Aunque la organización ha atravesado fracturas internas profundas tras la captura y extradición de sus fundadores históricos, mantiene una estructura celular altamente adaptativa que domina el tráfico de opioides sintéticos hacia el norte.
En la cúpula directiva señalada por los tribunales federales de Estados Unidos figuran los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, conocidos como Los Chapitos, junto con la facción que responde a la línea de Ismael Zambada Sicairos. Tras las detenciones de figuras históricas como Joaquín Guzmán Loera e Ismael Zambada García, el liderazgo operativo y financiero recayó en mandos intermedios y redes familiares dedicadas a la gestión logística y al blanqueo de capitales mediante criptoactivos y empresas de servicio.
Para Estados Unidos, el Cártel de Sinaloa representa un riesgo de seguridad nacional crítico por haber sido el pionero en la transición industrial hacia las drogas sintéticas. La organización modificó el mercado del narcotráfico al reducir la dependencia de los cultivos agrícolas y priorizar la fabricación masiva de fentanilo y metanfetaminas en laboratorios clandestinos.
La ingente cantidad de dosis de fentanilo introducidas a territorio estadounidense por esta red ha sido identificada como una de las causas directas de la crisis de salud pública y sobredosis que afecta a cientos de comunidades. En términos estrictamente financieros, la OFAC ha revelado que este cártel utiliza complejos esquemas transnacionales que involucran la compra de precursores químicos en Asia, procesamientos en México y el retorno de ganancias mediante redes de divisas digitales y firmas de fachada.
En el territorio mexicano, el Cártel de Sinaloa ejerce un dominio histórico en la franja del Pacífico y la frontera norte. Su centro neurálgico de operaciones se ubica en el estado de Sinaloa, pero extiende una presencia dominante y disputada en Sonora, Baja California, Chihuahua y Durango, regiones clave para el control de aduanas, puertos de entrada y puertos marítimos como Manzanillo y Ensenada, indispensables para el arribo de insumos químicos procedentes de Asia.
CJNG, el nuevo imperio criminal de alto riesgo
El Cártel Jalisco Nueva Generación se ubica al mismo nivel de prioridad estratégica para las agencias de seguridad. Caracterizado por una estructura militarizada y una expansión territorial agresiva, el CJNG ha sido objeto de múltiples rondas de sanciones financieras dirigidas a golpear su entramado corporativo.
Tras la pérdida del liderazgo fundador ejercido por Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, la estructura de mando se reconfiguró bajo la conducción de figuras identificadas por el Tesoro estadounidense como Juan Carlos González, alias El Pelón, junto a una red de operadores regionales entre los que destacan mandos encargados del tráfico de cocaína sudamericana y el control de aduanas marítimas, como los hermanos Marcial Apolinar y Pedro Díaz Robles.
La amenaza que representa el CJNG para Estados Unidos radica en su capacidad de fuego, su modelo de franquicias criminales y la diversificación exponencial de sus fuentes de financiamiento. Además del tráfico masivo de fentanilo, metanfetaminas y cocaína, la organización ha incursionado de forma masiva en el fraude inmobiliario de tiempos compartidos, el despojo, la extorsión sistemática y el robo e importación ilícita de hidrocarburos, conocido como huachicol. Informes de inteligencia estadounidense han alertado que la capacidad del CJNG para infiltrar el comercio formal de combustibles genera flujos billonarios de dinero ilícito que contaminan la economía legal de ambos lados de la frontera.
El alcance territorial del CJNG en México es el más amplio reportado por las autoridades. Su bastión principal se localiza en el estado de Jalisco, pero mantiene un control hegemónico o presencia operativa violenta en Guanajuato, Michoacán, Colima, Nayarit, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, abarcando vías terrestres y centros industriales clave para la logística del país.
No pierden de vista al Cártel del Noreste
En la zona del Golfo de México y la frontera este, el Cártel del Noreste, escisión violenta de Los Zetas, y las facciones remanentes del Cártel del Golfo constituyen otro foco de atención prioritaria para los departamentos de Justicia y del Tesoro.
Entre sus principales mandos se encuentran operadores financieros y jefes de plaza dedicados al control del contrabando en la frontera con Texas, entre los que las agencias estadounidenses han identificado a mandos como Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, además de redes de abogados y gestores empresariales dedicados al blanqueo de activos en establecimientos de entretenimiento y giros comerciales urbanos.
El riesgo planteado por estas organizaciones para Estados Unidos deriva de su dominio directo sobre los cruces fronterizos de mayor flujo comercial de Norteamérica, como el paso entre Nuevo Laredo y Laredo. Su modus operandi combina el tráfico de drogas con el tráfico masivo de personas, la extorsión a cadenas de suministro transfronterizas y el uso de casinos y centros de apuestas para la conversión de efectivo ilícito en dinero bancarizado. La cercanía geográfica inmediata de sus operaciones con comunidades estadounidenses genera un impacto directo en la seguridad fronteriza.
El despliegue territorial de este bloque criminal se focaliza de manera predominante en el estado de Tamaulipas, extendiendo su influencia e incursiones operativas hacia Coahuila, Nuevo León y sectores del norte de Veracruz y San Luis Potosí.
La Familia Michoacana y sus finanzas ilegales
El listado de organizaciones bajo escrutinio financiero incluye a La Familia Michoacana y su vertiente La Nueva Familia Michoacana. Dirigidas por los hermanos Johnny y José Alfredo Hurtado Olascoaga, conocidos como El Pez y El Fresa, estas estructuras criminales se han transformado en actores regionales con alta capacidad de extorsión a sectores productivos esenciales como la agricultura, la minería y el comercio minorista.
Su peligrosidad para los intereses estadounidenses radica en la diversificación de sus actividades hacia la producción de drogas sintéticas y en su capacidad para desestabilizar la gobernabilidad local mediante el sometimiento de autoridades municipales y regionales, bloqueando la actividad económica de empresas internacionales que operan en el centro y sur de México. Tienen presencia en el Estado de México, Guerrero, Michoacán y zonas colindantes de Morelos y Puebla.
El endurecimiento de la política estadounidense hacia las finanzas del crimen organizado ha abierto una profunda discusión sobre los límites de la cooperación bilateral. Mientras que la Oficina de Control de Activos Extranjeros amplía constantemente su lista de personas y empresas bloqueadas, exigiendo el congelamiento inmediato de cuentas a través de las unidades de inteligencia financiera, las voces más duras en Washington señalan que el bloqueo de bienes es insuficiente si no se persiguen de manera judicial las redes de complicidad en la función pública.
El planteamiento que cobra fuerza entre los analistas de seguridad de Estados Unidos sostiene que los cárteles no actúan como entes aislados al margen de la sociedad, sino que operan mediante redes de protección compuestas por autoridades locales, mandos policiales, operadores judiciales y figuras políticas que facilitan el libre tránsito de insumos, el resguardo de laboratorios y la impunidad de las estructuras de lavado de dinero.
Por ello, la estrategia financiera impulsada desde el Departamento del Tesoro busca desmantelar la viabilidad económica del narcotráfico mediante la interrupción de sus canales de capital, forzando al gobierno mexicano a ejecutar investigaciones que no se detengan en los cabecillas armados, sino que alcancen las estructuras empresariales y políticas que les sirven de sustento. El escenario futuro del combate al crimen organizado transnacional se define en el terreno de la inteligencia financiera, los algoritmos de rastreo bancario y la voluntad política para neutralizar la narcopolítica en la región.
