Por. J. Jesús Lemus
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y la DEA han desclasificado recientemente una acusación formal que sacude la estructura política de Sinaloa y México. El informe señala a 10 altos mandos activos y exfuncionarios de haber operado como una extensión del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de “Los Chapitos”.
Estos son los señalados por el gobierno de Estados Unidos
Rubén Rocha Moya (Gobernador de Sinaloa): Acusado de conspiración para importar cantidades masivas de fentanilo, cocaína y heroína. Se le señala de haber pactado protección política y seguridad institucional para el cártel incluso antes de asumir el cargo en 2021.
Enrique Inzunza Cázarez (Senador y exsecretario de Gobierno): Implicado en la misma red de conspiración y protección institucional. Su rol habría sido clave por su pasada influencia en el Poder Judicial del estado.
Enrique Díaz Vega (Exsecretario de Administración y Finanzas): Se le acusa de colaboración directa con el narcotráfico y de facilitar el flujo de recursos o protección mediante su cargo administrativo.
Juan de Dios Gámez Mendívil (Alcalde de Culiacán): Señalado por conspiración para el tráfico de drogas. La acusación sugiere que la capital del estado operó bajo una política de “impunidad permitida” bajo su mando.
Gerardo Mérida Sánchez (Exsecretario de Seguridad Pública estatal): Acusado de tráfico de drogas y uso ilegal de armamento. Se le señala por permitir que las fuerzas estatales no interfirieran en las operaciones delictivas.
Dámaso Castro Zaavedra (Exvicefiscal General de Sinaloa): La DEA sostiene que recibió sobornos mensuales (estimados en $11,000 USD) de Los Chapitos a cambio de filtrar información sobre investigaciones y operativos.
Marco Antonio Almanza Avilés (Exmando de la Policía de Investigación): Acusado de conspiración y posesión de armas de alto poder, sirviendo como brazo operativo dentro de la fiscalía local.
Alberto Jorge Contreras Núñez, alias “Cholo” (Exmando de la Policía de Investigación): Señalado por narcotráfico y brindar protección directa a las rutas de transporte de droga.
José Antonio Dionisio Hipólito, alias “Tornado” (Exsubdirector de la Policía Estatal): Acusado de utilizar la estructura policial para el trasiego de narcóticos y protección de líderes criminales.
Juan Valenzuela Millán, alias “Juanito” (Excomandante de la Policía Municipal de Culiacán): Es el perfil con los cargos más graves; además de narcotráfico, se le acusa de secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y de un familiar de esta, lo que conlleva una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
La acusación general para los diez involucrados se centra en tres ejes principales ante la corte de Manhattan:
- Conspiración para el Narcotráfico: Importación masiva de fentanilo, metanfetamina, cocaína y heroína hacia EE. UU.
- Delitos de Armas: Posesión y uso de ametralladoras y dispositivos destructivos para facilitar las actividades del cártel.
- Corrupción Institucional: Aceptación de sobornos a cambio de impunidad operativa, filtración de datos de inteligencia y protección de sicarios.
El gobierno de México ha expresado su rechazo a estas acusaciones, calificándolas de “políticas” y enviando una queja diplomática por la falta de pruebas compartidas antes de la difusión del informe. Mientras tanto, en Sinaloa, el gobernador Rocha Moya sostiene que las acusaciones son infundadas.
