Por. J. Jesús Lemus
Desde las tribunas oficiales de la Cuarta Transformación se repite un mantra con insistencia: “la pobreza está disminuyendo”. El argumento principal para sostener esta afirmación es el histórico aumento en el presupuesto destinado a los apoyos económicos directos y programas sociales para los sectores más vulnerables.
Sin embargo, cuando se contrasta el discurso con la realidad de las calles, la narrativa empieza a desmoronarse. Si bien las transferencias monetarias alivian la necesidad inmediata, la pobreza estructural sigue manteniendo una tendencia al alza.
A falta de un reconocimiento en los informes oficiales, la evidencia de este estancamiento y deterioro social se manifiesta en dos termómetros infalibles que el gobierno no puede maquillar: la explosión de la delincuencia común y el flujo migratorio hacia los Estados Unidos.
Las transferencias directas han funcionado como un tanque de oxígeno para millones de familias, pero no modifican las causas de fondo de la pobreza, como la falta de empleo formal, salarios devorados por la inflación, y carencia de servicios de salud eficientes.
Al no generarse riqueza ni oportunidades de desarrollo autónomo, el poder adquisitivo real sigue en picada. La gente recibe más dinero en efectivo, pero las cosas cuestan más y los servicios públicos básicos están más deteriorados, manteniendo a la población atrapada en el mismo ciclo de vulnerabilidad.
Cuando las familias no logran cubrir la canasta básica mediante vías legales, los índices delictivos del fuero común —aquellos que impactan directamente el día a día del ciudadano de a pie— se disparan. No estamos hablando de las grandes operaciones del crimen organizado, sino de los delitos de supervivencia y desesperación.
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) y reportes del Observatorio Nacional Ciudadano, las tasas de delincuencia han alcanzado niveles de más de 24,000 víctimas por cada 100,000 habitantes.
El fraude, el robo o asalto en la calle y transporte público, con tasas que superan los 6,000 delitos por cada 100,000 habitantes, y la extorsión representan más del 55% de la incidencia delictiva total del país.
Cerca del 93.2% de los delitos del fuero común no se denuncian o no derivan en una carpeta de investigación, lo que significa que el impacto real en los bolsillos y la tranquilidad de los mexicanos que menos tienen es mucho más grave de lo que muestran los registros judiciales.
La Migración como Válvula de Escape
Si la pobreza realmente estuviera disminuyendo y las condiciones de vida mejoraran gracias a los programas sociales, los mexicanos no arriesgarían sus vidas para abandonar el país. La migración es el indicador socioeconómico más honesto: la gente huye a donde hay trabajo y seguridad.
A pesar del endurecimiento extremo de las políticas migratorias en la frontera norte por parte de los Estados Unidos, los registros de movilidad confirman que el éxodo mexicano no cesa.
El perfil de la migración y las deportaciones demuestra que los estados con mayores carencias y problemas de violencia siguen encabezando la lista de personas que buscan cruzar la frontera con Estados Unidos.
Regiones como Chiapas, Guanajuato, Guerrero, Veracruz, Oaxaca, Michoacán y Puebla concentran el mayor volumen de connacionales devueltos o en tránsito irregular, coincidiendo exactamente con las zonas de mayor rezago económico.
El flujo constante y los ligeros incrementos en las remesas enviadas a México reflejan que la economía de millones de hogares de escasos recursos ya no depende del éxito de las políticas internas, sino del sacrificio de los migrantes en el exterior.
El incremento de los apoyos económicos ha servido para contener temporalmente el descontento, pero ha fracasado en erradicar la pobreza. Un país donde el asalto en el transporte público es el pan de cada día y donde miles siguen huyendo hacia el norte no es un país que esté saliendo de la pobreza; es un país que sobrevive a base de subsidios mientras su tejido social se sigue fracturando.
