Por. J. Jesús Lemus
El flujo migratorio que ingresa a México a través de la frontera con Guatemala no solo no se ha detenido, sino que experimenta una mutación estructural donde la contención oficial actúa como el principal motor de la clandestinidad y el abuso.
Bajo una política de desgaste, miles de personas de diversas nacionalidades continúan cruzando diariamente los puntos ciegos del río Suchiate, enfrentando un aparato burocrático mexicano que, lejos de ordenar el tránsito, parece diseñado para alimentar mercados criminales.
De acuerdo con monitoreos en plataformas digitales y redes de albergues en la región centroamericana, se está articulando una nueva movilización masiva programada para ingresar a territorio mexicano durante las primeras semanas de julio.
La convocatoria, impulsada inicialmente por redes de migrantes rezagados en el istmo centroamericano y dinamizada por grupos procedentes de Honduras, busca romper el cerco que mantiene saturadas las localidades de la frontera sur.
A diferencia de los éxodos de años anteriores, esta movilización se promueve como una respuesta directa a la suspensión de opciones de regularización efectivas en los puntos de control fronterizo y el incremento de los costos de los alquileres y la vida en Tapachula.
Avanzar en bloque hacia el centro de México para evadir las detenciones arbitrarias y la dispersión forzada ejecutada por las fuerzas federales, es la única opción de decenas de miles que aspiran a llegar a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida.
Ineficiencia gubernamental: Tapachula como olla de presión
La estrategia del gobierno federal se sostiene sobre una contradicción operativa: un discurso de derechos humanos combinado con una práctica de confinamiento absoluto. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) operan bajo un esquema de asfixia administrativa.
El rezago en la emisión de tarjetas de visitante por razones humanitarias o resoluciones de refugio obliga a las familias a permanecer meses en la indigencia en plazas públicas y albergues rebasados, sin derecho al trabajo ni a la libre movilidad.
Esta parálisis institucional no es un fallo logístico; funciona como un mecanismo de disuasión que, en la práctica, produce una crisis humanitaria caracterizada por brotes de ansiedad, depresión y violencia interna en las zonas de concentración migrante.
El mayor riesgo del actual modelo migratorio radica en que la ineficiencia institucional empuja directamente a los migrantes hacia las redes del narcotráfico y el tráfico de personas. Informes de organismos internacionales y denuncias de colectivos locales confirman que el INM opera, en múltiples tramos, como una aduana de cobro para el crimen organizado.
Las delegaciones migratorias en Chiapas, Veracruz, Tamaulipasa y Oaxaca arrastran un historial sistémico de colusión. Los agentes del INM y corporaciones policiacas locales participan activamente en redes de extorsión, exigiendo pagos ilegales para permitir el libre paso de autobuses o camionetas de carga.
Quienes carecen de recursos para sobornar a la autoridad o pagar un “coyote” quedan expuestos al secuestro masivo, la explotación laboral forzada y la trata de personas controlada por las organizaciones criminales que disputan las rutas del estado de Chiapas.
El resultado es un sistema donde el estatus de irregularidad de las personas en tránsito se convierte en una mercancía sumamente lucrativa para los actores criminales, respaldado por la opacidad y la impunidad de los funcionarios encargados de su protección.
