Por. J. Jesús Lemus
El despliegue operativo del gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, cobró una dimensión internacional tras revelarse la contratación de Roger Stone, uno de los consultores políticos más controvertidos y cercanos al expresidente estadounidense Donald Trump.
La narrativa oficial impulsada desde el Palacio de Gobierno potosino califica esta relación laboral como un esfuerzo técnico orientado al reposicionamiento de la marca estado y el fortalecimiento de la imagen pública del mandatario en el extranjero.
Sin embargo, en los círculos de inteligencia binacional se analiza este movimiento bajo una óptica distinta: Stone no opera campañas convencionales de relaciones públicas; su especialidad radica en el cabildeo de alto nivel, la apertura de canales extraoficiales y la gestión de operadores con influencia directa en la cúpula del Partido Republicano.
Las motivaciones de fondo para acercarse al entorno de Trump responden a una estricta necesidad de blindaje jurídico. Agencias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos mantienen abiertos expedientes que examinan los flujos financieros y los antecedentes del mandatario potosino.
El verdadero propósito de integrar a Stone a su equipo es establecer un canal de comunicación de emergencia que le permita negociar un acuerdo de exclusión o un perdón de facto ante las agencias norteamericanas.
Con la posibilidad latente de congelamiento de activos remanentes, restricciones definitivas de visado y la activación de órdenes de presentación, la estrategia gallardista apuesta a que el peso político del consultor en Florida sirva de contrapeso frente a la presión de las agencias de seguridad que insisten en judicializar sus carpetas en cortes federales estadounidenses.
De la reclusión en Ocampo a la sombra de Los Zetas
Las indagatorias que pesan sobre Ricardo Gallardo Cardona, conocido en los ámbitos político y policial como “El Pollo”, no son producto de coyunturas recientes. Los primeros informes que vinculan a su grupo político con la delincuencia organizada datan del periodo de expansión de la organización criminal de Los Zetas en el noreste del país.
La acumulación de indicios tuvo un punto de quiebre institucional en enero de 2015, cuando la entonces Procuraduría General de la República ejecutó una orden de aprehensión en su contra mientras se desempeñaba como alcalde con licencia de Soledad de Graciano Sánchez.
Gallardo fue recluido en el penal federal de máxima seguridad de Ocampo, Guanajuato, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La investigación original, impulsada por la Unidad de Inteligencia Financiera, acreditó el desvío y la posterior triangulación de más de 200 millones de pesos de las arcas municipales hacia clínicas privadas y empresas de las que el propio Gallardo y su padre eran accionistas.
Aunque recuperó la libertad once meses después debido a un amparo que desestimó la solidez técnica de las pruebas ministeriales de la época, las agencias estadounidenses retomaron los elementos de lavado de dinero y añadieron líneas de investigación relativas a la facilitación de operaciones para el tráfico de drogas y protección a células delictivas locales.
La ingeniería de la sucesión
En el plano local, el blindaje judicial se complementa con una estrategia de permanencia dinástica orientada a las elecciones de 2027. El gobernador ha diseñado el camino para que su esposa, la actual senadora de la República Ruth González Silva, sea la candidata oficial para sucederlo en el cargo.
El plan de control político incluyó el impulso a una polémica reforma en el Congreso del Estado encaminada a forzar que las candidaturas para la gubernatura en 2027 se restringieran exclusivamente a mujeres, bajo el argumento de la paridad de género obligatoria.
Dicha modificación constitucional provocó fracturas inmediatas en la coalición oficialista regional y generó un distanciamiento explícito con la dirigencia nacional de Morena. Ante el impacto mediático y la presión del Poder Ejecutivo federal, que ha manifestado una postura estricta en contra del nepotismo y las sucesiones familiares directas, Gallardo Cardona ejecutó un repliegue táctico al vetar la misma ley que sus bancadas aliadas habían aprobado.
Este veto no cancela la aspiración de su esposa; por el contrario, reconfigura la estrategia legal para permitir una contienda abierta donde la estructura territorial y financiera del Partido Verde sea volcada para sostener la candidatura de González Silva, garantizando la continuidad del grupo político familiar en el control del estado.
