Por. J. Jesús Lemus
El repudio popular manifiesto en gritos de enojo, a través del ¡fuera! ¡fuera! Que encaró la gobernadora de Guanajuato Libia Denisse García Muñoz Ledo, no es fortuito. Es el resultado del enojo acumulado de los pobladores del Bajío que han visto como la administración de la señora García, por aliarse con el Cártel de Santa Rosa de Lima, se olvidó de la gente.
Frente a las fraudulentas encuestas de popularidad de la gobernadora, la realidad no se oculta: Guanajuato vive una de las etapas más convulsas y sangrientas de su historia moderna. Esta entidad federativa, caracterizada históricamente por su pujanza económica, su relevante corredor industrial y su enorme acervo cultural, se ha transformado en el epicentro de una cruenta disputa entre la delincuencia organizada que ha alterado la dinámica social, económica y comunitaria de sus habitantes.
Muchas de las ciudades de Guanajuato se colocan en los índices más alarmantes de violencia a nivel nacional e internacional. Y están allí por los factores estructurales propiciados por el gobierno estatal a causa de su dinámica de colusión de los grupos criminales, que ha derivado en la emergencia de las fosas clandestinas, el doloroso fenómeno de la desaparición de personas y el incremento de los homicidios dolosos
El origen de la conflagración armadas en Guanajuato no puede explicarse mediante un factor único, sino a través de la confluencia de condiciones geográficas, económicas y de infraestructura que volvieron a la región codiciable para las redes del crimen organizado.
Huachicol, el origen del mal
El corredor industrial, atravesado por la autopista federal 45 y provisto de una vasta red ferroviaria y de carreteras secundarias, conecta de manera estratégica el centro del país con el norte y las fronteras hacia Estados Unidos. Adicionalmente, la presencia de infraestructura energética crítica, como la refinería “Ingeniero Antonio M. Amor” en Salamanca y el paso de importantes poliductos de Petróleos Mexicanos, convirtió al estado en la cuna del robo de hidrocarburos a gran escala, actividad conocida popularmente como huachicol.
Lo que inició como la explotación del mercado negro de combustibles escaló vertiginosamente hacia la diversificación de delitos de alto impacto, abarcando la extorsión sistemática a pequeños y grandes comercios, el narcomenudeo, el secuestro y el control del tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y el cristal. Esta mutación criminal trajo consigo la ruptura del tejido social y el surgimiento de un escenario de confrontación armada abierta.
Durante casi un decenio, el conflicto principal ha estado protagonizado por dos grandes organizaciones antagónicas: el Cártel de Santa Rosa de Lima y el Cártel Jalisco Nueva Generación. El Cártel de Santa Rosa de Lima, surgido originalmente como una estructura nativa centrada en el huachicol en la zona de Villagrán, Juventino Rosas y Celaya, ha logrado mutar y subsistir pese a la captura de sus principales liderazgos históricos.
Para resistir los embates de sus enemigos, esta organización ha recurrido alianzas tácticas con otras estructuras con presencia nacional, como facciones del Cártel del Golfo y células remanentes de otras organizaciones. Asimismo, la irrupción de brazos armados altamente violentos vinculados a esta agrupación, como el grupo conocido como La Marriza, ha reconfigurado el mapa delictivo en municipios clave como Salamanca, Celaya y Villagrán, desencadenando una serie de ataques armados y masacres en lugares públicos.
Por su parte, el Cártel Jalisco Nueva Generación irrumpió con fuerza expansiva con el objetivo de apoderarse de las rutas de tránsito, las plazas de venta de droga y las zonas industriales de la entidad. Esta organización ha desplegado una estrategia militarizada caracterizada por el uso de armamento de alto poder, vehículos blindados artesanalmente y tácticas de emboscada dirigidas tanto contra grupos rivales como contra las fuerzas de seguridad pública local y estatal.
Hay cinco cárteles de las drogas
A estas dos grandes estructuras se suma la operación fragmentada de disputas locales y bandas independientes que actúan como contratistas de la violencia o que extorsionan de forma autónoma. Informes de inteligencia y de observatorios de seguridad confirman la interacción activa de al menos cuatro a cinco agrupaciones delictivas diferenciadas que disputan el control territorial en Guanajuato.
Entre ellas figuran las células operativas del Cártel de Santa Rosa de Lima, los frentes de combate del Cártel Jalisco Nueva Generación, escisiones regionales de Los Viagras o grupos michoacanos que penetran por el sur del estado, así como redes dedicadas al narcomenudeo y la extorsión asociadas defensivamente con el Cártel de Sinaloa. Esta fragmentación ha vuelto impredecible la violencia, ya que los constantes cambios de lealtades y las pugnas por el control de calles concretas multiplican las agresiones armadas cotidianas.
Las consecuencias directas de esta guerra encarnizada se reflejan de manera dramática en las cifras de homicidios dolosos. Guanajuato se ha mantenido durante varios años consecutivos como una de las entidades con el mayor número de asesinatos absolutos en México.
La frecuencia con la que ocurren ejecuciones, masacres en bares, comercios, fiestas familiares o instalaciones deportivas, así como los constantes enfrentamientos contra agentes de la policía municipal y fuerzas estatales, han convertido al estado en un foco de atención prioritaria para la seguridad nacional. Aunque en periodos recientes las autoridades han reportado fluctuaciones y reducciones porcentuales en las medias diarias de homicidios a raíz del despliegue masivo de las Fuerzas Federales y la Guardia Nacional, los volúmenes acumulados continúan ubicando al territorio guanajuatense en niveles críticos de letalidad.
Más de 800 fosas clandestinas
Vinculado intrínsecamente a la crisis de homicidios se encuentra el drama humanitario de las desapariciones de personas y el alarmante hallazgo de fosas clandestinas. Por años, la existencia de entierros ilegales fue negada o minimizada en el discurso oficial; sin embargo, el trabajo incansable de los colectivos de búsqueda conformados por madres, hermanas y familiares de personas desaparecidas sacó a la luz la aterradora dimensión del problema.
De acuerdo con registros documentados por colectivos de búsqueda, observatorios independientes y el Laboratorio de Resistencias contra Desapariciones, la entidad acumula un histórico que supera las 800 fosas clandestinas.
En el periodo correspondiente a 2025 y en lo que transcurre de 2026, la localización de estos predios utilizados por el crimen organizado como sitios de exterminio e inhumación ilícita ha mantenido un ritmo constante e incesante. Tan solo en los primeros meses de 2026, los informes de organizaciones especializadas como Causa en Común situaron a Guanajuato entre las entidades con mayor número de fosas halladas, registrando decenas de puntos de hallazgo en municipios como Juventino Rosas, Villagrán, Salvatierra, Irapuato y Celaya.
En estos sitios, las brigadas de búsqueda comunitarias y los peritos especializados han desenterrado cientos de restos óseos y cuerpos fragmentados. El caso de Juventino Rosas y Villagrán representa uno de los ejemplos más dolorosos, donde en intervenciones recientes se han ubicado fosas con restos vinculados a decenas de víctimas de forma simultánea.
Este fenómeno expone una metodología criminal sistemática: la privación de la libertad, la tortura, la ejecución en la clandestinidad y la ocultación de cadáveres con el objetivo deliberado de entorpecer las investigaciones judiciales y generar zozobra entre los familiares de los desaparecidos.
Los desaparecidos, la otra crisis
La crisis de desapariciones ha derivado en una saturación de los servicios periciales y de los forenses estatales, generando un severo rezago en la identificación genética de los cuerpos recuperados. Miles de familias guanajuatenses caminan a diario entre brechas, cerros y predios abandonados armadas únicamente con varillas, palas y la esperanza de encontrar a sus seres queridos, enfrentando además graves riesgos para su integridad física debido a las amenazas directas emitidas por los grupos armados que operan en esas regiones.
El impacto urbano de esta catástrofe humanitaria se concentra con especial dureza en cuatro municipios de la entidad: León, Celaya, Pénjamo e Irapuato. Diversos estudios de organizaciones civiles nacionales e internacionales encargadas de evaluar los índices delictivos a nivel global sitúan a estas ciudades dentro de los rankings de las localidades más violentas del país y del mundo.
León, el municipio más poblado y el motor económico del estado gracias a su industria del calzado y servicios, ha sufrido una degradación progresiva de sus condiciones de seguridad. La ciudad ha registrado elevadas tasas de homicidios impulsadas por la disputa del mercado local de consumo de drogas, el control de colonias periféricas y los ataques sistemáticos perpetrados por sicarios en la vía pública. León ha figurado de manera recurrente en el top ten de los municipios con mayor cantidad absoluta de asesinatos en México, desmitificando la idea de que la violencia se concentraba exclusivamente en las áreas rurales o en el sur del estado.
Celaya se convirtió en el epicentro simbólico y operativo de la confrontación entre el Cártel de Santa Rosa de Lima y sus rivales. Situada estratégicamente en la Laja-Bajío, Celaya ha experimentado niveles de violencia extrema que abarcan el asesinato frecuente de elementos de la policía municipal, atentados con explosivos, quema de comercios por el no pago de extorsiones y homicidios múltiples en establecimientos públicos. Las tasas de homicidios por cada cien mil habitantes en Celaya la han posicionado en años recientes entre las ciudades más peligrosas del planeta, afectando severamente su actividad industrial y comercial.
Irapuato presenta un escenario similarmente desolador. Caracterizada por ser un nodo de comunicaciones clave y un relevante centro agrícola e industrial, Irapuato encabeza las encuestas de percepción de inseguridad a nivel nacional. El municipio ha sido escenario de masacres en centros de rehabilitación, ataques a vulcanizadoras y bares, así como del hallazgo constante de fosas clandestinas urbanas y periurbanas. Los constantes enfrentamientos y la presencia encubierta de células delictivas mantienen a la población en un estado constante de alerta.
Pénjamo, ubicado en el suroeste del estado y colindante con los estados de Michoacán y Jalisco, funciona como un corredor de tránsito estratégico para el crimen organizado. Su ubicación geográfica lo ha convertido en una zona de constante disputa fronteriza entre agrupaciones enemigas. En Pénjamo, las incursiones armadas, los hallazgos de cuerpos en caminos de terracería y las desapariciones forzadas se han multiplicado, consolidándolo como uno de los focos rojos de alta violencia en la región del Bajío.
La violencia acumulada de León, Celaya, Irapuato y Pénjamo ilustra la forma en que la delincuencia organizada ha permeado los principales polos urbanos del estado. Esta situación ha impactado la calidad de vida de los guanajuatenses, imponiendo toques de queda de facto en diversas comunidades, alterando los horarios de actividad económica y provocando el desplazamiento forzado de familias que huyen de las amenazas, el despojo de sus bienes o la violencia directa.
Las respuestas institucionales ante esta crisis han sido complejas y, a menudo, insuficientes frente a la magnitud del desafío. La estrategia estatal ha combinado operativos de captura de objetivos prioritarios, el fortalecimiento de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la coordinación con las fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.
Sin embargo, la capacidad de adaptación de los grupos criminales, sumada a la vulnerabilidad de las corporaciones policiales municipales —muchas de las cuales han sufrido bajas constantes o cooptación por parte del crimen—, complica la pacificación sostenible del territorio.
El reto de justicia e identificación de víctimas permanece como una de las deudas más dolorosas del Estado. A pesar de los esfuerzos por mejorar las bases de datos genéticas y la infraestructura forense, el volumen de hallazgos en fosas clandestinas sobrepasa la capacidad operativa actual. La articulación entre las autoridades gubernamentales y las organizaciones de la sociedad civil, en especial con los colectivos de familias buscadoras, resulta indispensable para avanzar en los procesos de verdad, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.
Por eso le gritaron ¡fuera! ¡fuera! A la gobernadora Libia Denisse García, porque el estado de Guanajuato atraviesa una encrucijada determinante.
La superación de este periodo de violencia estructural requerirá un esfuerzo sostenido de largo plazo que combine el combate frontal a las estructuras financieras de los cárteles, la depuración y dignificación de las fuerzas policiales a nivel municipal, la atención profunda a las causas socioeconómicas que alimentan el reclutamiento juvenil y una política integral de búsqueda e identificación de personas desaparecidas que devuelva la dignidad y la tranquilidad a la población de esta entidad.
