La crisis silenciosa de los policías asesinados en México

J. Jesús Lemus2 meses ago2 meses ago09 mins

Por. J. Jesús Lemus

Portar una placa en México se ha convertido en una sentencia de muerte latente. Mientras el debate público suele concentrarse en las grandes capturas o en las estadísticas de homicidios dolosos que se anuncian cada mañana desde los palacios de gobierno, en las calles de los municipios de la periferia se vive una auténtica carnicería institucional.

Los policías, en su mayoría municipales, no están cayendo únicamente en cumplimiento de su deber durante operativos heroicos; están siendo cazados en las esquinas, emboscados al salir de sus turnos y, en el peor de los casos, entregados por sus propios mandos.

Esta crisis es el síntoma más doloroso y directo de la expansión territorial del crimen organizado, que ha dejado de ver a las fuerzas de seguridad locales como un rival a vencer y ha comenzado a tratarlas como una extensión de su propia estructura o como un obstáculo estorboso que se elimina con total impunidad.

Los datos más recientes recopilados por diversas organizaciones civiles y registros de prensa revelan que en el país se asesina a un policía prácticamente cada día. Es una hemorragia humana que desmantela el tejido institucional desde su base y que muestra la persistente vulnerabilidad de quienes, paradójicamente, tienen la tarea de cuidar a la ciudadanía.

Las cinco entidades con más bajas

La violencia contra las corporaciones no se distribuye de manera uniforme por todo el mapa, sino que se ensaña de manera brutal en regiones específicas donde los carteles disputan rutas de tráfico, laboratorios clandestinos y cobros de piso.

Al revisar los registros acumulados durante el último periodo y el arranque de este año, se identifican con total claridad las cinco entidades que concentran la mayor cantidad de agentes de seguridad asesinados, reflejando el tamaño del desafío criminal en sus territorios.

Sinaloa encabeza esta trágica lista. La fractura interna en el principal cartel de la región y la confrontación abierta por el control de la estructura delictiva han colocado a los policías locales en el centro del fuego cruzado, pagando con sus vidas el costo de una guerra sin cuartel.

Guerrero se ubica en el segundo sitio de peligrosidad para las fuerzas del orden. El estado padece una atomización de grupos delictivos que se disputan palmo a palmo las zonas de la sierra y la costa, convirtiendo cualquier uniforme local en blanco de sospechas o represalias.

Guanajuato ocupa el tercer lugar. Aunque históricamente llegó a liderar las cifras de bajas policiales en años pasados, se mantiene como una de las zonas con mayor letalidad para los uniformados debido a los ataques directos contra elementos que se encuentran fuera de servicio o en sus días de descanso.

Michoacán se consolida en la cuarta posición de este recuento nacional. La embestida de organizaciones de alcance nacional que intentan someter a los grupos locales de la Tierra Caliente y la meseta purépecha mantiene bajo asedio constante a sus corporaciones de seguridad.

Veracruz cierra el grupo de los cinco estados más críticos. La dispersión de células criminales a lo largo de su geografía costera e interior somete a los agentes a emboscadas continuas y ataques por sorpresa en carreteras y zonas rurales.

La ausencia de avances en seguridad

Al descender al nivel local, la situación se vuelve aún más desalentadora. Los municipios con mayor índice de homicidios en el país no son solo aquellos donde la población civil vive con el temor constante de las balaceras, sino los lugares donde el Estado ha perdido la soberanía real.

Localidades como Celaya en Guanajuato, Uruapan en Michoacán, Chilpancingo en Guerrero, Culiacán en Sinaloa y Ecatepec en el Estado de México encabezan las tasas de homicidios dolosos a nivel nacional, convirtiéndose en auténticos epicentros de la violencia armada.

En estos lugares, hablar de avances en materia de seguridad es simplemente una ficción discursiva. La realidad de fondo es un secreto a voces que la población conoce y los analistas confirman: la parálisis y la falta de resultados obedecen a que una parte mayoritaria de los gobiernos municipales y sus policías se encuentran coludidos con el crimen organizado.

No se trata únicamente de amenazas que obligan a los policías a mirar hacia otro lado; es un sistema de cooptación profunda donde las corporaciones locales han sido infiltradas desde los mandos operativos hasta los patrulleros de menor rango.

Cuando una policía municipal trabaja para los intereses de un cartel, la seguridad pública se anula por completo. Las detenciones recientes de directores y subdirectores de seguridad en municipios michoacanos como Zacapu, Coeneo o Ecuandureo demuestran que las propias patrullas oficiales se usan para facilitar emboscadas contra fuerzas estatales o federales.

En este contexto de complicidad institucional, los policías honestos que se niegan a colaborar son los primeros en ser eliminados, mientras que aquellos que forman parte de la red criminal caen cuando el grupo antagónico gana terreno o cuando las fuerzas federales realizan operativos de captura. La impunidad prevalece porque los mecanismos de control interno están rotos y los alcaldes carecen del poder o de la voluntad política para depurar sus filas.

El debate de la desaparición municipal y el mando centralizado

Ante el colapso evidente de este modelo de seguridad local, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, ha puesto sobre la mesa una propuesta pública radical que busca sacudir la estructura constitucional del país: desaparecer por completo a todas las policías municipales de México.

El argumento del mandatario estatal es directo y se fundamenta en los escándalos de infiltración que han salido a la luz pública. Para el gobernador, las corporaciones locales han dejado de servir a sus propósitos de prevención del delito y se han transformado en herramientas bajo la directriz directa de la delincuencia organizada.

La alternativa planteada por la administración michoacana, que ya ha sido trasladada a la presidencia de la república para abrir un debate nacional, propone una reingeniería total de la estrategia de seguridad.

La propuesta consiste en que todo el mando de la seguridad en los estados y los municipios sea asumido de manera unificada por la Guardia Nacional. El planteamiento busca aprovechar la capacidad operativa, el despliegue territorial, el armamento y la disciplina militarizada de la corporación federal para cubrir los vacíos que dejan los cuerpos locales corrompidos.

Esta iniciativa reabre un dilema histórico en la política de seguridad mexicana. Mientras que el gobierno federal ha insistido en que el fortalecimiento de las capacidades regionales e institucionales a nivel local es el único camino sostenible a largo plazo, la realidad diaria de policías asesinados y mandos detenidos por narcotráfico le da argumentos a quienes exigen una centralización total de la fuerza.

Lo que queda claro en este panorama de dolor y violencia es que el eslabón municipal se encuentra roto y que, mientras se decide el rumbo de las leyes, quienes portan el uniforme local siguen pagando con sus vidas el costo de un Estado que no ha logrado proteger a sus propios protectores.

Los sexenios de la complicidad

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, que comprendió del 1 de diciembre de 2018 al 30 de septiembre de 2024, la organización civil Causa en Común documentó el asesinato de al menos 2,456 policías en México.

Este periodo se caracterizó por una constante hostilidad hacia las corporaciones de seguridad local, registrando picos alarmantes como en el año 2020 con 524 bajas, donde los elementos municipales y estatales representaron más del 80% de las víctimas totales debido a su vulnerabilidad operativa frente al crimen organizado.

Por otra parte, en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo, iniciada el 1 de octubre de 2024, el registro hemerográfico acumula al menos 616 agentes de seguridad pública asesinados hasta julio de 2026.

Esta cifra contempla los casos del cierre de 2024, los 348 homicidios policiales ocurridos durante todo 2025 y las bajas sumadas en los meses transcurridos de 2026, manteniendo una tendencia nacional en la que los estados de Michoacán, Guanajuato y Sinaloa concentran la mayor letalidad en contra de los oficiales.