Por. J. Jesús Lemus
La dinámica interna en la selección de los denominados coordinadores de la defensa de la Cuarta Transformación refleja una tensión constante entre el pragmatismo territorial de los mandatarios estatales y la línea política fijada por la dirigencia nacional de Morena.
Diversos analistas políticos y sectores críticos del propio partido señalan que la autonomía operativa de la que gozan los gobernadores en sus entidades ha derivado en un paulatino sometimiento del Comité Ejecutivo Nacional, el cual se ve forzado a convalidar liderazgos locales diseñados no desde la congruencia ideológica, sino desde el control del aparato gubernamental del estado.
Esta coyuntura cobra mayor peso ante la proximidad de los procesos electorales intermedios de 2027, donde la conservación de las mayorías legislativas y de los gobiernos subnacionales depende en gran medida de la capacidad de movilización de las estructuras estatales.
Bajo este escenario, la dirigencia nacional cede ante las exigencias de los gobernadores para evitar rupturas internas o el boicot de la maquinaria territorial durante las campañas. El ultimátum implícito radica en que, si la dirigencia intenta imponer un perfil alineado prioritariamente con el proyecto central o la presidencia, el mandatario estatal podría retraer su apoyo logístico y financiero, poniendo en riesgo la rentabilidad electoral del partido en la región.
El mecanismo formal para legitimarlos sigue siendo la encuesta interna, pero en la práctica este instrumento ha sido cuestionado por operar como un mero formalismo técnico para institucionalizar decisiones pactadas previamente entre los gobernadores y la cúpula partidista.
La figura del coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación se convierte así en la antesala de la candidatura formal a la gubernatura o a cargos legislativos clave, permitiendo que los grupos de poder local transfieran el mando a sus perfiles afines para dar continuidad a su hegemonía.
Existen varios casos emblemáticos donde la imposición de los gobernadores y sus grupos políticos locales terminó desplazando a perfiles identificados con los sectores puros o doctrinarios del movimiento. Un ejemplo evidente se dio en Quintana Roo, donde el grupo político encabezado por la gobernadora Mara Lezama impulsó la designación de Eugenio “Gino” Segura Vázquez como coordinador y perfil proyectado para la sucesión estatal.
Pese a que la dirigencia contaba con perfiles históricos de la lucha social de la izquierda, la estructura estatal volcó su peso operativo para asegurar que la designación favoreciera a un perfil de corte más técnico y financiero formado bajo el amparo de la administración actual.
Otro caso notable se registró en Michoacán, donde el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla maniobró para consolidar a Carlos Torres Piña como el perfil clave del movimiento a nivel local. Torres Piña, con una larga trayectoria previa dentro de otras fuerzas políticas tradicionales como el PRD, fue promovido directamente desde las secretarías del gobierno estatal.
A pesar de los reclamos de las bases fundadoras de Morena que demandaban candidatos formados en la doctrina original del partido, la dirigencia nacional no tuvo más opción que ratificar su nombramiento como coordinador de la 4T.
Situaciones similares se han vivido en estados como Colima, donde el respaldo de la gobernadora Indira Vizcaíno fue determinante para catapultar a Rosa María Bayardo, o en Campeche, donde Layda Sansores ha influido activamente en el desplazamiento de corrientes contrapuestas para imponer a figuras como Pablo Gutiérrez Lázarus. En estos casos, la dirigencia partidista prioriza la estabilidad de la alianza con el gobernador en turno por encima de la pureza ideológica o la cercanía previa con el Ejecutivo nacional.
En conclusión, la figura del coordinador de la defensa de la 4T ha terminado operando como un vehículo de continuidad para los feudos políticos locales. El pragmatismo electoral expone la vulnerabilidad de la dirigencia nacional frente al poder real de los mandatarios estatales, dejando en claro que en la víspera de la contienda de 2027, el control del territorio pesa más que la alineación doctrinaria con el proyecto central.
