Por. J. Jesús Lemus
El fenómeno mediante el cual diversos servidores públicos de la Cuarta Transformación han mantenido sus declaraciones patrimoniales completas o parciales bajo reserva constituye una de las paradojas normativas y políticas más complejas del México contemporáneo.
Aunque la rendición de cuentas y la erradicación de la corrupción han sido los pilares del discurso oficial, en la práctica cotidiana del ejercicio gubernamental se ha recurrido al andamiaje legal existente para limitar el acceso ciudadano al patrimonio real de los altos mandos federales.
La normativa mexicana obliga a todos los integrantes de la administración pública a presentar sus informes patrimoniales y de conflicto de interés. Sin embargo, el marco legal vigente contiene resquicios y excepciones que otorgan la facultad legal de omitir o clasificar ciertos apartados.
El mecanismo central opera mediante la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales establecen que los datos personales, financieros, de bienes inmuebles, vehículos y cuentas bancarias pueden ser testados o clasificados como confidenciales si el funcionario no otorga su consentimiento explícito para la publicidad total de dichos rubros, o si se justifica que su divulgación pondría en riesgo la seguridad, la vida o la integridad física del declarante y de sus dependientes económicos.
Existen múltiples casos documentados de funcionarios de alto nivel en el gobierno federal y dependencias clave que han utilizado estas figuras normativas para resguardar la totalidad o partes sustanciales de su riqueza personal:
Manuel Bartlett Díaz, durante su gestión al frente de la Comisión Federal de Electricidad, fue uno de los casos paradigmáticos en los que la utilización de las reglas de conflicto de interés y dependientes económicos permitió mantener fuera del escrutinio patrimonial directo una serie de bienes inmuebles de alto valor registrados a nombre de familiares cercanos y de su pareja sentimental.
En el gabinete federal de la presente administración, titulares e integrantes de secretarías estratégicas como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y dependencias de seguridad e inteligencia, apelan sistemáticamente a los criterios de reserva por motivos de seguridad nacional para mantener bajo secreto los activos que poseen, argumentando la protección de su integridad y la de sus familias.
De igual manera, diversos legisladores, coordinadores bancarios y directivos de empresas públicas del Estado, como Petróleos Mexicanos y la propia CFE, han optado por presentar sus declaraciones únicamente en sus versiones públicas mínimas obligatorias. En estas versiones públicas se autoriza únicamente la visualización de los salarios netos percibidos por el desempeño del cargo público, eliminando por completo los montos exactos de cuentas de ahorro, inversiones financieras, bienes inmuebles comprados al contado o a crédito, participación en empresas privadas e ingresos de sus cónyuges.
El análisis ético, político y jurídico sobre la utilización de la misma ley de transparencia para evitar ser transparentes pone al descubierto una profunda distorsión en la aplicación de la norma. La legislación en materia de acceso a la información fue redactada originalmente con una dualidad fundamental: garantizar el escrutinio social sobre las autoridades para evitar el enriquecimiento ilícito y, al mismo tiempo, proteger el derecho a la privacidad de los datos personales de la ciudadanía en general.
Sin embargo, los funcionarios han invertido esta prelación de derechos. La exención prevista en la Ley General de Responsabilidades Administrativas fue concebida como un supuesto excepcional para situaciones extraordinarias de amenaza a la seguridad personal. En el contexto actual, los servidores públicos de alto nivel han transformado dicha excepción en una regla generalizada, convirtiendo la reserva patrimonial en un refugio institucional.
Al apelar a la privacidad de datos personales y al riesgo latente en materia de seguridad para ocultar sus transacciones financieras e inmobiliarias, los integrantes de la administración pública utilizan el mismo instrumento legal diseñado para fiscalizarlos como una coraza protectora. Esta práctica desarticula el objetivo primario de la publicidad patrimonial, impidiendo que la sociedad evalúe el posible conflicto de intereses o el enriquecimiento inexplicable a lo largo del ejercicio de la función pública, trasladando el principio del gobierno abierto a un ejercicio meramente procedimental donde la información sustancial queda oculta tras párrafos testados y sellos de confidencialidad.
Funcionarios opacos
El examen de las declaraciones patrimoniales de los altos mandos en la administración pública federal evidencia una pauta reiterada: el uso de los mecanismos de confidencialidad y reserva previstos en la normativa para no hacer públicos sus ingresos reales, propiedades, vehículos, cuentas bancarias o intereses financieros. Aunque en la plataforma estatal Declaranet figuran los nombres de los servidores públicos, las versiones públicas disponibles omiten los valores numéricos, mantienen los datos bajo reserva o no autorizan la divulgación de los activos de sus cónyuges y dependientes económicos.
Octavio Romero Oropeza representa uno de los casos más relevantes y recientes de esta práctica. Durante su transición y desempeño en cargos de alta responsabilidad dentro de la administración pública federal —encabezando Petróleos Mexicanos y posteriormente el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores—, mantuvo bajo reserva los detalles precisos sobre sus activos, propiedades e ingresos adicionales. Este ocultamiento patrimonial generó tal cuestionamiento en la opinión pública que la propia Presidencia de la República debió instruir de manera explícita la apertura y publicación total de su expediente de bienes para corregir la opacidad observada en la institución.
En el ámbito de la seguridad y la defensa nacional, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Secretaría de Marina Armada de México, como el General Luis Cresencio Sandoval y el Almirante José Rafael Ojeda Durán durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como los mandos castrenses que asumieron la conducción de la Guardia Nacional y las dependencias del ramo, han recurrido de forma sistemática a la reserva de información patrimonial. Apelando a las excepciones de seguridad nacional y a la protección de la integridad física previstas en la Ley General de Transparencia, las versiones públicas de sus declaraciones ocultan la ubicación, el valor y la extensión de sus bienes inmuebles, así como los saldos y cuentas financieras a su nombre.
Alejandro Gertz Manero, al frente de la Fiscalía General de la República, ha mantenido una postura de estricta reserva sobre la mayor parte de su patrimonio, inversiones e intereses corporativos. Si bien la Ley Orgánica y la normativa de transparencia aplican para el órgano autónomo, el titular de la FGR no ha autorizado la publicidad de la totalidad de sus activos financieros, inversiones en el extranjero ni participaciones en sociedades civiles o mercantiles, argumentando razones de privacidad personal y la naturaleza sensible del cargo de procuración de justicia que ejerce.
Manuel Bartlett Díaz, durante su gestión en la Comisión Federal de Electricidad, fue objeto de amplias investigaciones periodísticas al detectarse que la versión pública de su declaración patrimonial no registraba un conjunto numeroso de propiedades de alto valor ni empresas vinculadas a su círculo familiar directo. La justificación técnica para no transparentar dichos activos residió en que los bienes figuraban a nombre de su pareja sentimental y de sus hijos mayores de edad, categoría que legalmente no entra en la definición obligatoria de dependientes económicos directos según la Ley General de Responsabilidades Administrativas, eludiendo así la fiscalización pública de ese patrimonio.
En el sector económico y financiero, altos funcionarios e integrantes del gabinete ampliado, tales como exsecretarios y directores de organismos descentralizados como el Banco del Bienestar, el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado o la Comisión Nacional del Agua, han presentado sus declaraciones marcando la casilla de no aceptación para la publicación de datos patrimoniales y de conflicto de interés. Esto implica que, aunque el documento consta como entregado ante la Secretaría de la Función Pública, el ciudadano que consulta el sistema encuentra un formato en blanco respecto a saldos bancarios, deudas, casas, terrenos o vehículos, desplegando únicamente el sueldo neto mensual percibido en la nómina federal.
