Por. J. Jesús Lemus
Entender y comprender un balance sobre el impacto del crimen organizado en América Latina exige mirar más allá de los titulares sensacionalistas y posar la vista en el destino final de los recursos confiscados a los grandes capos. Tras la detención e inicio del proceso judicial contra Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense, una constante histórica vuelve a salir a la luz con fuerza: el eficiente engranaje financiero de la justicia norteamericana para incautar fortunas milmillonarias y la simultánea ausencia de un esquema de reparación integral para las miles de personas que padecieron la violencia directa del Cártel de Sinaloa.
El procedimiento no es nuevo, pero la escala del caso de Zambada lo coloca en un plano inédito. Durante décadas, la maquinaria legal de Estados Unidos ha perfeccionado la figura de la confiscación de bienes y los acuerdos de culpabilidad. Este mecanismo permite a los fiscales federales exigir la entrega de miles de millones de dólares en activos a cambio de reducciones de penas, modificaciones en las condiciones de reclusión o el desestimado de ciertos cargos graves. El resultado contable para las arcas del Departamento de Justicia suele ser astronómico, pero el resultado humano para las comunidades devastadas por el narcotráfico permanece en cero.
La matemática contable de la justicia federal
Cuando un capo de la magnitud de Ismael Zambada enfrenta la justicia penal en tribunales de Nueva York o Texas, el objetivo prioritario del gobierno federal estadounidense se divide en dos vertientes: la obtención de inteligencia estratégica y el aseguramiento del patrimonio económico acumulado por la organización criminal. Los decomisos de dinero, propiedades, empresas fachadas y cuentas bancarias pasan directamente a fondos de administración federal o a las agencias de aplicación de la ley que participaron en las investigaciones.
Este dinero, generado a costa de sangre, extorsiones, desplazamientos forzados y asesinatos en diversos estados de México, cambia de manos de forma impecable en los estrados judiciales. Los dólares que financiaron el terror en pueblos y ciudades de la sierra o del norte del país terminan financiando presupuestos institucionales en Washington o rellenando las cuentas del Tesoro estadounidense. En este tránsito administrativo, la noción de la víctima desaparece por completo. No existen fondos binacionales dedicados a la restitución de daños, ni partidas destinadas a la búsqueda de personas desaparecidas, ni apoyos a las familias que perdieron a sus sustentantes a manos de las facciones bajo el mando de Zambada.
El pacto con el crimen y la lógica del socio comercial
Para analistas, defensores de derechos humanos y periodistas de investigación, este comportamiento institucional revela una paradoja profunda. Al centrar la estrategia en la negociación, el pago de fianzas y la confiscación de dinero, el sistema de justicia estadounidense actúa en la práctica como un socio involuntario o pragmático de los propios carteles. La lógica de mercado que mueve al crimen organizado encuentra una contraparte igualmente mercantil en el tribunal: la libertad, el tiempo en prisión o el estatus de testigo protegido se compran y se negocian en dólares.
El cartel opera como una corporación multinacional que genera dividendos a través del tráfico de drogas y la violencia; la justicia norteamericana, por su parte, interviene al final del ciclo para cobrar una suerte de impuesto de liquidación o multa multimillonaria. El capo entrega la riqueza acumulada a cambio de beneficios procesales, el gobierno estadounidense exhibe la incautación como un éxito de seguridad pública y la estructura criminal se recompone con nuevos liderazgos que continuarán alimentando la rueda. Quienes quedan fuera de esta ecuación financiera son precisamente los ciudadanos que pusieron los muertos, la tranquilidad y el tejido social roto.
El rostro humano arrollado por la burocracia judicial
Detrás de las cifras con múltiples ceros que anuncian los fiscales federales en sus conferencias de prensa, hay una realidad silenciosa que no figura en los expedientes de Nueva York. Son las madres que escarban la tierra en búsqueda de sus hijos, los campesinos despojados de sus tierras para dar paso a rutas de tráfico, y las comunidades enteras traumatizadas por años de enfrentamientos armados.
Para estas personas, la captura o rendición de Ismael Zambada y la incautación de su riqueza no significan justicia. Ningún centavo del dinero decomisado regresa a los municipios donde el Cártel de Sinaloa impuso su ley a la fuerza. La justicia norteamericana no contempla dentro de sus partidas de decomiso un rubro para la reconstrucción social ni para la indemnización civil de las víctimas de organizaciones transnacionales. La prioridad soberana de recuperar activos para su propio estado deja a las víctimas extranjeras en un desamparo absoluto, invisibilizadas ante un proceso legal que prioriza el cheque de la confiscación por encima de la reparación del daño.
Un modelo que perpetúa la impunidad social
El caso de Ismael Zambada reitera una lección dolorosa para la región: mientras el enfoque contra el narcotráfico mantenga como fin último la captura de grandes sumas de dinero para las arcas de una sola nación, el concepto de justicia seguirá estando incompleto. Negociar con los líderes criminales para quedarse con el botín sin destinar un solo recurso a aliviar el sufrimiento de quienes padecieron la violencia transforma el combate al crimen en una simple transacción económica.
El cierre de estos grandes procesos judiciales suele celebrarse en los pasillos del poder político estadounidense como un triunfo definitivo contra las drogas. Sin embargo, en el terreno donde la violencia del Cártel de Sinaloa dejó marcas indelebles, la percepción es muy distinta: la sensación amarga de que el dinero del crimen simplemente cambió de dueño, mientras el dolor, la impunidad y el olvido continúan perteneciendo, de forma exclusiva, a las víctimas.
