Por. J. Jesús Lemus
Investigar y publicar desde la prensa local en México sigue siendo una labor de alto riesgo. El caso de Alberto Amaro Jordán, director del medio digital La Prensa de Tlaxcala, refleja de manera cruda cómo las instituciones encargadas de cuidar a los periodistas terminan, en muchas ocasiones, dejándolos a su suerte.
A pesar de recibir amenazas de muerte constantes por parte del crimen organizado, el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas ha intentado retirar los esquemas de seguridad que resguardan a la familia de Amaro.
Evaluaciones fuera de la realidad y recortes injustificados
La historia de agresiones contra el comunicador no es nueva. Integrado al Mecanismo desde 2019, las constantes intimidaciones lo obligaron a exiliarse en España entre 2024 y 2025 de la mano de Amnistía Internacional. Sin embargo, al volver a México se topó con una burocracia que minimiza el peligro que corre.
“El mecanismo determinó que no había riesgo para mi familia, pero sí para mí en mi propia casa… cuando vivo bajo el mismo techo con mi esposa y mis dos hijos menores de edad. Tuvimos que ampararnos porque pretendían quitarles la protección aun con amenazas directas de grupos delictivos”, denunció el periodista en entrevista con Cenzontle400.Com
Con el respaldo de organizaciones como Artículo 19 y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), Amaro expuso que la evaluación oficial dejó fuera deliberadamente pasajes clave de más de 30 agresiones documentadas. Además, las autoridades omitieron las revisiones obligatorias a su vivienda y decidieron, de forma arbitraria, que la escolta asignada solo puede acompañarlo dentro de Tlaxcala, dejándolo desprotegido cada vez que cruza la frontera estatal.
Denuncias estancadas y la inacción de la FEADLE
El camino legal ante la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) ha sido sinónimo de trabas y revictimización, acumulando más de siete denuncias con escasos resultados:
- Pocas victorias judiciales: Tras ser detenido ilegalmente y agredido en 2021 por documentar extorsiones policiales en Apizaco, se logró una sentencia condenatoria contra uno de los agentes involucrados.
- El intento de dar carpetazo: En junio de 2024, un policía le apuntó con un arma de fuego frente a sus propios escoltas. A pesar de la gravedad del hecho, la FEADLE intentó cerrar la investigación argumentando que no había delito que perseguir, lo que obligó al equipo legal del periodista a impugnar la decisión ante un juez.
Señalando la urgencia del caso, Amnistía Internacional emitió una alerta dirigida a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, exigiendo garantías reales para proteger la vida y la integridad del comunicador y los suyos.
A pesar de la falta de garantías por parte de los tres órdenes de gobierno y la sombra constante del acoso, Alberto Amaro tiene clara su postura: no apagará la voz de La Prensa de Tlaxcala y continuará ejerciendo el periodismo.
