Por. J. Jesús Lemus
Las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos han ingresado en un terreno sumamente escabroso, caracterizado por el regreso de un discurso duro desde Washington y por una postura firme de supuesta soberanía desde el Palacio Nacional.
En el centro de esta tormenta mediática y política convergen dos factores determinantes: la amplificación por parte del presidente Donald Trump de una dura columna de opinión periodística y el prolongado blindaje político que el gobierno mexicano ha otorgado al narco gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, frente a las acusaciones del Departamento de Justicia estadounidense.
La mecha diplomática se reencendió cuando el comentarista conservador Bill O’Reilly publicó un severo análisis titulado “El problema de México”, en el cual sostiene sin rodeos que México no es un amigo de Estados Unidos.
La tesis central de dicho texto señala que la permisividad y la corrupción acumulada en las estructuras gubernamentales mexicanas a lo largo de las últimas cuatro décadas han facilitado la expansión del crimen organizado, el aumento alarmante del tráfico de drogas hacia el norte y una violencia homicida constante.
Lo que habría sido una pieza de opinión más cobró un peso institucional inaudito cuando Donald Trump difundió íntegramente la publicación en sus redes sociales, asumiendo implícitamente ese diagnóstico como parte de la narrativa oficial de su administración.
Al replicar que la presidencia mexicana se niega a colaborar de manera decidida bajo el argumento de la soberanía nacional, Washington volvió a poner sobre la mesa el fantasma de la intervención directa de agencias de seguridad extranjeras, provocando una respuesta inmediata de la mandataria Claudia Sheinbaum, quien declaró tajantemente que México es un país amigo de todo el mundo, pero exige respeto irrestricto a su autodeterminación.
El caso Rubén Rocha Moya como detonante de la indignación en Washington
Para comprender por qué las acusaciones sobre un gobierno corrupto escalaron a un nivel crítico, es indispensable remitirse al expediente judicial abierto en el Distrito Sur de Nueva York contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
Agencias federales como la DEA han vinculado formalmente al mandatario estatal y a otros altos funcionarios de su círculo cercano con la facción de los Chapitos dentro del cártel de Sinaloa, señalando sobornos y complicidad política para asegurar la operación de laboratorios clandestinos e importación masiva de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Frente a la solicitud de orden de captura e intento de extradición enviada por las autoridades estadounidenses, el Poder Ejecutivo de México optó por asumir una férrea defensa institucional.
La administración federal exigió que la fiscalía del país vecino entregue pruebas contundentes e irrefutables antes de proceder contra un representante electo por la ciudadanía, calificando los señalamientos de infundados y con sesgo político.
En los círculos de poder de Washington, la negativa de México a proceder penalmente o remover de su encargo a Rubén Rocha Moya fue recibida no como una postura legalista, sino como un desafío abierto e insostenible.
Para el equipo de seguridad nacional de Donald Trump, que la presidencia mexicana sostenga y proteja a un gobernador bajo acusación formal de conspirar con el crimen organizado es interpretado como la prueba definitiva de la penetración del narcotráfico en las más altas esferas del Estado.
Esta defensa pública ha desgastado de forma severa el canal de diplomacia y cooperación bilateral. Lo que para la narrativa mexicana representa un acto de dignidad republicana y defensa del debido proceso, para la Casa Blanca constituye una complicidad abierta con los cárteles que envían sustancias ilícitas a su población.
En consecuencia, el discurso de que México ha fallado en ser un socio confiable encuentra eco continuo en la postura del presidente Trump, abriendo la puerta a meses de intensa presión económica, judicial e inclusive militar en la frontera compartida.
