Por. J. Jesús Lemus
La política exterior de Estados Unidos hacia América Latina ha experimentado un giro doctrinal radical. Desde el Departamento de Estado se ha fijado una postura contundente: la era de la neutralidad frente a los regímenes autoritarios en el hemisferio ha concluido.
Washington no permitirá la expansión ni consolidación de modelos políticos derivados de la tradición autoritaria inaugurada por Fidel Castro en Cuba, a los que la diplomacia estadounidense acusa de haber mutado hacia una peligrosa convergencia: la simbiosis entre el populismo político de izquierda y las redes del crimen organizado transnacional.
Esta visión geopolítica sostiene que el antiguo modelo ideológico comunista ha evolucionado. Lo que antes se presentaba como una lucha distributiva social, hoy funciona, según los análisis del gobierno estadounidense, como una fachada para estructurar redes de impunidad institucional.
En este esquema, estructuras estatales o caudillismos populistas se alían de manera formal o implícita con organizaciones del narcotráfico para perpetuarse en el poder, utilizando el discurso nacionalista como escudo defensivo frente a la supervisión internacional.
El principal arquitecto de esta estrategia diplomática y de seguridad es el Secretario de Estado, Marco Rubio, cuya trayectoria política ha estado marcada por la confrontación frontal contra las dictaduras del continente.
Rubio sostiene que el mayor desafío para la estabilidad del hemisferio occidental ya no es únicamente la divergencia ideológica, sino la consolidación de narcoestados que amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos mediante el tráfico masivo de fentanilo, la violencia criminal y las oleadas migratorias provocadas por el colapso institucional.
En este nuevo mapa de seguridad trazado desde Washington, los países de la región han sido divididos en dos campos claros: las naciones comprometidas con el estado de derecho y la lucha antidrogas, y aquellas que facilitan u operan como plataformas del crimen organizado.
Este ultimátum presiona a los gobiernos reformistas y de izquierda en la región para que fijen una postura clara y corten lazos de cooperación con regímenes como los de Caracas, La Habana y Managua.
Le pega al gobierno de Sheinbaum
En el centro de este panorama geopolítico se encuentra la relación con México, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum Pardo. Inicialmente existía el temor en sectores conservadores de Washington de que el gobierno de Sheinbaum profundizara la retórica populista de su antecesor e ignorara la penetración territorial del narcotráfico.
Sin embargo, la postura del jefe de la diplomacia estadounidense hacia la mandataria mexicana ha resultado pragmática y demandante, pero caracterizada por un cuidadoso equilibrio diplomático.
Marco Rubio ha calificado el avance de las redes criminales en México como una amenaza inaceptable, señalando la urgencia de desmantelar el control territorial de los cárteles.
No obstante, el Secretario de Estado ha reconocido públicamente que la administración de Claudia Sheinbaum ha demostrado una disposición de cooperación en seguridad sin precedentes en la historia reciente de ambos países. Washington ha destacado las operaciones bilaterales, el incremento en decomisos de drogas sintéticas, la desarticulación de laboratorios clandestinos y las extradiciones masivas hacia cortes norteamericanas como señales contundentes de que México está dispuesto a combatir al crimen organizado.
A pesar de este reconocimiento táctico, la postura de la diplomacia estadounidense mantiene a México bajo constante observación. La administración en Washington presiona para que el gobierno mexicano mantenga una línea dura que impida que el modelo de gobernanza interna derive en un populismo permisivo frente al narcotráfico.
Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha buscado blindar la soberanía nacional, rechazando cualquier intento de intervención militar unilateral por parte de tropas estadounidenses en suelo mexicano, al tiempo que mantiene los canales de inteligencia y operativos plenamente abiertos para contener la presión política y económica de su vecino del norte.
El mapa de las Américas trazado por Washington deja un mensaje definitivo: el paraguas ideológico que históricamente sirvió para justificar regímenes populistas no será tolerado si actúa como salvoconducto para la delincuencia organizada. La relación entre la administración estadounidense y el gobierno de Claudia Sheinbaum se mantendrá articulada bajo una premisa binaria en la que los resultados en el combate a los cárteles determinarán el grado de entendimiento y estabilidad geopolítica entre ambas naciones.
