Por. J. Jesús Lemus
La política de seguridad implementada por la administración de Claudia Sheinbaum Pardo refleja una continuidad estructural en el uso de las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad pública, reviviendo el modelo militar que se consolidó a principios del siglo veintiuno durante la gestión de Genaro García Luna al frente de la seguridad federal.
A pesar de los discursos oficiales sobre inteligencia, prevención y atención a las causas, el engranaje central de la estrategia sigue descansando sobre la ocupación territorial masiva mediante tropas del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional. Este despliegue de fuerza no ha logrado desmantelar la estructura operativa ni el dominio económico de los grandes cárteles del narcotráfico, los cuales mantienen un control hegemónico sobre regiones enteras del país.
En el centro del mapa del conflicto se encuentran entidades donde la presencia castrense se cuenta por miles de efectivos sin que ello se traduzca en una neutralización efectiva de los grupos criminales.
En estados como Sinaloa, Guerrero y Michoacán, las fuerzas federales mantienen destacamentos que oscilan de manera permanente entre los cinco mil y nueve mil elementos. Estas tropas realizan patrullajes disuasivos, filtros de revisión y presencia estática en carreteras y cabeceras municipales, asumiendo tareas operativas de corte policial para las que no fueron entrenadas.
Sin embargo, este esquema de saturación territorial repite el vicio de administraciones pasadas, privilegiando la contención física sobre el desmantelamiento de los entramados de impunidad, finanzas y control social de las organizaciones delictivas.
Bajo la conducción del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, las operaciones coordinadas no han conseguido erosionar la capacidad destructiva de los grupos que azotan la costa del Pacífico y la zona suroeste.
Sin freno, los grupos delictivos
En el estado de Guerrero, donde se mantienen contingentes federales de gran escala, células locales y cárteles consolidados imponen su ley en los municipios clave. La estructura de Los Ardillos en la región Centro y Montaña, junto con el Cártel Independiente de Acapulco en la zona costera, continúan ejerciendo el control del mercado ilícito, la extorsión sistemática a pequeños comerciantes y el cobro de cuotas a redes de transporte.
El despliegue institucional se limita a reaccionar ante episodios críticos de violencia, sin desarticular los liderazgos ni las redes de complicidad local que sostienen a estas agrupaciones.
El panorama en Sinaloa presenta un nivel de complejidad superior donde la presencia masiva de la milicia no ha impedido el desarrollo de abiertas confrontaciones armadas entre las facciones históricas del Cártel de Sinaloa.
El enfrentamiento directo entre la estructura de Los Chapitos y la corriente leal a Los Mayos ha convertido a Culiacán y sus municipios periféricos en un escenario de disputa territorial violenta. Las tropas del Ejército y la Guardia Nacional destacados en la entidad han asumido una postura principalmente disuasiva que no debilita la capacidad de reclutamiento, el armamento de alto poder ni las redes transnacionales de tráfico de drogas sintéticas que ambas facciones manejan.
Por su parte, Michoacán expone el fracaso de los operativos de pacificación mediante la mera acumulación de soldados en el territorio. En regiones emblemáticas como la Tierra Caliente, el Valle de Apatzingán y la zona limonera y aguacatera, el despliegue militar convive con la operatividad ininterrumpida de Los Viagras y la coalición conocida como Cárteles Unidos, así como con las incursiones de agrupaciones rivales.
Los cobros de piso a productores agrícolas, el empaque y la distribución de productos básicos permanecen bajo el control de estos grupos criminales, que utilizan la violencia armada y los artefactos explosivos improvisados para mantener su hegemonía a pesar de la presencia constante de los convoyes militares.
El balance informativo de la estrategia revela la persistencia de un paradigma reactivo. La sustitución de las corporaciones civiles por contingentes militares en funciones policiales genera una ilusión de control que se diluye al constatar la continuidad de las extorsiones, los homicidios y el dominio territorial de las mafias del narcotráfico.
Sin un ataque frontal a las estructuras financieras de estas organizaciones y sin una depuración profunda de los aparatos de justicia a nivel local, la intervención del gabinete de seguridad federal se mantiene como un esfuerzo de contención superficial que perpetúa la dinámica militarizadora iniciada hace casi dos décadas.
