Por. J. Jesús Lemus
La discusión pública en México en torno a los lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, impulsados bajo la administración de Claudia Sheinbaum y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, constituye uno de los debates más intensos sobre regulación mediática, intervención estatal y garantías constitucionales de los últimos años.
Con relación a los datos de opinión pública, las mediciones y análisis difundidos por organizaciones de la sociedad civil como Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, en conjunto con diversos estudios de percepción cívica y posicionamientos de la industria periodística, reflejan un rechazo abrumador a las intenciones regulatorias del gobierno federal.
Un porcentaje superior al 82 por ciento de la ciudadanía consultada en estas mediciones manifiesta su discrepancia con la intervención del Ejecutivo en los criterios editoriales de los medios de comunicación. Esta postura deriva del temor fundado a que la supervisión de contenidos se convierta en una herramienta indirecta de censura gubernamental, afectando el acceso a información plural y crítica.
El núcleo de la controversia gira alrededor de la propuesta para establecer reglas operativas que obligan a los concesionarios de radio y televisión a diferenciar de manera explícita entre la información veraz de los hechos y las opiniones personales de los conductores o comunicadores.
Asimismo, la normativa plantea la figura de defensores de audiencias y la imposición de códigos de ética supervisados por entidades gubernamentales.
Aunque la narrativa oficial defiende este esquema como un avance democrático orientado a tutelar el derecho del público a recibir información cierta, imparcial y de calidad, los sectores académicos, jurídicos y gremiales sostienen una visión opuesta.
Para los críticos, otorgar a cualquier ente administrativo del Estado la facultad de determinar qué constituye verdad, falsedad o descontextualización dentro de un noticiero otorga al poder político un arbitraje peligroso sobre el debate público.
El contexto general sobre la libertad de expresión en el país atraviesa un momento de alta vulnerabilidad. La desarticulación progresiva de organismos autónomos de contrapeso y la concentración de facultades regulatorias en dependencias del gobierno central han debilitado las garantías institucionales que protegían el ejercicio periodístico.
A esto se suma un entorno adverso caracterizado por la estigmatización constante hacia la prensa independiente desde las tribunas oficiales, el uso de mecanismos administrativos para fiscalizar o amedrentar a medios críticos y la prevalencia de altos índices de impunidad en agresiones contra periodistas.
Cuando la autoridad pretende dictar pautas sobre cómo se debe informar o abre la puerta a sanciones económicas y administrativas por incumplir criterios ambiguos de veracidad, se genera un efecto inhibitorio inmediato. Frente a la amenaza de multas o retiro de concesiones, muchos espacios informativos optan por la autocensura, restringiendo el análisis crítico sobre la gestión pública.
El rechazo expresado por la sociedad civil ante la Ley de Derechos de las Audiencias no responde a una negativa hacia la ética periodística, sino al riesgo inminente de que el derecho a la información sea instrumentalizado por el Estado como un mecanismo de control narrativo.
La preservación de una democracia funcional exige que la veracidad de la información y la calidad del periodismo sigan siendo evaluadas por los propios ciudadanos y la competencia informativa en un entorno de máxima apertura, y no por la supervisión burocrática del gobierno en turno.
Un sondeo de opinión concreto
El análisis publicado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad documenta los resultados de la consulta pública y la participación ciudadana en torno a los nuevos lineamientos de la Ley de Derechos de las Audiencias impulsada bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum.
El estudio de MCCI sistematizó la postura de la población y los distintos sectores consultados respecto a la regulación propuesta para los medios de comunicación. De acuerdo con el informe de la organización, más del ochenta por ciento de las participaciones e impresiones registradas rechazan tajantemente la propuesta del Ejecutivo federal.
Solo una fracción menor al diez por ciento, equivalente al nueve punto siete por ciento, se manifestó abiertamente a favor del proyecto regulatorio, mientras que el porcentaje restante presentó posturas ambiguas, matizadas o indefinidas.
El informe de MCCI subraya que el rechazo generalizado no responde a una oposición ciudadana hacia la ética en los medios, sino a los mecanismos punitivos y de control estatal contenidos en la propuesta oficial.
Entre los puntos de mayor preocupación destacados en el análisis se encuentra la obligación impuesta a los concesionarios de separar de forma estricta la información de la opinión durante las transmisiones en vivo, así como la facultad discrecional concedida a autoridades administrativas para determinar cuándo un contenido incurre en falsedad o manipulación.
Asimismo, el documento de la organización resalta las advertencias emitidas por gremios periodísticos, defensores de derechos humanos y barras de abogados, quienes señalan que imponer sanciones económicas severas o la revocación de concesiones bajo criterios de veracidad ambiguos abre la puerta a un esquema de censura indirecta y estimula la autocensura en los medios de comunicación.
El análisis concluye que la iniciativa debilita la autonomía editorial y restringe el debate democrático al colocar al Estado en el rol de árbitro sobre la validez del discurso público.
