La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas llevó a juicio a Elda Aurora Viñas Herrera por autorizar pagos a quien simultáneamente era prestadora de servicios y directora administrativa de la dependencia.
Andrés Norberto García Repper Favila destacó que el fallo es resultado de las investigaciones para llevar ante la justicia a servidores públicos que cometen actos de corrupción.
Quien durante el gobierno de Francisco García Cabeza de Vaca tuvo bajo su responsabilidad vigilar y controlar el ejercicio de los recursos públicos estatales fue declarada culpable de dos delitos relacionados con actos cometidos desde la propia Contraloría Gubernamental.
Elda Aurora Viñas Herrera, excontralora del gobierno estatal durante la administración 2016-2022, recibió un fallo condenatorio por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades y desempeño de funciones judiciales o administrativas.
El titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, Andrés Norberto García Repper Favila, informó que la resolución fue obtenida como resultado de las investigaciones y del trabajo de litigación desarrollado por esa institución.
“Como resultado de los trabajos de investigación y litigación llevados a cabo por parte de esta Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Tamaulipas, se logró el fallo condenatorio en contra de Elda ‘N’, excontralora gubernamental en la pasada administración 2016-2022”, señaló.
El juicio oral se realizó el 15 de septiembre de 2026 y, una vez desahogados los elementos presentados durante el proceso, el Tribunal de Enjuiciamiento determinó la culpabilidad de la exfuncionaria por ambos delitos.
El expediente se originó por operaciones realizadas cuando Viñas Herrera encabezaba la dependencia responsable de supervisar el manejo de los recursos de la administración pública estatal.
De acuerdo con el caso llevado ante los tribunales, la entonces contralora autorizó pagos derivados de un contrato de prestación de servicios por honorarios a favor de Alejandra Reyes Castillo.
Al mismo tiempo, Reyes Castillo se desempeñaba como directora administrativa de la propia Contraloría Gubernamental.
García Repper Favila destacó precisamente la contradicción entre las responsabilidades institucionales que tenía la excontralora y los hechos que finalmente fueron llevados ante la justicia.
“Los trabajos de investigación y litigación llevaron ante la justicia a la excontralora gubernamental del sexenio del exgobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, porque siendo responsabilidad la vigilancia y control del ejercicio de los recursos estatales realizó pagos a la misma persona que se desempeñaba, al mismo tiempo, como prestadora de servicios y directora administrativa en esa dependencia”, afirmó.
La Fiscalía Anticorrupción integró la investigación y llevó el caso hasta la etapa de juicio oral, donde el Tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal de Viñas Herrera.
Para el fiscal anticorrupción, la resolución forma parte de las acciones emprendidas para perseguir conductas ilícitas cometidas desde el ejercicio de responsabilidades gubernamentales.
“Este es el resultado del trabajo de investigación y litigación por parte de esta Fiscalía para llevar ante la justicia a los servidores públicos que cometen actos de corrupción desde el servicio público”, sostuvo.
El fallo condenatorio no representa todavía la conclusión del procedimiento, debido a que resta definir la pena que será impuesta a la exfuncionaria.
La audiencia de individualización de sanción y reparación del daño está programada para el próximo 22 de septiembre.
“Resta únicamente que el Tribunal de Enjuiciamiento determine la pena correspondiente en la audiencia que se celebrará el 22 de septiembre próximo para establecer la individualización de la sanción correspondiente”, explicó García Repper Favila.
Hasta entonces, Viñas Herrera continuará bajo las medidas cautelares establecidas dentro del procedimiento, incluida la obligación de realizar una firma periódica mensual.
Será el Tribunal de Enjuiciamiento el que determine la pena y las demás consecuencias jurídicas derivadas del fallo contra quien encabezó el órgano encargado de vigilar el manejo de los recursos públicos durante el gobierno de García Cabeza de Vaca.
