Por. J. Jesús Lemus
La cancelación de proyectos de infraestructura energética en México se ha convertido en una ventana privilegia para entender los profundos choques que ocurren entre el desarrollo corporativo, el imperativo global de la transición hacia fuentes de energía limpia y la autodeterminación de las comunidades locales.
El colapso de los proyectos fotovoltaicos en los proyectos Tecozautla, Ticul 1 y Ticul 2, junto con el parque eólico Gunna Sicarú, representa no solo la pérdida de más de 800 millones de dólares en inversión privada y cerca de ochocientos megawatts de capacidad de generación renovable, sino también el testimonio inequívoco de que el modelo de desarrollo energético territorial en el país ha llegado a un punto de quiebre.
Durante años, la narrativa dominante alrededor de las energías renovables se centró casi exclusivamente en sus beneficios ambientales frente al cambio climático y en las oportunidades económicas de rentabilidad que ofrecían para los inversores. Sin embargo, la historia de las tierras de Hidalgo, Yucatán y Oaxaca muestra la otra cara de esta transformación industrial:
Una en la que la instalación de miles de paneles solares y gigantescos aerogeneradores puede ser percibida por los habitantes locales no como una solución, sino como una amenaza directa a su patrimonio social, cultural y ambiental. La falta de un consentimiento libre, previo e informado verdaderamente legítimo fue el denominador común que terminó por descarrilar cada una de estas ambiciosas obras.
De los llanos hidalguenses al territorio maya y zapoteco
Para comprender la magnitud de estas cancelaciones es indispensable recorrer la geografía donde pretendían instalarse y desglosar la naturaleza de cada iniciativa. En el estado de Hidalgo, la central fotovoltaica Tecozautla buscaba aprovechar los altos niveles de radiación solar de la región central del país para inyectar cientos de megawatts a la red eléctrica nacional.
No obstante, el proyecto irrumpió en una zona caracterizada por una relación histórica particular con el agua y la tierra, donde la agricultura regional y la vocación turística local dependen fuertemente del equilibrio ecológico. La falta de transparencia inicial sobre las extensiones de terreno requeridas, sumada al temor de las comunidades sobre la pérdida de vegetación nativa y el impacto visual y térmico que la infraestructura a gran escala traería consigo, generó un terreno fértil para la desconfianza y la resistencia comunitaria.
Por su parte, el caso de la península de Yucatán albergó uno de los episodios más prolongados y emblemáticos con los proyectos Ticul 1 y Ticul 2. Diseñados para abastecer de energía a una zona con una demanda creciente debido al desarrollo turístico e industrial, estas plantas fotovoltaicas proyectaban la cobertura de cientos de hectáreas de selva baja con tecnología solar.
Sin embargo, los desarrolladores desestimaron el denso tejido comunitario maya y la profunda vinculación que los ejidatarios mantienen con la selva, la apicultura y sus sitios sagrados. Las consultas comunitarias en torno a Ticul se convirtieron en campos de batalla legales e institucionales, marcadas por acusaciones de irregularidades en las asambleas ejidales, divisiones internas promovidas por intermediarios y la omisión sistemática de los impactos ambientales acumulativos sobre los mantos freáticos, un recurso extraordinariamente frágil en la estructura kárstica del suelo yucateco.
En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, la historia del parque eólico Gunna Sicarú representa quizás uno de los capítulos más tensos en la historia del desarrollo renovable de América Latina. Promovido por empresas transnacionales de gran calado, el proyecto pretendía aprovechar uno de los corredores de viento más potentes del planeta en territorio del pueblo zapoteco.
No obstante, Gunna Sicarú arrastró desde sus inicios la sombra de procesos de consulta percibidos como viciados, donde la desinformación, las presiones hacia los propietarios de la tierra y el incumplimiento de pactos sociales previos generaron un profundo rechazo. La oposición no solo unió a ejidatarios y comuneros, sino que convocó a organizaciones indígenas locales que vieron en la proliferación de aerogeneradores un proceso de despojo territorial bajo el discurso de la economía verde.
Consultas viciadas y la asimetría del poder
El verdadero punto de inflexión en la cancelación de estos proyectos radica en el fracaso de la consulta previa, libre e informada, un derecho amparado por tratados internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y respaldado por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Durante mucho tiempo, la aplicación de estos procesos fue tratada por las empresas y por algunas autoridades reguladoras como un mero trámite administrativo o un requisito burocrático dentro de una lista de cotejo para obtener permisos de construcción, en lugar de concebirse como un diálogo horizontal de buena fe.
La dinámica habitual comenzaba con acuerdos asimétricos de arrendamiento firmados con un grupo reducido de líderes locales o ejidatarios antes de que la totalidad de la comunidad entendiera los alcances reales de la obra. Cuando las consultas oficiales finalmente se ponían en marcha, el ambiente social ya se encontraba severamente polarizado entre quienes vislumbraban un beneficio económico inmediato por la renta de parcelas y aquellos que preveían la pérdida de sus medios de vida tradicionales y el deterioro del entorno natural.
Esta fragmentación del tejido social alimentó disputas internas, enfrentamientos entre familias y el despliegue de resistencias pacíficas y acciones legales que detuvieron los proyectos durante años, desgastando la viabilidad financiera de los inversores hasta volver insostenible la viabilidad de las obras.
Las resoluciones judiciales dictadas en varios de estos casos remarcaron reiteradamente que un proceso de consulta no es válido si se realiza bajo coerción, si oculta información técnica sobre los impactos ambientales a largo plazo o si se lleva a cabo cuando la decisión de construir ya ha sido tomada unilateralmente por la corporación. El consentimiento debe ser la causa del diseño del proyecto y no una consecuencia impuesta a la fuerza sobre las poblaciones residentes.
El reto de la transición energética
Desde el punto de vista del sector eléctrico y de las cifras macroeconómicas, la cancelación definitiva de Tecozautla, Ticul 1, Ticul 2 y Gunna Sicarú implica consecuencias inmediatas. La pérdida de más de ochocientos millones de dólares en inversión no solo representa la interrupción de ingresos por capital extranjero y generación de empleo temporal durante las fases de construcción, sino que frena la adición de ochocientos megawatts de capacidad limpia a la matriz energética nacional. Esta falta de generación renovable complica las metas de descarbonización del país y presiona aún más a un sistema eléctrico que enfrenta retos críticos de transmisión y saturación en diversas regiones.
Sin embargo, centrar el análisis exclusivamente en el capital financiero perdido omite el costo social que la imposición de estos macroproyectos estaba generando. Las comunidades han dejado claro que la transición energética no puede realizarse a expensas de la justicia social y ambiental.
El concepto de la transición justa implica que la sustitución de combustibles fósiles por energías limpias debe ser equitativa, democrática y respetuosa con los derechos humanos. Producir energía verde mediante prácticas extractivistas tradicionales no cambia la lógica de dominación sobre el territorio, simplemente sustituye la fuente de generación mientras mantiene las mismas asimetrías sociales.
El desenlace de estos cuatro proyectos demuestra que la viabilidad financiera y la factibilidad técnica son insuficientes si un proyecto carece de licencia social para operar. La resistencia de las comunidades en Hidalgo, Yucatán y Oaxaca no debe leerse como un rechazo simplista o irracional al progreso o a la tecnología, sino como una exigencia explícita de inclusión real en la toma de decisiones sobre sus propios territorios.
Hacia un nuevo modelo de desarrollo energético
El colapso simultáneo de estas iniciativas marca la urgencia de reestructurar por completo la manera en que se planifica y ejecuta la infraestructura energética en el país. El modelo top-down, donde las decisiones se toman en escritorios corporativos o gubernamentales lejanos para luego imponerse sobre los mapas comunitarios, ha probado ser ineficiente, costoso y socialmente conflictivo.
Un nuevo paradigma para el sector eléctrico requiere situar los derechos humanos y la gestión territorial comunitaria en el centro de cualquier estrategia energética. Esto exige que los estudios de impacto social y ambiental se realicen de forma independiente y previa a la asignación de permisos comerciales, garantizando que el diálogo con las comunidades comience en las etapas más tempranas del diseño técnico. Asimismo, abre la puerta para explorar esquemas de generación distribuida y proyectos comunitarios de energía, donde los propios habitantes locales sean socios o propietarios de las instalaciones, garantizando que los beneficios económicos permanezcan en la región y no se traduzcan únicamente en pagos marginales por la renta de sus tierras.
La cancelación de Tecozautla, Ticul 1, Ticul 2 y Gunna Sicarú queda inscrita como una lección indispensable para el futuro industrial del país. Muestra con claridad que el viento y el sol pueden ser ilimitados, pero el consentimiento, el respeto a la dignidad y la sustentabilidad social del territorio tienen límites muy concretos que la inversión privada y las políticas públicas ya no pueden ignorar.
