En México no hay un conteo oficial de transfeminicidios, los servidores públicos no están capacitados para su atención y mucho menos para su prevención.
Por. Nora Villegas
Ciudad de México.- Paola Buenrostro fue asesinada a tiros el 30 de septiembre de 2016, minutos después de subir al auto de un cliente y que este se diera cuenta de que era una mujer transexual, el asesinato ocurrió en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.
A 10 años de su muerte, el 31 de agosto de 2026, el presunto transfeminicida, Arturo Felipe Delgadillo Olvera fue capturado por autoridades capitalinas en el municipio de Nicolás Romero, en el Estado de México y puesto a disposición del juez que lo requiere para continuar con el proceso penal.
Tras una larga lucha encabezada por Kenia Cuevas, amiga de la víctima, mujer transexual que no ha cejado su lucha por hacer justicia por el asesinato de su amiga Paola y los derechos de las mujeres trans; entre otras cosas, impulsó la “Ley Paola Buenrostro”, la cual reforma diversos ordenamientos en materia de tipificación y atención a víctimas de transfeminicidio.
En 2024, la Cámara de Diputados de la Ciudad de México tipificó el delito de transfeminicidio en el Código Penal, para “sancionar a quien, por razones de identidad o expresión de género, prive de la vida a una mujer trans o a una persona cuya identidad o expresión de género, real o percibida, se ubique dentro del espectro femenino, reconociendo así esta forma extrema de violencia por prejuicio.”
La Ley Paola Buenrostro reconoce que la identidad de género se refiere a la experiencia interna e individual de género de cada persona, que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. Por lo que obliga al Estado a reconocer y proteger a las personas transgénero por ser especialmente vulnerables a las violaciones de derechos humanos cuando los datos de su nombre y sexo que figuran en los documentos oficiales no coinciden con su identidad o expresión de género.
De acuerdo con datos publicados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX), durante el 2025, se habilitaron más de tres mil 200 servidores públicos en investigación de delitos graves como feminidad, transfeminidad y violencia sexual, derechos humanos y no discriminación, actuación justa, sin prejuicios y con enfoque diferenciado, atención a las víctimas con protocolos para evitar la revictimización y garantizar un trato digno y llevó a cabo nuevas actividades académicas para visibilizar, prevenir e infringir las violencias contra las mujeres.
La Lucha de Kenia Cuevas
El 2 de septiembre pasado, Kenia Cuevas acusó al personal ministerial de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, de hacer precisamente lo contrario a lo establecido en la Ley Paola Buenrostro. Cuevas denunció públicamente al personal de la fiscal Bertha Alcalde Luján de haberla tratado como caballero durante la audiencia celebrada tras la detención del presunto transfeminicida de su amiga Paola.
10 años de lucha incansable, más de cinco millones de pesos anuales gastados en cursos especializados para que el personal ministerial de la FGJ CDMX termine usando el nombre registral de Kenia Cuevas, justamente en la audiencia de la detención del transfeminicida de la persona, cuya muerte dio origen a una Ley que protege el derecho a ser reconocida como mujer trans, para que el agente del Ministerio Público llamara “homicidio” al asesinato de una mujer trans.
La FGJ CDMX no reconoció su falta de capacitación y de sensibilidad ante la denuncia de Kenia Cuevas, al contrario, señaló que entendía su dolor e indignación acumulados, pero que “aún existían diferencias respecto de aspectos jurídicos del proceso”, pero que “ninguna manifestación, por legítima que sea, puede justificar agresiones contra servidoras y servidores públicos ni daños a las instalaciones de la institución”.
Si es así, entonces que la Ley Paola Buenrostro castigue a los servidores públicos que no respetaron sus principios y que mostraron una actitud, además de transfóbica, ignorante, irrespetuosa y sin ningún atisbo de perspectiva de género. Más aún, la Policía de Investigación roció gas lacrimógeno y reprimió a golpes la protesta, en lugar de investigar y atender los 35 transfeminicidios que han sucedido en México.
