Por. J. Jesús Lemus
El arresto de Iván Cazarín Molina, conocido en el mundo del crimen organizado como El Tanque o El Víctor, representó uno de los golpes más significativos contra la estructura financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación en el oriente y sureste del país.
Capturado en un operativo conjunto de las fuerzas federales y de inteligencia militar en Zapopan, Jalisco, Cazarín Molina no era un operador común de calle. Durante casi dos décadas escaló posiciones hasta convertirse en un pilar estratégico en la red de sustracción y venta ilegal de hidrocarburos, controlando de manera casi absoluta las rutas del huachicol que conectan los estados de Veracruz, Tabasco, Puebla y Oaxaca con los principales puertos del Golfo de México.
El impacto de su detención trascendió de inmediato la esfera de la seguridad pública para adentrarse en el terreno político y judicial debido a los estrechos vínculos que investigaciones periodísticas de fondo y reportes de inteligencia filtrados le atribuyen con la cúpula del poder en el estado de Veracruz.
En el centro de estas acusaciones se encuentra José Luis Peña Peña, empresario ganadero y esposo de la gobernadora Rocío Nahle García. La relación que se le adjudica a Peña Peña con la estructura criminal de Cazarín Molina no se limita a un conocimiento superficial o circunstancial, sino a un entramado corporativo y de protección operativa en el que el cónyuge de la mandataria habría figurado como un enlace clave e incluso como beneficiario directo de los esquemas financieros del capó.
Según las investigaciones difundidas por periodistas especializados en delincuencia organizada y seguridad nacional, Iván Cazarín Molina construyó un imperio paralelo a través del tráfico de combustible extraído ilícitamente de las redes de ductos de Petróleos Mexicanos. Para dar apariencia de legalidad a los ingresos multimillonarios generados por esta actividad, El Tanque creó una red de gasolineras e industrias de transporte.
Esta infraestructura fue objeto de sanciones por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, organismo que congeló los bienes de más de una decena de empresas registradas en territorio veracruzano que servían como fachada para blanquear dinero de la organización criminal e inyectarlo en el mercado formal.
En este contexto de operaciones complejas, la figura de José Luis Peña Peña cobra relevancia periodística. Diversos testimonios, audios revelados en investigaciones independientes y reportes de seguimiento señalan que Peña Peña utilizaba su posición de influencia política y su cercanía con la gobernadora para facilitar la logística de transporte de insumos en obras públicas de gran calado en la región sur.
Específicamente, se le vincula con la intermediación para el suministro y traslado de balasto e insumos para infraestructura federal, un sector donde el grupo criminal encabezado por El Tanque ejercía un control férreo sobre los sindicatos de transportistas locales. Mediante extorsiones, cobro de cuotas y la imposición de tarifas, Cazarín Molina monopolizaba las rutas de carga, y es ahí donde se presume la existencia de pactos económicos con la red de Peña Peña para garantizar el flujo de los negocios sin interferencias gubernamentales o policiales.
Sobornos al esposo de la gobernadora
Además de los arreglos logísticos, los informes detallan que el esposo de la gobernadora presuntamente formaba parte de una nómina de pagos y retribuciones de carácter criminal a cambio de ofrecer cobertura política e inmunidad operativa en los municipios donde el huachicol mantenía sus centros de almacenamiento más importantes, particularmente en las cercanías de la zona portuaria de Veracruz y en la región petrolera del sur del estado.
Aunque José Luis Peña Peña no desempeña un cargo público formal dentro de la estructura del gobierno estatal, su constante presencia en la toma de decisiones informales y su intervención en asuntos agrícolas y ganaderos fueron señalados por analistas políticos como el canal perfecto para operar al margen de la fiscalización institucional.
El entramado criminal del cual formaba parte Iván Cazarín Molina también involucraba alianzas estratégicas con células violentas operativas de la región, como el grupo conocido como La Barredora, que mantiene una fuerte presencia en Tabasco y las zonas limítrofes con Veracruz. Esta coalición permitió a El Tanque consolidar un corredor de impunidad para el traslado de pipas cargadas con hidrocarburo robado, cobrando cuotas a empresas privadas y extorsionando a contratistas del sector energético.
Actualmente, tras la captura de Iván Cazarín Molina, el imputado enfrenta procesos penales ante juzgados federales por delitos de delincuencia organizada, homicidio, secuestro, portación de armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y operaciones con recursos de procedencia ilícita, permaneciendo recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano.
Mientras las autoridades federales continúan desmantelando los bienes materiales y las cuentas bancarias asociadas a sus empresas fachada, las revelaciones sobre la implicación de José Luis Peña Peña mantienen abierto el debate sobre el nivel de infiltración del crimen organizado en la alta política veracruzana y la exigencia de que las instancias correspondientes investiguen a fondo las redes de complicidad que permitieron el florecimiento de este imperio delictivo.
