Por. Francisco Castellanos J.
Morelia, Mich.- El gobierno morenista y de la 4T, de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, acusado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y de Inteligencia Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de posible nexos con “Cárteles Unidos de Michoacán, y gobierna a los michoacanos con cifras maquiladas sobre crímenes dolosos, no da a conocer hechos importantes, como el de Jacona del 11 de octubre, donde hubo ocho mu3rtos, entre ellos dos policías, y 6 heridos en ataque a la base del cuartel de bomberos y Protección Civil.
Otra vez este fin de semana el crimen organizado mostró el control que tiene en varias regiones de Michoacán, como la de Jacona, Ecuandureo, Morelia, Zamora, Uruapan y Zinapécuaro, donde en sendos ataques al menos 17 personas perdieron la vida, entre ellos dos policías municipales y un agente de la Fiscalía General de la República. Hasta este día, nadie ha dado a conocer de manera oficial los hechos de las 17 muertes y los 16 heridos.
Pero también hay giras fantasmas, con fotos de archivo, donde se ve claramente que de un evento a otro, a una distancia de 500 metros, viste otra ropa distinta, todo ello, como forma de proselitismo político a favor de Morena; no mencionan hechos importantes, como batimientos de líderes delincuenciales, eventos con más de 17 homicidios en un solo fin de semana, entre otros.
El lunes 12 de octubre todos los michoacanos, o al menos la mayoría, esperaba la información de los hechos y al contrario en su lugar apareció una gira por Uruapan para supervisar obras ya realizadas hace meses: “El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realizó un recorrido de supervisión de las obras más emblemáticas del Gobierno estatal en Uruapan, donde se han invertido 6 mil millones de pesos en infraestructura y modernización”.
El mandatario destacó que su administración ha destinado recursos sin precedentes a proyectos como el teleférico, el Centro Cultural y Artesanal “La Ranita”, el Paseo Revolución y el paso elevado “Carlos Manzo”, se informó en un boletín enviado el lunes 12 de octubre por la Coordinación de Comunicación Social, dirigida por Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, lo que constituye un delito según el Código Penal Federal en su artículo 214, pues nunca hubo ninguna gira, ya que Ramírez Bedolla se encuentra en China desde la semana pasada.
Se mando mensaje a Alejandra Quintero, una de las encargadas de enviar la información, donde se le menciona que lo que están haciendo es grave y cambiaron su tónica, pero nunca dieron una respuesta.
Y así, todos los días mencionan obras realizadas por el gobierno de Michoacán, pero ya no dicen que estuvo presente Alfredo Ramírez, pero si salen sus fotos, en entrega de tenis, supervisión del Teleférico de Morelia, dando su nombramiento a un nuevo funcionario, da Michoacán paso fundamental en búsqueda de personas; y así por el estilo siempre con las mejores fotos del gobernador, y él en China.
El panorama de la seguridad pública en Michoacán ha sido objeto de continuo debate, con reportes que destacan la persistencia de delitos de alto impacto como los homicidios dolosos, las extorsiones y las disputas territoriales entre grupos del crimen organizado, frente a los esfuerzos y estrategias reportados por el gobierno estatal y federal.
De acuerdo con diversos análisis de medios de comunicación y reportes de seguridad ciudadana, la entidad enfrenta desafíos complejos en regiones clave como Tierra Caliente, la zona de Uruapan y la frontera con estados vecinos:
–Inseguridad y Violencia: Informes periodísticos y de organizaciones civiles apuntan a enfrentamientos recurrentes y ataques que afectan tanto a la población civil como a las fuerzas del orden, vinculados a la presencia de múltiples células delictivas.
–Extorsión: Sectores económicos estratégicos para el estado, especialmente la producción y exportación de limón y aguacate, han denunciado públicamente el impacto del cobro de cuotas, lo que en diversas ocasiones ha provocado la suspensión temporal de actividades agrícolas, pero el gobierno siempre mencionando a Alfredo Ramírez: “Unidad antiextorsión evita el pago de 313.5 millones de pesos a la delincuencia”, cuando los propios extorsionadores son los policías.
–Homicidios y Ejecuciones: Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) suelen ubicar a Michoacán entre las entidades con tasas elevadas de homicidio doloso, aunque las autoridades estatales defienden que se han logrado reducciones porcentuales en periodos específicos gracias al despliegue de la Guardia Nacional y el Ejército.
Por su parte, la postura del Gobierno de Michoacán y las fuerzas federales se centra en la implementación de operativos interinstitucionales, el fortalecimiento de la policía estatal (Guardia Civil) y la inversión en programas sociales para atender las causas de la violencia. El ejecutivo estatal ha sostenido en sus informes que existe una coordinación estrecha con la federación para pacificar las zonas de mayor conflicto y combatir la impunidad.
También Ramírez Bedolla, ha enfrentado diversas posturas y debates públicos respecto a la situación de seguridad y las cifras de homicidios dolosos en el estado desde que asumió el cargo en 2021.
A nivel general, el análisis de la seguridad en Michoacán suele presentar dos perspectivas principales:
*Postura oficial del gobierno: La administración de Ramírez Bedolla defiende que, mediante la coordinación con el gobierno federal, el despliegue de la Guardia Nacional y la estrategia de pacificación, se ha logrado una tendencia a la baja en la incidencia de homicidios dolosos en diversas regiones del estado en comparación con administraciones anteriores.
*Críticas de la oposición y organizaciones civiles: Sectores de la oposición política, activistas y defensores de derechos humanos cuestionan con frecuencia las cifras oficiales. Señalan que la violencia ligada al crimen organizado persiste en zonas críticas (como la Tierra Caliente) y argumentan que existe una disparidad entre los datos presentados en los informes oficiales y la realidad que viven las comunidades afectadas. Ley General de Responsabilidades Administrativas.
El escándalo de Jacona
De los hechos más violentos, este domingo destacó el registrado en el municipio de Jacona, donde en al menos tres ataques, en distintos puntos, dejaron un saldo de seis personas fallecidas, entre ellas dos policías municipales, un civil y tres presuntos delincuentes abatidos durante un enfrentamiento con fuerzas de seguridad, pero también se confirmó que otro policía, una socorrista y una mujer resultaron lesionados de bala.
El primer ataque ocurrió cuando elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal se encontraban en la base de Protección Civil, ubicada sobre el Libramiento Sur, a la altura del crucero a Los Reyes, donde varios sujetos armados arribaron al sitio y dispararon contra los uniformados, quienes se encontraban dentro de una patrulla.
En los asientos traseros de la unidad oficial, con número económico 25-4960, quedaron sin vida los policías Gerardo Mondragón Vitela y Mario Méndez Aguilar, mientras que su compañero Jaime Alberto S. S. resultó lesionado.
Durante el ataque también fue alcanzada por los disparos la socorrista Susana Lisset H. G., quien, junto con el oficial herido.
Mientras, en el exterior de la base de Bomberos, junto a un puesto ambulante de venta de carnitas, murió un hombre cuya identidad permanece desconocida y que, de acuerdo con los primeros reportes, sería ajeno a la agresión.
En el mismo hecho resultó lesionada Beatriz D. D., de 30 años de edad, vecina de Zamora, quien fue auxiliada por paramédicos de Rescate y canalizada a una clínica local.
Posteriormente, sobre el Libramiento Sur, a la altura del acceso al cuartel de la Guardia Nacional, elementos de la Guardia Civil detectaron a varios sujetos armados que arrojaban “ponchallantas” sobre la vialidad y en ese punto se registró un enfrentamiento que dejó tres presuntos delincuentes abatidos.
Privada Neptuno; por vecinos se supo que los animales carroñeros ya habían empezado a carcomerle la cabeza y aunque no fue identificado, las autoridades informaron que se trataba de un hombre de entre 25y 30 años de edad de complexión delgada, moreno y de cabello negro.
También ese domingo 11, un incidente vial terminó en la muerte de un agente del Ministerio Público Federal, luego de ser atropellado en repetidas ocasiones por un automovilista que presuntamente conducía bajo los efectos del alcohol, sobre la avenida Morelos Norte, en Morelia. La Fiscalía General del Estado, nunca informó del caso.
De los demás casos registrados este fin de semana, el viernes, un trabajador de Teléfonos de México (Telmex), quien era buscado desde el pasado miércoles tras perderse contacto con él durante su jornada laboral, fue encontrado sin vida en una zona agrícola del municipio de Ecuandureo, junto a una camioneta de la empresa; el fallecido fue identificado como Carlos Enrique C.G., de 34 años de edad.
El sábado, un hombre que se encontraba a bordo de una motocicleta, fue asesinado de varios balazos en la colonia Francisco J. Mújica de la ciudad de Zamora; fue identificado como José Alberto V., M., de 36 años de edad.
También el sábado, el cadáver de un hombre que presenta huellas de violencia e impactos de bala, fue localizado sobre la carretera Jucutacato – Cutzato, al sur del municipio de Uruapan; no fue identificado, pero tenía entre 25 y 30 años de edad.
Ese mismo sábado, fue localizado otro cadáver del sexo masculino con huellas de violencia sobre la brecha que conduce de la comunidad de Caltzontzin a La Cofradía; permanece como desconocido, se supo que tenía entre 30 y 35 años de edad.
Los elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en Michoacán han sido blanco constante de emboscadas, ataques armados y explosivos por parte de grupos del crimen organizado, en distintas regiones del estado:
Ataques con explosivos y minas terrestres: Se han registrado múltiples incidentes en zonas serranas como Coalcomán, Tepalcatepec, Chinicuila y los límites con Jalisco. Estos ataques han dejado bajas y varios militares heridos tras detonar narcominas o dispositivos explosivos al paso de los convoyes oficiales, por los grupos del crimen organizado, que luchan por el control de la zona.
Emboscadas en carreteras: En zonas como la carretera Zamora-Carápan y Chilchota, elementos castrenses han sufrido agresiones con armas de alto poder, en hechos vinculados a reacciones de grupos criminales por operativos federales.
Operativos y detenciones: Paralelamente, las fuerzas federales han mantenido despliegues operativos en la región de Tierra Caliente para desarticular células delictivas y capturar a líderes de plaza.
El ataque ocurrido este pasado domingo 11 de octubre de 2026 en la base de Bomberos y Protección Civil de Jacona es un hecho sumamente grave que contradice drásticamente cualquier discurso de pacificación.
Los reportes periodísticos de medios locales y nacionales han confirmado la magnitud de la tragedia:
Respecto a los señalamiento sobre el silencio de las autoridades, el contraste es evidente: mientras la prensa regional cubrió los hechos minuciosamente, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se limitaron únicamente a no emitir reportes sobre los abatidos y el despliegue del operativo técnico, omitiendo pronunciamientos públicos de peso, condenas enérgicas o ruedas de prensa detalladas para esclarecer el móvil.
Este silencio institucional en los canales principales del gobierno estatal tras un ataque directo a cuerpos de emergencia y de seguridad pública es precisamente lo que alimenta la justificada indignación y la percepción ciudadana michoacana de opacidad.
¡Fantasmas y ocultar hechos graves! El vergonzoso fraude del Gobierno de Michoacán que sacude al estado.
Pero el gobierno Morenista, que busca volver a ganar las elecciones del 2027, con una “entidad de ensueño; donde nada sucede”, oculta información y da la que le conviene. Algunos de los cientos de casos y entidad en el que los votantes ya no creen en la 4T, sólo basta que el próximo 2027 y 2030, los cuidamos digan “no”, como ocurrió en Chile, cuando gobernaba Pinochet, los s chilenos pusieron no, en puertas, ventanas, carros, lugares públicos, con lo que acabaron con el gobierno del tirano.
El 1 de noviembre de 2025 durante los festejos del Festival de las Velas, en la plaza principal– centro de Uruapan–, mientras se llevaba a cabo el tradicional Festival número 18, un sujeto armado se le acercó y le disparó en repetidas ocasiones; Manzo fue trasladado a un hospital particular, donde falleció minutos después. En la agresión también resultó herido un regidor. Tras el ataque, un agresor fue abatido en el lugar y dos personas más fueron detenidas.
En este caso el gobierno de Michoacán en su página oficial se apresuró y, señalo que” atentan contra la vida del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Albero Manzo Rodríguez, está gravemente herido”.
Sin embargo; en su Facebook, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, minutos antes, y que había fallecido en el Hospital Fray Juan de San Miguel, después de que lo llevaron al nosocomio, antes de la información oficial del gobierno michoacano de que “estaba grave”.
Otra omisión más del gobierno de la entidad al emitir su información: El líder delincuencial de alto perfil reportado como abatido en Michoacán cuya muerte generó un hermetismo inicial por parte del gobierno del estado (el cual evitó confirmarla categóricamente de forma inmediata) fue Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Güicho”.
A finales de agosto de 2026, las fuerzas federales implementaron un fuerte operativo que derivó en un enfrentamiento en la zona rural entre Tocumbo y Los Reyes, Michoacán.
En las primeras horas posteriores al tiroteo, el gobernador de Michoacán, Ramírez Bedolla, compareció ante los medios, en la Casa Michoacán, confirmando únicamente la existencia del despliegue armado y aceptando de manera muy reservada que presuntamente había caído un líder criminal, aclarando que en ese momento no se podía confirmar categóricamente su muerte.
El vacío de confirmación oficial por parte del ejecutivo del estado duró poco tiempo, pues horas más tarde las autoridades a nivel federal, encabezadas por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, otra vez, terminaron por corroborar oficialmente la identidad del abatido debido a la relevancia del capo, quien era el principal líder del Cártel de Los Reyes y un objetivo prioritario por el que Estados Unidos ofrecía 3 millones de dólares.
Cifra maquiladas de homicidios dolosos
Durante la administración del gobernador Alfredo Ramírez, en Michoacán, octubre de 2021 a septiembre de 2026, el gobierno estatal ha reportado una tendencia a la baja en la incidencia mensual de homicidios dolosos, pasando de 259 víctimas en octubre de 2021 a 70 víctimas en septiembre de 2026, lo que representa una reducción acumulada del 72.9% en ese indicador mensual.
Datos de referencia por periodo:
—Octubre de 2021 (Inicio de gestión): 259 víctimas de homicidio doloso.
—Año 2025: Se registraron un total de 1,267 homicidios dolosos en el año.
— Enero a septiembre de 2026: Se han acumulado 611 homicidios dolosos de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP);sin embargo, de acuerdo a las cifras de los medios de comunicación van más cerca de dos mil homicidios dolosos.
De acuerdo con los datos oficiales de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán y el SESNSP, en Michoacán se registraron 1,878 homicidios dolosos (tomando en cuenta las víctimas) desde el año 2025 hasta septiembre de 2026.
La postura de los medios y analistas, subrayan que, a pesar de las bajas porcentuales que muestra el gobierno para ganarse la confianza y votos de los ciudadanos, la violencia letal sigue siendo un problema crítico, manteniendo a la entidad con registros anuales de cuatro dígitos y con zonas de alta peligrosidad activa.
El estado de Michoacán ocupa la 10ª posición a nivel nacional en cifras totales de homicidios dolosos, registrando un acumulado de 611 víctimas en el periodo correspondiente de enero a septiembre de 2026.
En el ámbito internacional no se asigna un lugar específico por estado, dado que los rankings globales (como los de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC) evalúan únicamente a México como país (el cual usualmente se sitúa entre las naciones con mayores tasas de homicidio en el mundo, ocupando la posición 165 de 178 evaluadas en las mediciones globales de tasa por cada 100,000 habitantes).
Para un seguimiento independiente de la violencia en el país, organizaciones civiles como Causa en Común recopilan estos conteos periodísticos y los contrastan constantemente con las carpetas de investigación de las fiscalías.
Se debe suspender, por ley a los responsables: La coordinación de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán.
La emisión y difusión de información falsa por parte de un gobierno o sus servidores públicos puede constituir un delito, dependiendo del contexto, la intención y el impacto de dicha información. En la legislación mexicana, no existe un tipo penal único llamado “emitir información falsa por el gobierno”, pero se castiga a través de diversas figuras jurídicas cuando la mentira afecta la administración pública, los procesos judiciales, o los derechos ciudadanos.
A nivel federal, las leyes que castigan estas conductas son:
1. Código Penal Federal (CPF). Ejercicio Ilícito de Servicio Público (Artículo 214): Sanciona con 2 a 7 años de prisión y de 30 a 150 días multa al servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, manipule información o rinda informes falsos que causen un perjuicio o se obtenga un beneficio indebido.
Falsedad en Declaraciones e Informes (Artículo 247): Castiga con 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días multa a las autoridades que, al rendir informes exigidos por la ley (por ejemplo, en juicios de amparo) como autoridades responsables, rindan informes falsos “o simulen hechos; en este caso la gira fantasma de Rodríguez Bedolla, por Uruapan, donde se da a conocer el recorrido del omnipresente gobernador, ya que se encuentra en China desde la semana pasada.
Falsificación de Documentos (Artículo 243): Si un funcionario altera, emite o valida un documento oficial (como estadísticas, actas o decretos) con datos falsos, se castiga con penas de 4 a 8 años de prisión (las cifras de homicidios dolosos maquillados).
Cuando la falsedad no alcanza el rango de delito penal, pero viola los deberes de un funcionario, se procesa por la vía administrativa:
“Se considera una falta administrativa alterar, ocultar o difundir información oficial de forma engañosa.
Las sanciones van desde la amonestación y la suspensión hasta la inhabilitación definitiva para ejercer cargos públicos y multas económicas severas y en este caso, quien autoriza dar información de giras y eventos inexistentes mientras, Ramírez Bedolla, se encuentra en China, la responsable de estos presuntos delitos es la titular de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno de Michoacán, Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, asumió el cargo el 1 de junio del 2023 y fue coordinadora de las campaña de 42 días de Alfredo Ramírez Bedolla.
Pero como ejercen un “control total” requiere matizarse entre lo que es el Poder Judicial y la autonomía formal de las Fiscalías.
A partir de la Reforma Judicial, el panorama estructural del Poder Judicial de la Federación (PJF) cambió radicalmente en el país:
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): Tras las elecciones judiciales extraordinarias, la integración de la SCJN se renovó bajo candidatos marcadamente impulsados o afines a Morena a través de listados (“acordeones”) distribuidos por el partido oficialista. Figuras afines a la 4T presiden e integran el Máximo Tribunal.
Tribunal de Disciplina Judicial: Este nuevo órgano sustituyó al Consejo de la Judicatura Federal. Sus integrantes actuales provienen directamente de propuestas o perfiles ligados al obradorismo. Al ser el ente encargado de vigilar, sancionar o destituir a jueces y magistrados, analistas políticos señalan que actúa como el verdadero mecanismo de alineación política del aparato judicial.
Magistrados y Jueces de Distrito: La totalidad de los cargos en los tribunales y juzgados federales y de los estados están sujetos a la transición del voto popular. Dado el aparato de movilización de Morena, la gran mayoría de las personas juzgadoras electas corresponden a las listas afines a la 4T.
Fiscalía General de la República
Ernestina Godoy Ramos asumió el cargo de Fiscal General de la República (FGR) el 3 de diciembre de 2025, tras su designación por el Senado de la República. Su nombramiento y gestión han generado diversas interpretaciones políticas en México.
Cuestionamientos a la autonomía, sectores de la oposición y críticos del régimen —como se señala en diversas columnas de opinión recopiladas por medios como Noroeste— califican su llegada como una designación de lealtad política (“imposición”) ligada directamente a la Cuarta Transformación (4T).
Sospechas de justicia selectiva, críticos señalan que su cercanía histórica con la presidenta Claudia Sheinbaum y con el expresidente Andrés Manuel López Obrador genera dudas sobre la imparcialidad de la FGR al investigar a figuras o casos vinculados con el partido oficialista Morena.
Fiscalías Generales de los Estados
Este rubro es el más diverso y donde no existe un control homogéneo:
En entidades gobernados por Morena; en los más de 20 estados donde gobierna la 4T, los fiscales estatales han sido propuestos por gobernadores morenistas y ratificados por sus congresos locales mayoritarios, por lo que su alineación política es directa.
Devia a que muchas fiscalías estatales aún escapan del control de la 4T o son calificadas como ineficientes, el oficialismo ha impulsado iniciativas destinadas a reformar y homologar las fiscalías locales anticorrupción y de justicia ordinaria bajo el argumento de “limpiar el crimen organizado”, buscando estrechar aún más el control sobre la procuración de justicia en todo el territorio.
Creen que los que fabrican información falsa, como Záyin Dáleth Villavicencio Sánchez, quien autoriza los boletines, ¿serán castigados?
