Por J. Jesús Lemus
La crisis que atraviesa el sistema penitenciario en México ha alcanzado un punto crítico tras registrarse un acelerado incremento cercano al 40 por ciento en el padrón de la población privada de la libertad en los últimos años.
Este vertiginoso aumento en la cantidad de personas recluidas ha llevado a que los centros penitenciarios del país superen con creces su capacidad instalada, acumulando una sobrepoblación que rebasa los 45 mil reos a nivel nacional y proyectando un escenario de emergencia donde los penales pueden colapsar en cualquier momento.
Detrás de estas cifras alarmantes subyace una política de seguridad pública y procuración de justicia sostenida principalmente en dos factores determinantes: el constante endurecimiento de la figura de la prisión preventiva y la proliferación de detenciones al vapor por parte de las corporaciones policiales y de las fuerzas armadas.
Los efectos de la política de Harfuch
Ambos elementos se han utilizado tácticamente para proyectar ante la opinión pública la percepción de un avance firme en la estrategia gubernamental de combate al crimen organizado y al narcotráfico, privilegiando el número de capturas por encima de la efectividad procedimental y la depuración de investigaciones sustanciales.
El fenómeno de las detenciones masivas y apresuradas se ha acentuado en la actual administración encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, periodo en el cual el padrón penitenciario global se ha situado en una cifra récord que ronda los 276 mil 873 internos.
En el marco de la estrategia de seguridad pública desplegada en los últimos meses, se contabiliza la suma de más de 70 mil personas aprehendidas o puestas a disposición de las autoridades judiciales, lo que ha inyectado una presión sin precedentes a las ya saturadas infraestructuras de detención.
Para dar una falsa sensación de contención frente a los grupos delictivos, las capturas de bajo impacto, las redadas expeditas y las detenciones flagrantes sin un expediente sólido se convirtieron en la principal métrica del éxito institucional, alimentando una maquinaria punitiva que encarcela de manera masiva pero que no necesariamente desmantela las estructuras operativas o financieras de las organizaciones criminales.
Al establecerse la privación de la libertad como medida cautelar obligatoria para un amplio catálogo de conductas penales, las fiscalías y los jueces se vieron privados de margen para aplicar alternativas procesales, lo que provocó que miles de personas permanezcan encarceladas durante años sin haber recibido una sentencia definitiva.
Esta dinámica ha convertido a los reclusorios en verdaderos almacenes humanos donde más de cuarenta de cada cien prisioneros se encuentran legalmente procesados pero técnicamente inocentes en espera de una resolución judicial que tarda años en llegar. El abuso sistemático del encarcelamiento preventivo no solo distorsiona la naturaleza del debido proceso, sino que satura los espacios físicos y agota los recursos operativos de las prisiones, transformando la justicia penal en una herramienta de retención punitiva a gran escala.
Crece el hacinamiento en las prisiones
Las repercusiones de este crecimiento desmedido se manifiestan con singular severidad en el plano operativo y humano dentro de los recintos carcelarios del país. El hacinamiento extremo sofoca las condiciones mínimas de habitabilidad, genera una severa escasez de agua, alimentos, servicios de salud y ventilación, y propicia un entorno donde impera la violencia latente y el deterioro de la salud mental de los internos.
Centros penitenciarios como los ubicados en el Estado de México, Sonora, Veracruz, Chiapas, San Luis Potosí y Nayarit figuran entre los que concentran los mayores índices de sobrepoblación a nivel nacional, albergando en sus pabellones a un número de internos que duplica o triplica el cupo para el cual fueron diseñados.
Asimismo, penales estatales emblemáticos como los de Chalco, Ecatepec y Tlalnepantla en el territorio mexiquense, junto con recintos de alta concentración urbana en diversas entidades del país, registran niveles de saturación que superan cualquier estándar de seguridad y derechos humanos.
La directa consecuencia de este colapso en la capacidad institucional es la consolidación y el fortalecimiento peligroso del autogobierno en la mayoría de las prisiones mexicanas. Cuando la custodia oficial se ve superada numéricamente por la masa de reclusos y la infraestructura operativa se colapsa, las autoridades penitenciarias pierden de facto el control de los pasillos, los patios y los dormitorios.
En este vacío de poder formal, las estructuras del crimen organizado y los grupos delictivos que operan al interior del sistema asumen la gobernanza informal de los centros de reclusión. Son estas redes criminales las que terminan administrando la distribución de celdas, el cobro de cuotas de protección, la venta de alimentos y artículos de primera necesidad, el tráfico de drogas y armas, e incluso la logística de extorsiones y secuestros ejecutados hacia el exterior de los muros institucionales.
Autogobierno como alternativa
El autogobierno no es únicamente una falta de disciplina interna, sino una estructura de dominación paralela alimentada por la propia sobrepoblación. En penales donde cientos de personas deben compartir espacios diseñados para una docena, el acceso a una colchoneta, a un baño limpio o a una visita familiar se convierte en una mercancía negociable bajo la extorsión de los propios reclusos violentos.
Las agrupaciones delictivas aprovechan la vulnerabilidad y la desesperación de los recién ingresados para reclutarlos a la fuerza o sumarlos a sus filas corporativas, transformando las cárceles en escuelas del crimen y en centros operativos continentales en lugar de espacios destinados a la reinserción social.
Lejos de neutralizar la delincuencia, el internamiento masivo alienta un círculo vicioso donde la prisión nutre con mano de obra y cuadros operativos a las mismas bandas que el gobierno afirma combatir en las calles.
El discurso político que presenta el incremento del padrón penitenciario como la prueba palpable de una victoria contra la delincuencia organizada omite deliberadamente la realidad estructural del sistema.
Exhibir cifras abultadas de aprehensiones complace la demanda ciudadana de mano dura, pero la realidad muestra que el enjuiciamiento de grandes volúmenes de personas detenidas al vapor no ha reducido de manera sustantiva los índices de violencia ni ha devuelto la paz a los territorios más golpeados por el narcotráfico.
Por el contrario, la estrategia de encarcelamiento masivo ha desplazado el foco de la inteligencia policial y de la investigación científica hacia una política de cuotas de captura que privilegia la cantidad sobre la calidad probatoria de las detenciones.
La bomba de tiempo que representan los penales sobrepoblados amenaza con estallar mediante motines, riñas masivas, fugas y enfrentamientos armados que dejan al descubierto la fragilidad de las instituciones de seguridad.
Cada riña trágica y cada toma de control de un recinto por parte de las bandas internas es un recordatorio de que la política de saturar las cárceles genera mayores riesgos de desestabilización social y violencia de los que pretende contener.
Mientras el encarcelamiento siga siendo la principal respuesta gubernamental ante la criminalidad, los centros penitenciarios de México continuarán al borde del colapso, funcionando no como espacios de justicia, sino como recintos dominados por la ingobernabilidad donde la seguridad del país se erosiona de forma constante e irreversible.
