¿Deben los funcionarios someterse a examen psiquiátrico? Gertz Manero, un estudio de caso
En el sistema político mexicano predomina la ausencia de un marco jurídico que obligue a los funcionarios —al menos a los del primer nivel— a rendir cuentas ante el electorado sobre su estado de salud física y mental, en donde también incide la propia inercia del régimen político que convenientemente se ha acomodado en esa postura de opacidad
