Por. J. Jesús Lemus
Ya son 20 años de llorar la tragedia de Pasta de Conchos, donde 65 mineros murieron en una explosión dentro de una mina del Grupo México en Nueva Rosita, Coahuila; la mayoría de las víctimas no siquiera han tenido una sepultura digna, mucho menos derecho a la justicia por su asesinato.
De los 65 mineros que murieron en la tragedia ocurrida el 19 de febrero del 2006, los cuerpos de 63 de ellos aún permanecen en las entrañas de la mina, de donde no han querido ser rescatados, por la Minera Grupo México ni por el gobierno federal, para no evidenciar que se encontraban trabajando en condiciones más allá de las humanamente posibles.
A 20 años de distancia de esta tragedia, la mayor que ha vivido en toda su historia el sector minero del país, aún no hay responsables llevados ante la justicia; no existe un solo responsable encarcelado, ni siquiera procesado, que responda por la muerte de los 65 trabajadores de la mina de carbón Pasta de Conchos.
La responsabilidad se ha diluido no solo con el paso del tiempo, sino por los dimes y diretes entre la minera Grupo México, el Sindicato Minero, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Gobierno Federal, y funcionarios del gobierno estatal de Coahuila, los que tras un alud de informes no han querido esclarecer las causas de la tragedia.
El Grupo México, de Germán Larrea Mota Velasco, propietario de la mina, sigue explotado indiscriminadamente el subsuelo mexicano; Napoleón Gómez Urrutia, el líder del sindicato minero; Humberto Moreira, entonces gobernador de Coahuila, y el entonces secretario del trabajo, Francisco Javier Salazar Sáenz, siguen intocados.
En un viso de esclarecer los hechos de esta tragedia, en aras de que las familias de las víctimas y los propios mineros fallecidos tengan derecho a la justicia y la reparación debida del daño, el presidente Andrés Manuel López Obrador, anunció la reapertura del caso para investigar y sancionar a los responsables.
La presidenta Claudia Sheinbaum no ha sido capaz de dar respuesta a los reclamos de los deudos de los 65 mineros, que siguen reclamando una acción del Estado en contra de la minera Grupo México, de Germán Larrea Mota Velazco. Solo hay una eterna promesa del gobierno federal de su intención de reparar el daño a las familias de los mineros sepultados.
La investigación corre a cargo del subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, quien -al igual que Alejandro Encinas, en su momento-anunció que en las próximas semanas se establecerá una mesa de trabajo para indagar sobre el tema, con la única finalidad de dar justicia a las víctimas y sus familias.
Sin embargo, el proyecto de reinicio en las investigaciones de esta tragedia no tiene aún fecha ni estructura, pues de acuerdo al propio Alejandro Encinas, en su momento, dijo que “es un acuerdo que va en el sentido de establecer una mesa de trabajo donde participen los familiares de las víctimas, las organizaciones, las Secretarías de Relaciones Exteriores, Gobernación, Economía y del Trabajo, a fin de encontrar una solución amistosa”.
Una Tragedia Dolosa
Pese a la intención de la actual administración de llevar término la investigación de la tragedia de Pasta de Conchos en términos de amistad, esto – a todas luces- no puede ser posible, pues en algún momento existió si no dolo, al menos si omisión por parte de la minera Grupo México, del sindicato minero y de las secretarías del trabajo, tanto federal como estatal, al permitir la operación de la mina con evidentes fallas de seguridad laboral.
Solo hay que recordar que la explosión que cobró la vida de los 65 mineros se dio a una profundidad de 490 metros, en un túnel lineal de 1.6 kilómetros, donde los obreros trabajaban en condiciones prohibidas no solo por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, sino por los estándares mineros mundiales.
Sobre este hecho, la minera ha insistido en señalar que los trabajadores sepultados se encontraban trabajando a una profundidad de 150 metros, por esa razón no se han querido rescatar los cuerpos de los 63 mineros que aún permanecen dentro de la mina, para no evidenciar la violación a la norma de trabajo, que haría responsables del hecho a alguien o algunos dentro de la minera, del gobierno estatal, del sindicato minero o del propio gobierno federal.
Baste también recordar que apenas ocurrida la tragedia, en una negociación a puerta cerrada, el entonces gobernador Coahuila, Humberto Moreira Valdez, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal Carranza, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Francisco Javier Salazar Sáenz, y el dueño del Grupo México, Germán Larrea Mota Velazco, acordaron no rescatar los cuerpos, y optaron por cancelar la mina.
El único que se opuso al no recate de los cuerpos fue el secretario general del sindicato minero, Napoleón Gómez Urrutia, quien desde el exilio en Canadá -a donde se refugió por la acusación de un desvío millonario de fondos propiedad de los sindicalizados- pidió sin éxito la perforación de la mina para dar con los restos de las víctimas.
Sin embargo, las primeras investigaciones, realizadas por los propios compañeros de los mineros fallecidos, también acusaron la responsabilidad del líder minero, de quien se dijo que fue omiso a las condiciones de trabajo sobre las que se encontraba laborando la cuadrilla de los mineros sepultados.
Se “Echan la Bolita”
Una de las voces más importantes que ha señalado al menos omisión para que esta tragedia sucediera, fue la del obispo de Saltillo, Raúl Vera López, quien fue el primero en señalar al entonces gobernador de Coahuila, Huberto Moreira Valdez, de haber permitido la operación de la mina en condiciones inadecuadas de seguridad para los mineros.
Por su parte, Humberto Moreira Valdez se ha deslindando de esa acusación, y ha sostenido todos estos años que el verdadero responsable de la desgracia es el Grupo México, propietario de la mina, el que a través de la subsidiaria General de Hulla, no fue capaz de verificar las condiciones para laborar dentro de los túneles.
A su vez, el Grupo México ha culpado directamente a funcionarios del gobierno federal, tanto de la Secretaría de Economía como de la del Trabajo y Previsión Social, a los que ha señalado de no haber actuado con honestidad al emitir los permisos de operación de la mina y no realizar la verificación de las condiciones de seguridad dentro de los túneles.
Pero en lo que hace al gobierno federal, en la administración de Felipe Calderón, en defensa de la minear Grupo México, culpó directamente a la dirigencia del sindicato minero, a la que consideró responsable por haber permitido labores dentro del túnel que no contaba con las condiciones mínimas de seguridad para los trabajadores.
Muchos Responsables, pero Ningún Procesado
La primera investigación que hizo sobre esta tragedia la procuraduría de justicia de Coahuila, a cargo entonces de Jesús Torres Charles, estableció que dentro del túnel donde murieron los 65 mineros registró “un déficit de aire de cuatro y medio metros cúbicos, lo que facilitó la explosión”, y que eso era responsabilidad directa de la empresa, que no detectó a tiempo esa situación volátil.
En la Cámara de Diputados, donde se integró una Comisión Especial para la Investigación de la Tragedia en la Mina número 8 del Complejo Minero de Pasta de Conchos, se llegó a una conclusión que a la fecha no ha tenido ningún efecto judicial.
De acuerdo al Panel de Expertos en Seguridad en Minas, que contó con la participación del Consejo Consultivo Minero y del Foro Consultivo Científico y Tecnológico A. C., se estableció –en el dictamen presentado el 5 de octubre de 2007- que “como producto de los estudios elaborados por otros expertos, se determinó que las condiciones de la mina eran peligrosas para la salud de los trabajadores, no sólo desde el punto de vista de la estabilidad del terreno, sino por los niveles de concentración de gases y presencia de organismos patógenos en el agua de la mina”.
Pero ese mismo grupo de expertos no se adentró en la investigación de las causas de la tragedia, pues según el dictamen se establece que “el reporte elaborado no tiene el propósito de identificar las causas de la explosión, sino la de referir cuales son las condiciones actuales de seguridad e higiene en la mina”.
Sin embargo, el colegiado de diputados de la comisión investigadora al emitir el informe final sobre la tragedia, estableció que hubo responsabilidad “por negligencia y omisión por parte de las Secretarías de Trabajo y de Economía, así como del sindicato minero”, y se estableció que “la explosión se debió a un suceso provocado por negligencia y omisión de la empresa Industrial Minera México y del Grupo México”.
En el documento que fue entregado a la Presidencia de la República también incluyó como responsable al ex presidente Vicente Fox, a propuesta del diputado del PRD José Antonio Almazán González. El dictamen final de los diputados señala que las Secretarías de Economía y de Trabajo y Previsión Social fueron responsables en el homicidio de los 65 mineros, “por ocultar los reportes del Servicio Geológico Mexicano respecto del incumplimiento de las normas de seguridad en la mina por parte de la concesionaria del Grupo México”.
De acuerdo a los diputados, la minera Grupo México también tuvo responsabilidad, al incumplir la ley en materia de seguridad e higiene para sus trabajadores. Además, se encontró que la Minera México y su subsidiaria en materia de contratación de personal, la empresa General de Hulla, incurrieron en ilícitos al “inscribir (ante el IMSS) a sus trabajadores con salarios menores a las que percibían”.
El dictamen que fue dado a conocer por el entonces diputado Yerico Abramo Masso, instó “a las secretarías de Trabajo y Economía a pagar de manera inmediata las indemnizaciones a los familiares de los mineros fallecidos”, y recomendó a la PGR “la aplicación del artículo 60 del Código Penal Federal para la empresa Minera México, y la suspensión o prohibición definitiva de los derechos para ejercer profesionalmente al personal responsable de las empresas y la inhabilitación por 20 años de los funcionarios y ex funcionarios de las secretarías antes señaladas y aquellos que resulten responsables”.
También se solicitó al IMSS “inscribir en el régimen obligatorio a los trabajadores de las minas conocidas como ‘pocitos’, y que el Tribunal Federal de Justicia Social y Administrativa resuelva a la brevedad los juicios interpuestos por los familiares” de los mineros afectados por la minería en Coahuila.
Lo diputados no se quedaron sólo en la sanción a funcionarios federales. Fueron más allá: se anunciaron propuestas de reformas “a diversos ordenamientos para establecer las causales de cancelación de la concesión minera, considerar el homicidio industrial como delito y como homicidio imprudencial a los responsables de la seguridad en las minas de carbón”.
Pero a pesar de todo esto, al día de hoy no hay un solo procesado por el delito de homicidio en agravio de los 65 mineros muertos en Pasta de Conchos. Si bien es cierto que Grupo México mantiene canceladas las operaciones en la planta de nueva Rosita, también es de destacar que ya se inició la contratación de personal para la realización de nuevas exploraciones sobre el yacimiento de carbón más importante de Coahuila, a donde las viudas no dejan de acudir de manera regular a la espera de escuchar una fecha en la que la empresa se comprometa a la búsqueda de los cuerpos de sus esposos sepultados.
