Por. J. Jesús Lemus
La confrontación interna del Cártel de Sinaloa entre las facciones de Los Chapitos (hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán) y La Mayiza (liderada por los herederos de Ismael “El Mayo” Zambada) mantiene a la entidad bajo un prolongado estado de zozobra.
Aunque los reportes de seguridad indican una ligera desaceleración en la frecuencia de tiroteos masivos urbanos en meses recientes, la pugna se ha enraizado en las zonas rurales, mutando en una guerra de desgaste con un altísimo costo humanitario y socioeconómico.
Mientras el estado de Sinaloa padece la violencia en las calles, los despachos federales de Estados Unidos gestionan un movimiento de tablero que podría reconfigurar el conflicto. Se sabe por fuentes al interior de la fracción de Los Mayos que Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar han mantenido contactos y conversaciones fluidas con agentes de la DEA y fiscales del Departamento de Justicia de EE.UU. con miras a una entrega pactada y rendición negociada.
Fuentes cercanas a los procesos judiciales indican que ambos líderes no han tomado una decisión definitiva porque están esperando a ver cómo se resuelven las situaciones jurídicas de sus hermanos.
Joaquín Guzmán López se declaró culpable en diciembre de 2025 de cargos de narcotráfico y lavado de dinero, mientras que Ovidio Guzmán, “El Ratón”, tiene programada su audiencia de sentencia para el próximo 27 de julio de 2026. Los líderes de Los Chapitos buscan evaluar los beneficios reales y las reducciones de condena obtenidos por sus hermanos antes de dar el paso final.
La urgencia de la negociación responde a una presión inédita. El gobierno estadounidense mantiene una recompensa de hasta 10 millones de dólares por cada uno de los hermanos Guzmán Salazar.
Este asedio judicial coincide con una ola de acusaciones penales en Cortes estadounidenses que han salpicado directamente a la cúpula política sinaloense, como en el caso del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, lo que ha resquebrajado los antiguos anillos de protección institucional de la facción.
El bajo perfil del Mayito
En el bando contrario de la trinchera, la resistencia y ofensiva de La Mayiza es comandada por Ismael Zambada Sicairos, conocido como “El Mayito Flaco” o “El Caballero”. A diferencia de la exposición mediática y los lujos ostentosos que históricamente caracterizaron a Los Chapitos, el Zambada Sicairos ha optado por mantener un estricto bajo perfil, replicando la vieja escuela de su padre.
Fiel a la doctrina de “El Mayo” Zambada, quien pasó más de cincuenta años prófugo en la sierra, el “Mayito Flaco” opera principalmente desde la clandestinidad en las zonas montañosas del Triángulo Dorado. Reportes de inteligencia señalan que sus movimientos son estrictamente nocturnos, se traslada exclusivamente en vehículos con blindaje artesanal y bajo escoltas fuertemente armadas que evitan los centros urbanos para no atraer la atención de los operativos de los más de 6,000 elementos del Ejército Mexicano desplegados en la entidad.
Su bajo perfil busca evitar el desgaste de su imagen pública y asegurar la continuidad de las alianzas históricas y las redes de corrupción locales que le permiten sostener el control operativo del tráfico transnacional de fentanilo y cocaína, pese a que el gobierno de EE. UU. ya ofrece una recompensa de 15 millones de dólares por su captura.
El Saldo de la Guerra
El impacto social de esta guerra interna ha devastado el tejido productivo y familiar de Sinaloa. A caso dos años del estallido abierto de las hostilidades, que detonado en septiembre de 2024 tras la captura del patriarca Zambada García, las cifras documentadas por fiscalías, colectivos de búsqueda y cámaras de comercio locales arrojan un balance crítico:
Se registran al menos mil 824 homicidios dolosos directamente vinculados a la pugna entre facciones -una cifra que triplica los registros previos al inicio del conflicto-. Las calles de Culiacán y Mazatlán han sido escenario del abandono de cuerpos masivos y ataques a policías, sumando más de 50 agentes locales asesinados. Sin embargo, en el último bimestre el promedio mensual de homicidios ha mostrado una tendencia a la baja, estabilizándose ligeramente por debajo de las 100 muertes por mes.
El indicador más alarmante, los colectivos de búsqueda -como Sabuesos Guerreras y Rastreadoras El Fuerte– y la Fiscalía estatal contabilizan más de 2 mil personas desaparecidas. El fenómeno incluye el reclutamiento forzado de jóvenes de centros de rehabilitación para ser integrados como mano de obra armada; quienes se niegan son ejecutados de inmediato.
La violencia mutó de urbana a rural, afectando directamente a las comunidades agrícolas. Cientos de familias de pequeños sembradores y ejidatarios han abandonado sus hogares y parcelas en los límites de la sierra para buscar refugio en las cabeceras municipales, dejando pueblos enteros convertidos en comunidades fantasma.
El miedo ha paralizado la economía. Cientos de comercios, restaurantes y empresas locales en Culiacán han recurrido al cierre definitivo o a la reducción drástica de jornadas tras sufrir extorsiones, incendios intencionados y desabasto. Las actividades nocturnas están virtualmente extintas; después de las 9:00 p. m., las principales avenidas comerciales lucen desiertas debido al temor de la población a quedar atrapada en bloqueos o balaceras.
La pérdida de empleo formal por el cierre de comercios y la parálisis agrícola ha dejado a miles de hogares sin sustento básico. Los gastos asociados a la crisis humanitaria, como la reparación de bienes dañados por fuego cruzado, el pago de seguros inexistentes y la autofinanciación de las jornadas de búsqueda de familiares desaparecidos, han sumido a la población trabajadora de la entidad en una profunda recesión económica interna.
