Por. J. Jesús Lemus
Las investigaciones articuladas por agencias del gobierno de Estados Unidos —encabezadas por el Departamento del Tesoro y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN)— no han dejado de ver desde el epicentro del esquema de lavado de dinero al empresario y exjefe de la Oficina de la Presidencia de México, Alfonso Romo.
El Departamento del Tesoro ha señalado un patrón sistemático de blanqueo a través de tres firmas bajo la esfera e influencia del empresario Alfonso Romo: CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa. Las agencias federales estadounidenses imputan directamente el uso de las cuentas de estas entidades financieras para procesar, resguardar y diversificar flujos monetarios masivos pertenecientes al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo.
La triangulación y transferencia de fondos en dólares hacia corporaciones y firmas en China para la adquisición de precursores químicos empleados por los cárteles de las drogas, declarados organizaciones terroristas internacionales por EE.UU., en la producción ilícita de fentanilo.
También se le acusa decanalizar los recursos económicos generados por la venta irregular de hidrocarburos contrabandeados bajo simulaciones legales -haciendo pasar combustible por aceites. Reportes de inteligencia del Centro Federal de Inteligencia Criminal (FGR) en México revelan que empresas implicadas en contrabando y lavado, como Grupo Potesta, movieron más de 220 millones de pesos directamente a través de Vector Casa de Bolsa.
De acuerdo con reportes de inteligencia judicial y fuentes norteamericanas, la defensa legal de Alfonso Romo coordina de manera activa su entrega formal a la justicia estadounidense.
Romo se encuentra en diálogo formal para ir a territorio estadounidense con el propósito de concretar un acuerdo de culpabilidad. El objetivo prioritario es adherirse al programa de testigo protegido, aceptando los cargos federales de lavado de dinero a cambio de una sustancial reducción de condena, ofreciendo a cambio abrir las bitácoras financieras de sus instituciones y revelar los nombres de la red política que permitió operar el dinero ilícito en México.
La red del huachicol y su posterior blanqueo de activos se expande con fuerza sobre aduanas estratégicas y esferas legislativas, particularmente en la frontera norte del país. De acuerdo con expedientes del FBI y carpetas de investigación del Departamento del Tesoro, Alfonso Romo y el entramado financiero estarían relacionados operativamente con diversos funcionarios mexicanos
Olga Sosa Ruiz, Senadora por el estado de Tamaulipas (Morena)m es señalada dentro de las indagatorias fronterizas por presuntos vínculos financieros con las estructuras de recaudación informal ligadas al contrabando de hidrocarburos.
José Ramón Gómez Leal, Senador por Tamaulipas (Morena), también es identificado por agencias de investigación de Estados Unidos por la presunta facilitación política y ligas con las redes operativas de traslado y legalización de recursos del huachicol en la zona fronteriza.
Las investigaciones por la red de contrabando de combustibles ejecutada en aduanas clave como Tampico y Altamira involucran a los líderes criminales Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, ambos detenidos, quienes presuntamente coordinaban la asignación de plazas aduanales en complicidad con altos mandos de la Marina que facilitaban el ingreso de buques con registros falsos.
Mientras en los círculos políticos mexicanos y desde el Ejecutivo federal se ha mantenido una postura de exigir el desglose total de pruebas materiales argumentando soberanía, el avance del caso en las cortes estadounidenses anticipa un impacto severo de carácter judicial que podría implicar a más gobernadores y senadores en funciones una vez que Romo formalice su declaración como testigo cooperante.
Bancos culpables de lavado de dinero
El sector financiero mexicano se sacudió tras las revelaciones y drásticas medidas tomadas contra Vector Casa de Bolsa, Intercam y CIBanco, los bancos de Alfonso Romo, que lavaban dinero para el narco y el huachicol. Lo que comenzó como una alerta internacional escaló rápidamente en auditorías, intervenciones gubernamentales y el retiro definitivo de licencias operativas.
Hay que recordar que a mediados de 2025, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (a través de la FinCEN) señaló directamente a Vector, Intercam y CIBanco de operar una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa, además de operar cuentas bancarias para empresas fantasmas, dentro del entramado del Huachicol.
Según los informes de inteligencia financiera de EE. UU., estas entidades sirvieron de puente para el procesamiento de flujos de dinero hacia empresas en China con antecedentes de enviar precursores químicos (para la fabricación de fentanilo) a México.
Aunque inicialmente el Gobierno de México y la Secretaría de Hacienda manifestaron que Estados Unidos no había aportado “datos probatorios” suficientes de inmediato, las agencias internas iniciaron sus propias pesquisas de carácter urgente.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en conjunto con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) activaron los protocolos de supervisión de manera inmediata ante la presión internacional y los hallazgos internos. El desenlace ocurrió en tres etapas críticas:
La UIF procedió al congelamiento de cuentas bajo sospecha de manejo de dinero de procedencia ilícita, mientras que la CNBV decretó una intervención gerencial temporal de Vector Casa de Bolsa. La autoridad tomó el control de la administración de la firma para frenar las irregularidades operativas y mitigar el riesgo sistémico.
Con el 80% de sus activos gestionados comprometidos o bajo investigación (especialmente en el mercado estadounidense), Vector sufrió una inminente fuga de clientes privados e institucionales, perdiendo contratos de fideicomisos públicos.
Ante el colapso operativo, en octubre de 2025 Vector anunció que transferiría de forma ordenada toda su cartera y activos de clientes a Finamex Casa de Bolsa para intentar salvar los fondos de los inversionistas antes de una inminente quiebra o retiro de la concesión.
El golpe final llegó a finales de año. Tras comprobarse las fallas graves en los sistemas de prevención de lavado de dinero (PLD) y el conocimiento de operaciones ilícitas, la CNBV impuso multas superiores a los 185 millones de pesos repartidas entre Intercam, CIBanco y Vector. Acto seguido, la Secretaría de Hacienda y la CNBV revocaron de manera definitiva la autorización para operar como Casa de Bolsa a Vector.
El caso escaló al terreno penal. Partidos de oposición presentaron denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Alfonso Romo, argumentando que las redes de lavado operaron con presunta complacencia política dada la extrema cercanía del empresario con la cúpula del poder federal en el sexenio anterior.
