Por. J. Jesús Lemus
El reciente endurecimiento de la retórica y los planes operativos presentados por el administrador de la DEA, Terry Cole, marcan un punto de inflexión definitivo en las relaciones de seguridad entre Estados Unidos y México.
Bajo la bandera de la estrategia “Fentanyl Free America” (Una América Libre de Fentanilo), Washington ha dejado claro que la crisis de los opioides sintéticos ya no se abordará únicamente como un problema de tráfico de drogas, sino como una amenaza directa a la seguridad nacional, catalogando formalmente al fentanilo como un “arma de destrucción masiva”.
La declaración de Cole, donde asegura que la agencia irá con “todo su peso” contra quienes faciliten, protejan y operen las redes de producción, contiene una fuerte carga implícita y geopolítica.
Aunque los canales diplomáticos tradicionales intenten matizar el lenguaje, el mapa de ruta de las agencias de inteligencia estadounidenses apunta directamente hacia los dos pilares del narcotráfico en México y, de manera inédita, hacia los entornos políticos que permiten su arraigo.
La DEA ha reiterado que su “prioridad número uno” a nivel global es desmantelar las estructuras operativas, financieras y logísticas de las dos organizaciones que inundan el mercado norteamericano:
- El Cártel de Sinaloa (CDS): Considerado por los reportes de inteligencia como una red sumamente horizontal pero altamente efectiva en la química masiva. La estrategia de EUA va tras sus ramificaciones financieras, la importación de precursores químicos desde Asia (asociados a bancas clandestinas chinas) y sus facciones sucesoras.
- El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Identificado por su carácter militarizado, su violenta expansión territorial para controlar aduanas clave y laboratorios clandestinos, y su letal control de rutas de distribución hacia la frontera norte.
El verdadero cambio de paradigma en el informe que trasciende desde Washington no es la persecución de los capos tradicionales, sino el enfoque en los facilitadores institucionales.
Detrás de la frase de Terry Cole sobre “ir contra todos los que protegen la producción”, agencias como la DEA, el FBI y el Departamento del Tesoro mantienen bajo la lupa la geografía política del fentanilo en México, ligada a gobernadores cuyos estados son piezas críticas en este rompecabezas.
En ese contexto, de ir por lo que protegen a los que fabrican fentanilo en México, es inevitable pensar en por lo menos cuatro gobernadores, uno de ellos con licencia y ya reclamado por la justicia norteamericana, que son los que están bajo la mirada del director de la DEA:
Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa, con relaciones extensas en la cuna histórica del Cártel de Sinaloa. Epicentro y respaldo de laboratorios clandestinos de síntesis química y toma de decisiones del grupo.
Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán, con mando preponderante en la tierra de disputa encarnizada entre el CJNG y células locales. Cuenta con el Puerto de Lázaro Cárdenas, una de las principales puertas de entrada para precursores químicos de Asia.
Alfonso Durazo Montaño, Gobernador de Sonora, con injerencia directa en la seguridad de frontera directa con Arizona. Control sobre las rutas de salida clave para el tráfico terrestre y zonas de resguardo para las facciones del Cártel de Sinaloa.
Indira Vizcaíno Silva, gobernadora de Colima, con dominio total en la sede del Puerto de Manzanillo, el punto marítimo más neurálgico del Pacífico, esencial para el control de la cadena de suministro química del CJNG.
El enfoque estadounidense sugiere que la producción industrial de fentanilo a gran escala no puede explicarse sin la debilidad institucional, la omisión táctica o la complicidad directa de los mandos locales que controlan la fuerza pública y las facilidades logísticas en estos territorios.
De acuerdo con las directrices de Cole, las acciones de Estados Unidos para presionar a estos actores no se limitarán a esperar órdenes de aprehensión en México. El plan contempla:
- Asfixia Financiera (OFAC): Congelamiento de bienes y cuentas bancarias no solo de operadores de los cárteles, sino de empresas fantasmas, aduaneros y funcionarios locales mediante la Ley Kingpin.
- Inteligencia Transnacional e Intercepciones: Mayor uso de tecnología de vigilancia y seguimiento de precursores desde los puertos de origen en Asia hasta Manzanillo y Lázaro Cárdenas.
- Presión para la Extradición: Condicionar agendas bilaterales de comercio y migración a cambio de la captura acelerada y entrega de objetivos prioritarios.
La nueva estrategia de Terry Cole redefine las reglas del juego. Al señalar de forma implícita la red de protección local, Washington envía un mensaje nítido: en la crisis del fentanilo, los intermediarios políticos y los gobernantes de las zonas de producción y logística portuaria ya no gozan de invisibilidad ante la justicia estadounidense.
