Por. J. Jesús Lemus
En un despliegue operativo encabezado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en el municipio de Santiago, Nuevo León, se ha confirmado la recaptura del histórico y polémico líder de la Columna Cívica “Pedro J. Méndez”, el señor Octavio Leal Moncada.
Esta detención marca un punto de inflexión en la intrincada geografía política y de seguridad del noreste mexicano, no solo por el perfil del personaje, sino por las implicaciones de su posible entrega a las autoridades estadounidenses.
A diferencia de procedimientos previos, los primeros reportes de esta nueva detención señalan una fuerte vinculación con requerimientos de la justicia de los Estados Unidos.
Agencias de seguridad e inteligencia norteamericanas, incluyendo el FBI, han seguido de cerca las actividades en la región bajo el control de La Columna Armada Pedro J. Méndez, su organización.
Las acusaciones que fundamentan la virtual orden de extradición se concentran en Tráfico de drogas y delincuencia organizada. Informes de inteligencia federal y de EE.UU. sostienen la hipótesis de que la estructura comunitaria que dirige Octavio Leal Moncada opera presuntamente bajo alianzas estratégicas o como fachada de facciones del Cártel del Golfo para el movimiento de estupefacientes.
También se le acusa Tráfico de Personas. El control territorial de la Columna abarca un corredor crítico hacia la frontera norte. Investigaciones binacionales ligan la zona de influencia del grupo con redes internacionales de tráfico de migrantes.
Esta no es la primera vez que Leal Moncada, conocido también en ámbitos policiales como “El Tarzán”, pisa la prisión. Su historial con la justicia mexicana tuvo un episodio álgido en julio de 2022, cuando fue arrestado en Monterrey bajo una orden de aprehensión de la Fiscalía de Tamaulipas.
En aquel caso, se le imputaba el delito de homicidio calificado en agravio de dos personas, un hecho violento que se remontaba a sucesos ocurridos en el municipio de Hidalgo en el año 2010.
Dicha detención provocó bloqueos masivos e incendios en la carretera federal Ciudad Victoria-Monterrey, por parte de cientos de sus simpatizantes, quienes acusaron persecución política.
Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, un tribunal revocó el auto de formal prisión por presunta falta de elementos, ordenando su inmediata libertad en medio de severas críticas a las fiscalías locales.
Para entender el peso de Octavio Leal Moncada, es necesario escudriñar su papel histórico en Tamaulipas. Hacia el año 2010, en el pico más cruento de la guerra contra el narcotráfico y ante el asedio del cártel de Los Zetas, fundó junto a pobladores la Columna Armada Pedro J. Méndez, con base principal en el municipio de Hidalgo y extendiéndose a Mainero, Villagrán, San Carlos y San Nicolás.
Nacida bajo la bandera legítima de la protección comunal, como grupo de autodefensa, y el levantamiento civil armado para defender sus tierras, la organización no tardó en polarizar la opinión pública:
Leal Moncada ha sido visto como un líder comunal indomable, un “profesor” que organizó al pueblo para repeler los abusos de los grandes cárteles cuando el Estado mexicano había abandonado la región.
El movimiento derivó rápidamente en un cacicazgo regional con denuncias recurrentes de abusos a los derechos humanos, acoso a comunidades enteras, como en el ejido Buenavista, e imposición de retenes armados paralelos a la ley.
Un elemento medular en la biografía política de Leal Moncada ha sido su abierta y férrea militancia en favor de la llamada Cuarta Transformación (4T).
Tras romper lazos con los gobiernos estatales emanados del Partido Acción Nacional (PAN), a los que acusó repetidamente de traición y acoso policial, el líder enfocó toda la maquinaria social y electoral de su columna cívica para respaldar los proyectos del partido Morena.
En diversas asambleas multitudinarias y mítines en el corazón de su territorio, el líder comunal llamó abiertamente al voto masivo en favor de la coalición oficialista, consolidándose como un operador de gran peso regional y un aliado en el territorio tamaulipeco.
De ahí que sus bases y alcaldes de la región sigan cerrando filas en torno a él, denunciando que las carpetas en su contra carecen de “necesidad de cautela” y afirmando que su detención es un coletazo o fabricación derivada de rencillas políticas locales.
La captura abre un complejo escenario judicial donde el Gobierno de México deberá sopesar la presión e inmunidad política de sus bases a nivel nacional frente al expediente de extradición presentado por Washington.
